Los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) no sólo enfrentan un mercado habitacional cada vez más inaccesible por el aumento de las rentas; también viven con el riesgo de que su patrimonio quede en manos de terceros mediante un despojo.

Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que, tan sólo en el primer trimestre de 2026, este delito aumentó 3.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar mil 966 casos.

Sin embargo, la efectividad en la impartición de justicia sigue siendo muy baja: de las carpetas de investigación iniciadas, únicamente 463 han derivado en detenciones, una proporción inferior al 2 por ciento.

A detalle, las alcaldías donde más se han concentrado estos casos son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez. En esta última demarcación, autoridades y vecinos han documentado que la colonia Del Valle es una de las zonas con mayor incidencia de invasión a propiedades.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas explicaron que quienes cometen este delito ingresan a las viviendas mediante violencia o intimidación, utilizan procedimientos irregulares para intentar legitimar la ocupación y aprovechan inmuebles vacíos o habitados por personas en situación vulnerable.

En este sentido, el Gobierno capitalino y la Fiscalía acordaron crear un equipo especializado que concentrará las investigaciones por despojo. Expusieron que darán seguimiento individual a cada denuncia, mantendrán mesas de atención a víctimas y revisarán posibles vínculos entre expedientes para identificar redes delictivas y la posible participación de servidores públicos.

Lentitud del Ministerio Público complica recuperar inmuebles

Entrevistado por buzos, Eduardo Lima Gómez, especialista en derecho penal y fiscal, aseguró que el problema no radica en la falta de un marco jurídico para sancionar el despojo, sino en la aplicación de los procedimientos para investigarlo.

Aunque existen herramientas legales, el especialista consideró necesario "actualizarlas para la realidad que estamos viviendo" y dotar al Ministerio Público de "mayores elementos con los cuales se pueda actuar contra este tipo de delitos”.

Desde su perspectiva, las autoridades deberán fijar "plazos más cortos para realizar las diligencias de investigación", pues de lo contrario, los expedientes terminan atrapados en "procesos tortuosos" que pueden llevar varios años.

Esa lentitud, afirmó, juega a favor de las bandas delictivas. Mientras las indagatorias se pausan, quienes ocupan ilegalmente la propiedad aprovechan para arrendarla, venderla con papelería apócrifa o traspasarla a terceros.

"Mientras más tiempo pase sin actuar, el escenario para recuperar el inmueble se complica muchísimo más. Cuando las autoridades intervienen, puede resultar que ya hay otras personas en la vivienda y no los invasores originales”, alertó.

Reiteró que "si no tenemos protocolos ni plazos más breves para actuaciones inmediatas, me temo que el problema va a continuar", ya que los delincuentes operan con la certeza de la inacción o tardanza del Ministerio Público.

En este contexto, Lima Gómez subrayó que la prevención documental es vital para las víctimas. Mantener al día los títulos de propiedad o contratos de arrendamiento resulta determinante ya que, "en una controversia, quien tenga mejores documentos para probar su derecho tendrá una resolución a su favor”.

Respecto a las consecuencias penales, aclaró que elevar los castigos no es la solución definitiva. "El mero incremento de las penas no impide la realización del delito", afirmó; también señaló que la prioridad debe ser la eficiencia operativa: "la actuación del Estado no debe limitarse a subir las penas, sino a preguntarse qué está haciendo y cómo lo puede hacer mejor”.

Finalmente, enfatizó que urgen protocolos de actuación tanto para el Ministerio Público como para el Registro Público de la Propiedad, a fin de operar con celeridad y brindar certeza jurídica a los propietarios legítimos.