Las bajas expectativas de la economía mexicana para este año contrastan, de manera considerable, frente a la tranquilidad con que el Presidente duerme y sueña, en un imaginario país donde el pueblo se encuentra “feliz, feliz, feliz”. Mal terminó 2019, peor empieza 2020 y no hay ningún indicio de que el grupo gobernante busque evitar la caída libre, hacia la cual conduce nuestra economía. Los compromisos contraídos en campaña electoral respondieron inteligentemente al enorme malestar de la población. Pero a más de un año de distancia, aquéllos se han esfumado, el nuevo gobierno ahora los niega y el Presidente sigue en campaña desde el circo “montado” en Palacio Nacional para entretenimiento diario de la prensa y cierto sector de la población, mientras el descontento social aumenta de forma proporcional con el sufrimiento prevaleciente en las familias.

El incremento del 20 por ciento al salario mínimo –ahora se ubica en 123.22 pesos diarios– se muestra como un suceso inédito y un gran triunfo del gobierno morenista; pero esa “concesión” a los trabajadores mexicanos fue más resultado de las presiones, ejercidas por los gringos, para ratificar la nueva versión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá, que de la buena voluntad de la clase patronal y su gobierno. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que hay más de tres millones de personas ocupadas que no reciben un salario; y que nueve millones ganan menos de un salario mínimo. Pero de esta situación no se dice nada, ni se realiza alguna acción que supere ambas injusticias. Por ello es posible afirmar que la austeridad republicana se aplica únicamente al pueblo; y que para los empresarios y la clase política encumbrada son los privilegios que siempre tienden a aumentar. ¿Puede imaginar, querido lector, a un hijo de Carlos Slim o de Manuel Bartlett sobreviviendo con 123 pesos al día?

A todo esto hay que agregar que el gobierno y las empresas ajustaron sus precios en los primeros días del año; en el caso del primero, se incremntaron impuestos y tarifas de servicios y, en el de los segundos, los precios de sus mercancías. Se espera que los productos alimenticios crezcan en un 30 por ciento; que la gasolina y otros energéticos mantengan sus precios altos y que los servicios de transporte público, pésimos e inseguros, presionen más para incrementar las tarifas. 

Los gobiernos locales morenistas, ávidos de dinero como el rey Midas, buscan formas fáciles para obtener dinero y, como lo han hecho en Puebla y en Texcoco, instalan parquímetros, inventan multas, cambian placas, etc. ¡Y a esto llaman gobernar para el pueblo! De ahí que la nueva escalada de precios y tributos resulte criminal y perversa sobre las espaldas de un pueblo que, además de padecer precarias condiciones de trabajo y pésimos salarios, tiene a más del 50 por ciento de su población en el desempleo, situación abominable, que le impide salir de la pobreza ¿Hasta cuándo piensan nuestros “honestos” gobernantes que el pueblo creerá la patraña de “primero los pobres”?

Que todas las mañanas nos digan que estamos “requetebién” de poco sirve si en los hechos la economía va en picada; el consumo interno disminuye; las empresas venden menos; el país se halla al borde de una crisis económica y política sin precedentes y la violencia y la inseguridad pública siguen aumentando, porque el escenario socioeconómico no ayuda en nada y el Estado poco hace, o casi nada, para combatir a los malandrines, quienes hoy se pasean impunemente, mientras la Guardia Nacional se ocupa de perseguir ciudadanos y migrantes. Además, no hay un plan para la inversión interna; el campo sufrió un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020).

Es en este marco político, poco halagüeño, como uno puede prever que el gobierno de la “Cuarta Transformación” desmantelará instituciones y programas sin ofrecer otras alternativas; que en la efervescencia política, generada por las elecciones intermedias de 2021, utilizará la ley, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Sistema de Administración Tributaria, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo lo que tenga al alcance para someter a la oposición; y que sí gastará, sin límites, el dinero de los mexicanos en sus programas electoreros para comprar, de manera directa, los votos de los grupos más vulnerables. Solo la sociedad organizada y consciente podrá resistir el tsunami que se avecina. Sin embargo, estamos seguros de que, después de la tempestad, saldrá el Sol.