La Crónica de Chihuahua 

• Entre las afectaciones, se prevé el cierre de empresas, al depender únicamente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como proveedor.

La nueva reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador –en etapa de discusión pública informal todavía, porque sus términos no se han sometido al dictamen del Congreso de la Unión– se está abriendo paso en medio de una gran variedad de opositores.

De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el gobierno de México, el monopolio estatal desmantelaría a la industria de energía renovable y cancelaría la transición a fuentes limpias de generación, señalan empresas de energía solar y eólica. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), explicaron que esta propuesta del presidente encarecerá la generación de electricidad y producirá daños irremediables al medio ambiente, posicionando a México en contra de la lucha global frente al cambio climático.

Los ambientalistas consideran que la generación exclusivamente estatal de electricidad va a hacer retroceder todo el camino que ya se ha avanzado en materia de diversificación de las fuentes, y que se va a privilegiar la dependencia nacional con respecto a los proveedores de gas natural estadounidenses, cuyo producto se encarece más cada día. Asimismo, en lo interno, se va a depender en mayor medida de los proveedores de carbón de la cuenca carbonífera de Coahuila, donde cada tonelada está manchada de la sangre de los mineros muertos en medio de condiciones de trabajo que se cuentan como las de la peor inseguridad laboral conocida en este país.

¿Y los gases de efecto invernadero?

En el país existen más de 300 proyectos eólicos y solares que suman una capacidad de 12.9 gigawatts y representan una inversión de 19 mil millones de dólares.

La AMDEE y Asolmex advierten que, de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica, el gobierno de México revertiría los avances logrados. Ambas asociaciones consideran que los generadores eólicos y solares han contribuido responsablemente al desarrollo del país, pero la iniciativa del presidente López Obrador que plantea el control absoluto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector, da prioridad a energía más sucia y costosa.

En México, apuntaron en un posicionamiento, el 99 por ciento de la energía eólica y solar que se genera es gracias a la inversión privada y ello ha contribuido a mitigar la emisión anual de 19 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Mientras que para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), este intento por revertir los avances logrados en los últimos decenios en términos de generación y distribución mixta, de aprobarse, se va a diluir en litigios de amparo. De ser aprobada por el Congreso de la Unión, “la contrarreforma eléctrica” podría quedarse en “letra muerta” al terminar entrampada en el Poder Judicial tras una ola de amparos y litigios internacionales bajo la protección del T-MEC, advirtió el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí.

Golpe al bolsillo de los usuarios

Por otra parte, el regreso al monopolio estatal conlleva el riesgo de encarecer la energía eléctrica para el usuario final. Los términos contenidos en la propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico causarían un daño de largo plazo a los hogares mexicanos, las distintas industrias y a la competitividad del país, aseguró la Asociación Mexicana de Energía (AME).

Esta representación de los generadores independientes considera que “la cancelación de los contratos actuales a los generadores de energía que han cumplido a cabalidad con lo establecido en la legislación mexicana, los términos de los propios convenios y los principios comerciales universales, pondría en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles”.

La organización ambientalista Greenpeace teme afectaciones en la generación distribuida con la que llama “contrarreforma eléctrica”. Para ellos, la iniciativa presidencial para modificar tres artículos constitucionales y devolver a la CFE el área estratégica de la electricidad, “cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria y puede también afectar la colocación de techos solares para autoconsumo de los hogares”.

Repudio internacional

El repudio a esta reforma ya trascendió lo local y lo nacional en medio de la interacción económica global y ante los compromisos que estableció México con sus socios comerciales. Así, más de 50 empresas internacionales alertan que esta reforma de López Obrador le resta competitividad a la industria nacional, al mismo tiempo que vulnera el T-MEC, el tratado trinacional de Norteamérica.

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) alertó que la reforma en materia energética, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de México, afectaría la competitividad, incrementaría los costos de las tarifas eléctricas, limitaría el acceso a energía; contraviene los esfuerzos por energías limpias y renovables, y genera incertidumbre en el clima de inversión al afectar a los órganos reguladores.

Llueven advertencias

La iniciativa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ocasionado gran controversia y desde varios frentes se están lanzando advertencias del impacto negativo que ésta traería al país en caso de ser aprobada. Empresarios, expertos, centros de investigación y sociedad civil alertan de los riesgos que traería la aprobación de la reforma eléctrica de AMLO.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), que preside José Abugaber, señala que entre las afectaciones se prevé el cierre de empresas al depender únicamente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como proveedor, pues esto significa un mayor costo en su operación por un incremento en la energía eléctrica.

Explica que la aplicación de la reforma dejaría a la industria fuera de competencia, pues las empresas y servicios que están en México necesitan de precios de energía competitivos, como es el caso de la energía solar y fotovoltaica que le da la posibilidad de generar electricidad hasta 50 por ciento más barata.

Por una parte, a las empresas globales se les va a impedir con sus certificaciones de industria limpia, dando como resultado que no puedan continuar con sus operaciones, y a las nacionales las deja sin la posibilidad de competir.

El colectivo de investigación México Cómo Vamos advierte que, además, una generación de energía eléctrica cara y contaminante descalifica a México como país receptor de Inversión Extranjera Directa (IED).

“La electricidad es un bien intermedio, así que tiene relevancia en cualquier actividad económica, ya sea una tortillería o una fintech; una condición necesaria para operar es la electricidad. El Estado tiene capacidades limitadas para generar electricidad”, indica.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) coincide en que con la reforma se va a afectar la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a nuestros competidores comerciales internacionales.

Agrega que rezagaría al país en la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, con afectaciones a la salud de los mexicanos.

Más subsidios o impuestos

Un mayor precio de electricidad no sólo afectaría a las empresas, también a los ciudadanos, ya que el cumplimiento de la promesa del gobierno de no incrementar las tarifas implicaría algunos supuestos que tampoco resultan benéficos para el país.

La asociación civil Signos Vitales indica que, de cambiar el orden de despacho de las plantas para privilegiar a las de CFE que generan electricidad a mayor costo y más contaminantes, los precios se van a elevar y para que esto no suceda plantea algunas opciones: la primera es que el gobierno aumente los subsidios que le da la CFE, en lugar de destinar ese dinero a otras áreas prioritarias, como la salud.

También podría incrementar los impuestos generales con el fin cubrir las pérdidas de CFE sin afectar presupuestalmente algún otro programa del gobierno.

Incertidumbre, costos políticos y la alianza opositora

Existe mucha incertidumbre sobre la aprobación de la iniciativa de López Obrador, pues necesita una mayoría calificada en el Congreso y a Morena, el partido del presidente, y sus aliados no tienen los votos suficientes. No obstante, con una negociación con otros partidos, se podría aprobar.

En tanto, desde empresarios, centros de investigación, sociedad civil, expertos y actores políticos coinciden en que, de concretarse la reforma, se eleva el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra de México, toda vez que implica una posible violación del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios.

El PRI, dirigido por Alejandro Moreno, ha señalado que aún no existen las condiciones para votar esta semana la iniciativa de reforma eléctrica. “No se ha turnado la misma a la comisión o comisiones dictaminadoras, y además no se ha formalizado la integración de éstas”, indicó el partido político. Sin embargo, aseguró que en su momento actuarán con responsabilidad con el objetivo de no deteriorar las finanzas públicas de país.