La violencia no cede. El pasado 4 de marzo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer la estrategia de seguridad para candidatos a algún puesto de elección popular durante el Proceso Electoral 2021, que fue aplaudido por el Presidente y los asistentes a la mañanera, pero que, de fondo, según los datos, no ha parado la violencia. Veamos por qué.

La consultora Integralia contabilizó, entre septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 169 incidentes de violencia política con un saldo de 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales (28 eran funcionarios municipales, 26 aspirantes a elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, 5 excandidatos, 4 periodistas, 4 líderes partidistas, 4 militantes de partidos políticos, 3 jueces, 3 presidentes municipales y 25 más de otros cargos) y 67 heridos.

La cifra actual es más alarmante, porque si comparamos los datos del Proceso Electoral 2017-2018 de la consultora Etelleckt, observaríamos que como resultado sumaron 85 víctimas, un 40% por arriba del proceso electoral 2021 en el sexenio de López Obrador. En su 4to Informe de Etellekt Consultores, al 30 de abril de 2021, se han registrado 476 hechos delictivos contra políticos y candidatos: 443 víctimas globales (un incremento del 64% en comparación con el mismo periodo de 2017-2018) y 79 mortales (12 mujeres). Así, podemos considerar al proceso electoral reciente como el más violento después del 2000; abarcando a 321 municipios de 31 estados del país.

Las principales causas son explicadas, en parte, por las estadísticas, el 75% (79 víctimas) de los asesinados han sido opositores a los gobiernos actuales, del cual el 49% pertenecía a la alianza opositora de la 4T (39 víctimas PAN-PRI-PRD). Las amenazas y la extorsión mediante redes sociales, llamadas y mensajes SMS han sido el factor de alarma que sufren los candidatos para bajarlos de la contienda electoral; es la lucha y el control por el poder político municipal, estatal o federal lo que está generando atentados y asesinatos contra candidatos y políticos.

Y es que los cargos se han disputado a través de una larga carrera de conflictos en los diversos grupos políticos, en contra o internos, para cuidar sus intereses; otra parte de los incidentes son provocados por grupos del crimen organizado que buscan controlar o coludirse con los próximos gobiernos y dominar, de alguna forma, el mercado ilícito para seguir cometiendo sus tropelías.

Sin embargo, la mayor parte donde se concentran los crímenes ha sido en municipios o entidades gobernadas por Morena. Veracruz es el estado más violento en lo que va de los comicios de este 2021, ocupa el primer lugar nacional con 14 víctimas mortales (18% nacional), seguido de Guerrero (PRI) y Oaxaca (PRI).

Otro estado gobernado por Morena es Puebla, con Miguel Barbosa como gobernador, y ya acumula 7 asesinatos. El pasado 5 de abril, Edith Villa Trujillo, candidata antorchista a la Presidencia municipal de Santa Inés Ahuatempan, fue asaltada con armas de fuego; ahí hubo impunidad total y la autoridad estatal no hace nada. 

El sábado 8 de mayo el equipo de campaña de la doctora Soraya Córdova, otra candidata antorchista a la Diputación Local por el Distrito 20, fue amenazado y asaltado. Ante todo, eso prevalece la impunidad; no se hacen investigaciones serias sobre las autorías intelectual y material de los hechos y el gobierno barbosista hace oídos sordos a la realidad de violencia que se vive en su estado. Todo indica que con esos ataques se busca parar y evitar el triunfo del Movimiento Antorchista en esos lugares. Pero como bien comentó el reconocido periodista poblano Gerardo Pérez García: “Quienes conocen la historia y caminar de 45 años de Antorcha Campesina dicen y afirman que no. Que Antorcha no se doblega ni arredra ante los embates, vengan de donde vengan”.

¿Y dónde está o dónde quedó la estrategia de seguridad a candidatos? Por el momento no se ven resultados. La Guardia Nacional que debiera proteger a todos los candidatos por igual, solo lo hará con los que buscan las gubernaturas y diputaciones federales. Sin embargo, el punto de la violencia se enfoca más en los municipios, que también intimidan a los votantes. La violencia política atenta contra la democracia, aunque AMLO y Rosa Icela digan que han brindado protección a 117 candidatos, pero eso no ha logrado disminuir el número de asesinatos. Las elecciones más grandes de la historia están en riesgo. Por el momento, querido lector, es todo.