Hay dos razones de gran peso en lo que declaran los defensores del agua en Chihuahua; una es el grave daño que sufriría la producción agrícola y ganadera de la región si no se aplaza o difiere la entrega de la cuota establecida en el Tratado Internacional de Aguas entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, firmado en 1944 por los dos gobiernos y que México ha cumplido puntualmente durante tres cuartos de siglo. Los productores agropecuarios afirman que este año sería inevitable una crisis hídrica si la sequía se prolonga y desciende el nivel de las presas, que de por sí se encuentran a la mitad de su capacidad.

El segundo argumento es que el tratado es flexible, es decir permite explícitamente diferir el envío de agua al vecino país “en casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados”; en caso de ocurrir un aplazamiento en el envío del agua, éste sería para el siguiente ciclo.

Los productores de la región, las organizaciones campesinas y las autoridades municipales en aquella extensa región del estado de Chihuahua afirman que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) no ha querido escuchar sus argumentos; algunos de los afectados sostienen que el Presidente no entiende los términos del tratado referido y las posibilidades que México tiene para evitar la aguda crisis que sobrevendría.

Los defensores del agua en Chihuahua no se oponen a que se cumpla con el compromiso establecido y no se sienten “los dueños del agua”, como irónicamente los ha llamado el Presidente de la República; aunque, bien mirado el caso, sí lo sean, puesto que el agua de la nación es de todos los mexicanos, no de sus gobernantes y menos de un país extranjero.

Los productores inconformes tienen razón al decir que el Presidente y la Conagua se niegan a escucharlos, pero su afirmación de que López Obrador y la Conagua no entienden la situación y algunas ventajas legales que brinda el tratado, no es exacta; lo más probable es que sí las comprendan, pero que no convenga a sus intereses darse por enterados y ésa sea la razón de su sordera.

Éste es solo un ejemplo más que habría que añadirse a los casos de cerrazón de la 4T. Las autoridades municipales del país se han quejado de los oídos sordos a sus protestas contra los recortes presupuestales; varios gobernadores han denunciado la negativa del Presidente a escuchar sus propuestas de solución o alivio a gravísimos problemas, como la crisis sanitaria; organizaciones de la sociedad civil, feministas, sindicales y de diversas profesiones han alzado la voz ante la falta de soluciones a sus demandas y la descalificación de que son objeto por parte del titular del Poder Ejecutivo. Las recomendaciones de especialistas en economía y finanzas en el sentido de que se pospongan los proyectos insignia del sexenio para atender con esos recursos las necesidades primordiales del pueblo solo han merecido una total indiferencia; sus razones se han topado con un muro muy sólido, el mismo muro que encuentran hoy los defensores del agua en Chihuahua, quienes han sentido en carne propia la represión física y administrativa, atestiguado la violencia asesina desplegada contra algunos de los manifestantes y temen que la fuerza pública se use nuevamente como respuesta a sus argumentos.