El actual Presidente de la República llegó al poder esgrimiendo un discurso de izquierda, incluso radical, cuando anunció abiertamente que los males nacionales eran causados por el modelo económico neoliberal. Ahora los ideólogos de la “Cuarta Transformación” (4T), luego de que su partido llegó a la silla presidencial, hacen malabares para defender el cambio que, según ellos, están desempeñando. Hasta el momento, sin embargo, poco o nada han hecho contra el neoliberalismo; ya que para sustituir este modelo tendrían que cambiar el actual esquema de producción e inserción en la dinámica mundial, así como reducir su principal impacto, a saber, la concentración de la riqueza en unos cuantos ultramillonarios.

En la realidad cotidiana, los hechos indican que la 4T va en la dirección opuesta a la que proclama. En el primer año de gobierno del “primer Presidente antineoliberal” de México, la fortuna de cuatro multimillonarios creció 15.7 por ciento y el gran ganador entre ellos fue Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, quien, en abril de 2019, incrementó su fortuna en 59 por ciento respecto al año anterior. En contraste con este escenario de grandes beneficios para los ricos, la economía nacional simplemente no creció, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El problema no es el aumento de la riqueza de los empresarios per se, sino qué medidas toma el Estado ante la absurda centralización del capital y su contraparte: la pobreza de más de 60 millones de mexicanos.

Veamos. La manera más eficaz que un Estado tiene para redistribuir la riqueza y disponer de más recursos para solventar sus gastos, es una reforma fiscal progresiva, con la cual aumentarían los impuestos de quienes tienen mayores ingresos. Hasta la fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha anunciado ninguna propuesta plausible en ese sentido ni se vislumbra que vaya a hacerlo en un futuro próximo; además, las millonarias condonaciones fiscales, favorables al uno por ciento más rico de México, se generan debido a la existencia de lagunas en las leyes hacendarias. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año (PEF 2020), el monto destinado a obras públicas −un gasto que estimulaba las economías regionales y contribuía al mejoramiento en la calidad de vida para millones de personas− disminuyó sensiblemente para que el gobierno de la 4T aumentara el dinero utilizado en sus programas monetarios que, además de ser viles recursos electoreros, son  ineficientes para combatir la pobreza, como lo  ha demostrado todo el periodo neoliberal padecido por México.

Buena parte de las Tarjetas de Bienestar –a través de las cuales se entregan apoyos monetarios– fueron concesionadas a Banco Azteca de forma discrecional, es decir, sin ningún proceso de licitación. Esta concesión permite al Grupo Salinas un acceso fácil a clientes potenciales, a información financiera individual, sin competencia abierta, y mayor posibilidad de aumentar su monopolio de microcréditos con altas tasas de interés. La misma discrecionalidad se aplicó al empresario Carlos Slim Helú a quien, descontento por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) en Texcoco, donde tenía grandes inversiones, se le otorgaron contratos para la ejecución de otras importantes obras de infraestructura pública que figuran en los proyectos del Presidente.

En síntesis: nuestro país, cuya economía no creció el año pasado y cuya población enfrenta graves problemas de pobreza, desempleo e ingresos salariales, está condenado a profundizar su condición de desigualdad masiva, mientras el gobierno de la 4T auspicia al uno por ciento más rico de los mexicanos –dueños de los monopolios–, mientras decreta falazmente “el fin del neoliberalismo” y hace modificaciones nominales en leyes e instituciones con el fin de “cambiar todo para que nada cambie”.