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La mayoría de los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES) aprobaron la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección civil en sustitución del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), en el que deja la responsabilidad a los gobiernos estatales.
Los diputados desaparecieron hace unas semanas todos los fideicomisos, entre ellos el destinado al Fonden, por lo que ahora los estados deberán crear programas para atender y prevenir los desastres naturales.
Esta ley avalada con 348 a favor y 66 en contra en lo general y en lo particular, menciona que cada estado creará los programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, “cuya finalidad será atender amenazas, prevenir y reducir riesgos, atender emergencias y desastres de origen natural que ocurran dentro de su jurisdicción, asimismo se considera la capacitación, equipamiento y sistematización de Protección Civil en las entidades”.
Señala que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará con una Agencia de Gestión Financiera de Riesgo Pública que se encargará de asesorar y apoyar a las dependencias y entidades en el análisis, selección y aplicación de instrumentos para atender los desastres.
También dará seguimiento a la aplicación de los recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de administración y transferencia del riesgo de desastre, y participará en la elaboración del Programa Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Galindo votó en contra de la ley, “porque genera incertidumbre en la gestión de riegos y en la atención de las afectaciones derivadas de desastres naturales”, escribió posteriormente en su cuenta de Twitter.
En esta ley no se estable que se le deberá asignar un monto económico a los gobiernos estatales para la atención de desastres naturales, sostiene que, para acceder a los recursos de los programas de gestión de riesgo de desastres y protección civil, se sujetarán a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se menciona que después de la declaratoria de desastre, el presidente de México determinará la pertinencia de elaborar un Programa Nacional de Reconstrucción a través de la Comisión Intersecretarial; además que este programa preverá la firma de convenios entre las instancias federales ejecutoras de gasto y las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales que participen en el proceso de reconstrucción. (Forbes).
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El dictamen se turnó al Senado de la República, que tiene hasta el 31 de octubre como fecha límite legal para su discusión y votación.
Las dos convocatorias obtuvieron el respaldo de todos los legisladores presentes en el Pleno.
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Escrito por Redacción