Desde su arribo a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió que los servicios de salud serían totalmente gratuitos para el pueblo mexicano. Ningún servicio proporcionado por el Estado es gratuito, ni lo ha sido nunca. Los fondos que administra el gobierno a través de las secretarías correspondientes provienen de las aportaciones de los ciudadanos. El Presupuesto de Egresos de la Federación está formado en gran parte por la recaudación fiscal, los impuestos sobre la renta y los provenientes de la inversión pública, así como de la venta de los recursos petrolíferos. El Estado administra los recursos de la nación; en consecuencia, prometer servicio médico gratuito a la población o a algún sector de la misma es solo demagogia, con la que se pretende ocultar que los servicios de salud, educación, etc. se pagan con dinero del mismo pueblo; si el gobierno morenista llegara a cumplir su promesa de no cobrar directamente a los usuarios del Sistema Nacional de Salud Pública, significaría que logró implementar una mejor administración de los recursos y nada más.

Para simular el cumplimiento de su promesa de brindar atención médica totalmente gratuita a decenas de millones de mexicanos que no se encuentren afiliados a ninguna institución de salud, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) recurrió a la vieja costumbre (ya convertida en vicio) de cambiar de nombre a una institución ya existente, en este caso al Seguro Popular, creado en un sexenio anterior con el mismo objetivo y cuya desaparición fue decretada, dando paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que “inició” operaciones este año.

Crear el Insabi en vez de mejorar, perfeccionar o ampliar el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, los Centros de Salud y Hospitales Generales, dotándolos de mayores recursos, personal, y abasteciéndolos con medicamentos y equipo, ha resultado negativo; y la promesa, en consecuencia, ha exhibido su falsedad. Recién fundado el Insabi, sus fallas se han evidenciado; con la desaparición del Seguro Popular, los afiliados al mismo quedaron sin atención médica; 50 mil trabajadores, incluido personal de enfermería y médicos, fueron despedidos de la noche a la mañana; aún no funciona plenamente el nuevo Instituto y los derechohabientes ya no cuentan siquiera con el servicio que les brindaba el desaparecido Seguro Popular.

La problemática en el Sector Salud no solo persiste, sino que se agrava y complica; con las nuevas medidas surgen nuevos problemas y el descontento se extiende por todo el país. El desabasto de medicamentos y equipo se agrava, las quejas y protestas públicas aumentan de intensidad mientras las críticas, tildadas por el Presidente de campañas propias de los conservadores, se multiplican.

Al arrancar el sexenio, el Presidente declaró que había terminado el neoliberalismo. El Sistema Nacional de Salud, cuyo desmantelamiento comenzó hace varias décadas, con una política neoliberal consistente en la reducción de recursos para contratar médicos, equipar hospitales y abastecerlos de medicamentos y material, hoy recibe un nuevo golpe; porque esta política solo favorece a los hospitales y consultorios privados y a las grandes empresas farmacéuticas, mientras deja indefensos ante las enfermedades a la inmensa mayoría de los mexicanos. Con estas medidas, el gobierno de la 4T se muestra francamente como un continuador del modelo que había declarado inexistente.