Andrés López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán o haber intervenido en contratos públicos; también acusó a empresarios, periodistas y agencias estadounidenses de orquestar una campaña en su contra.
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Investigaciones realizadas por la Fiscalía de Justicia de Jalisco confirmaron que, desde julio de 2017, el gobierno de Jalisco tenía conocimiento de varios centros de entrenamiento y exterminio operados por un grupo criminal originario de ese estado. En cuanto al campo de exterminio ubicado en el municipio de Teuchitlán, este fue identificado por elementos federales de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano desde septiembre de 2024, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El informe de las fuerzas militares, entregado al Gobierno Federal, indicó que, en 2017, en el Rancho Izaguirre fue encontrada una persona sin vida, dos más privadas de su libertad; así como un arsenal compuesto por fusiles de asalto, armas cortas, una granada de mano y chalecos tácticos. También se enlistó la detención de 10 presuntos plagiarios.
Según el informe, las acciones se llevaron a cabo durante "recorridos de prevención del delito en el municipio de Teuchitlán", tras recibir una denuncia ciudadana. A pesar de las pruebas recabadas y la detención de los presuntos responsables, el Gobierno Federal no continuó con la investigación del terreno ni realizó una inspección exhaustiva del lugar, sólo se limitó a publicar un comunicado de prensa aún disponible en la página oficial del Gobierno de México.
Recientemente, el Gobierno Federal deslindó responsabilidades sobre el rancho y acusó a los gobiernos locales de omisiones. El pasado 11 de marzo, durante la conferencia de prensa de la actual presidenta de México, de extracción morenista, Claudia Sheinbaum, el titular de la Fiscalía de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que "no es creíble que las autoridades ignoraran crematorios clandestinos".
Andrés López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán o haber intervenido en contratos públicos; también acusó a empresarios, periodistas y agencias estadounidenses de orquestar una campaña en su contra.
La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
Los litigios corresponden a las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús y a 13 complejos de Utopías; están en juego 7 mil 59 millones de pesos de inversión para ambos proyectos.
Tenemos a Tecomatlán como modelo a escala de lo que quiere nuestra organización para el futuro de México, para el futuro de nuestra patria.
Amnistía Internacional documentó 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras entre enero de 2022 y septiembre de 2026; únicamente cuatro casos cuentan con sentencia condenatoria.
Colectivos exigen a Sheinbaum, SEP y SRE impedir el acceso de personas vinculadas con las Fuerzas de Defensa de Israel a planteles públicos; denuncian actividades con menores sin permisos transparentes.
Andrés Filomeno Mendoza Celis, quien declaró haber asesinado a más de 30 personas, murió a los 78 años en el penal de Tenango del Valle; padecía diabetes, hipertensión y complicaciones respiratorias.
Reynaldo Pérez Pérez representaba a 63 familias tzotziles desplazadas de Santa Martha, Chenalhó, y contaba con protección federal desde 2023.
Estudiantes de posgrado tomaron el plantel Del Valle de la UACM para exigir transparencia en la asignación de becas.
El avance de la derecha representa un retroceso para la región, ya que las conquistas sociales se ven amenazadas, tal como ocurre en Brasil.
Piden intervención inmediata del Gobierno estatal
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.