Yucatecos exigieron proteger el acuífero y el campo ; la protesta cuestionó la participación de seis compañías israelíes en una feria agroindustrial y demandó transparencia sobre los acuerdos de cooperación e inversión.

Tras el caso registrado en septiembre en Plaza La Isla, los Servicios de Salud de Yucatán ampliaron la vigilancia sanitaria y detectaron la presencia de la ameba en seis de nueve lagos artificiales analizados.

La movilización será el domingo 18 de octubre, del parque de Santiago al Palacio de Gobierno, para exigir la defensa de los recursos naturales y expresar solidaridad con el pueblo palestino.

Mientras el gobierno estatal promueve la participación de empresas internacionales, usuarios de redes cuestionan los intereses detrás de la tecnología hídrica israelí.

Para las comunidades cercanas al mar, los huracanes representan un problema recurrente porque, después de cada fenómeno, los afectados deben reconstruir su patrimonio y empezar nuevamente.

La Telesecundaria Carlos Monsiváis, en Santa Rosa, atiende a 71 estudiantes y opera desde hace 14 años sin edificio propio; el gobierno de Yucatán asegura que la obra está programada para 2026.

El centro del ciclón se localiza a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes; registra vientos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h.

El SMN ubica a Rachel a 350 kilómetros de Cabo Corrientes, con vientos de 140 km/h; provocará lluvias de hasta 150 mm, rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de hasta 6 metros en costas del occidente.

Gobierno estatal clausura cuerpo de agua en Plaza La Isla, en Mérida, y mantiene bajo vigilancia epidemiológica a unas 300 personas que tuvieron contacto con el lago.

Las obras del complejo turístico fueron suspendidas tras denuncias de habitantes y pescadores.

Un diagnóstico del Gobierno de México revela que el 74.5 por ciento de los desplazamientos fueron provocados por huracanes, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos; Otis y los sismos de 2017 concentraron la mitad de los casos.

Se desconoce cuántas de las 212 autoridades municipales en funciones han comenzado a elaborar sus Atlas.

Artesanos y guías turísticos denuncian que el CATVI obliga a los visitantes a recorrer cerca de un kilómetro para ingresar a la zona arqueológica, lo que ha reducido la afluencia de clientes y provocado una fuerte caída en sus ingresos.

La SCJN reconoció el derecho de comunidades indígenas a cuestionar normas ambientales sobre megaproyectos porcícolas que impacten sus territorios.

Artesanos, comerciantes y guías acusaron que las nuevas medidas en la zona arqueológica privilegian intereses turísticos y desplazan a trabajadores mayas que dependen del sitio para subsistir.