El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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Investigaciones realizadas por la Fiscalía de Justicia de Jalisco confirmaron que, desde julio de 2017, el gobierno de Jalisco tenía conocimiento de varios centros de entrenamiento y exterminio operados por un grupo criminal originario de ese estado. En cuanto al campo de exterminio ubicado en el municipio de Teuchitlán, este fue identificado por elementos federales de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano desde septiembre de 2024, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El informe de las fuerzas militares, entregado al Gobierno Federal, indicó que, en 2017, en el Rancho Izaguirre fue encontrada una persona sin vida, dos más privadas de su libertad; así como un arsenal compuesto por fusiles de asalto, armas cortas, una granada de mano y chalecos tácticos. También se enlistó la detención de 10 presuntos plagiarios.
Según el informe, las acciones se llevaron a cabo durante "recorridos de prevención del delito en el municipio de Teuchitlán", tras recibir una denuncia ciudadana. A pesar de las pruebas recabadas y la detención de los presuntos responsables, el Gobierno Federal no continuó con la investigación del terreno ni realizó una inspección exhaustiva del lugar, sólo se limitó a publicar un comunicado de prensa aún disponible en la página oficial del Gobierno de México.
Recientemente, el Gobierno Federal deslindó responsabilidades sobre el rancho y acusó a los gobiernos locales de omisiones. El pasado 11 de marzo, durante la conferencia de prensa de la actual presidenta de México, de extracción morenista, Claudia Sheinbaum, el titular de la Fiscalía de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que "no es creíble que las autoridades ignoraran crematorios clandestinos".
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
Las condiciones climáticas suponen riesgos para el suministro de gas natural en el norte del país.
Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.
La evaluación será en línea y con uso de Inteligencia Artificial para verificar procesos y evitar fraudes.
En las etiquetas de los envíos se concentra información sensible.
El costo por camioneta podría oscilar entre 1.5 y hasta tres millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje.
Este sistema provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos intensos y condiciones adversas en varias regiones.
La percepción de inseguridad a nivel nacional es de 63.8 por ciento.
Se eliminará la leyenda “alerta presidencial” y en su lugar se utilizará un mensaje estandarizado de emergencia.
Los trabajos continúan sin obras de mitigación. No existen cruces peatonales seguros ni infraestructura vial básica.
Para la construcción del Tren Maya no se hicieron los estudios suficientes que permitieran conocer las afectaciones que traería.
El repunte fue impulsado por bebidas, tabaco y alimentos preparados fuera del hogar.
Estos cambios fueron oficializados a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el que establece modificaciones en cuestión de características, materiales y diseños de ambas denominaciones.
Carlos Torres, esposo y ex funcionario, presuntamente formaría parte de una red dedicada a actividades como extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Durante diciembre se registraron 11 secuestros a 69 migrantes; además, documentaron seis secuestros masivos que dejaron un saldo de 40 víctimas en diversas entidades.
Activan alerta por tormenta invernal a gran escala
Maquiladoras, militarización y violencia
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.