La separación en trabes se ubica entre las estaciones San Andrés Tomatlán y Lomas Estrella.
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Vecinos de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, instalaron un plantón en las afueras del predio ubicado en Eje 2 Norte y la avenida San Luis Potosí, en protesta contra la construcción de un albergue para migrantes.
Hoy, miércoles 26 de marzo, el titular de la Secretaría de Gobierno de la administración capitalina, César Cravioto, sostendrá una reunión con el objetivo de escuchar las preocupaciones de los vecinos respecto a la construcción del albergue para migrantes.
Los residentes buscan obtener información clara y precisa sobre el proyecto y plantear sus inquietudes, como la falta de servicios en la zona y las amenazas que han recibido algunas mujeres. Además, esperan que las autoridades tomen en cuenta sus demandas y detengan la construcción del inmueble.
El plantón lleva seis días instalado en las inmediaciones de la construcción hasta recibir información clara y precisa sobre el proyecto, por lo que la obra se mantiene suspendida.
La separación en trabes se ubica entre las estaciones San Andrés Tomatlán y Lomas Estrella.
Ramírez tendrá la responsabilidad de revisar cuentas y fiscalizar gastos del gobierno capitalino.
Las carreteras que se vieron afectadas fueron: México-Puebla, México-Texcoco y México-Pachuca.
De 16 mil 538 a 18 mil 548 pasó el número de delitos en la capital de enero a marzo pasados.
La sanciones también incluye desde seis hasta 12 horas de trabajo comunitario.
Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera