Ciudad de México. -   Con 82 votos a favor y 34 en contra, los senadores aprobaron en lo general el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que, a partir de ahora, quien expida comprobantes fiscales falsos será sancionado con hasta ocho años de prisión.

La pena fue propuesta por parte de senadores de Morena y sus aliados, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista y de Movimiento Ciudadano y consideraron  el delito como una amenaza a la “seguridad nacional”, por lo que es causal de prisión oficiosa.

En la sesión de ese martes, el Pleno del Senado avaló aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por una tercera persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

“Se establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable”, destacó el Senado.

Por lo que señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

En la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona una fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos en contra del fisco federal, es decir defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la seguridad nacional, señaló.

Morena justificó la aprobación del dictamen, al señalar que de 2014 a junio de 2019 se identificaron cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas. Dichas empresas emiten ocho millones de facturas con lo que suman 1.6 billones de pesos

Reforma criminalizará a contribuyentes

Nuvia Mayorga Delgado, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, acusó que “esta es una reforma penal que criminalizará” a los contribuyentes, personas morales y físicas, sin distinción alguna. “Uno de los absurdos de esta ley es que hace que la delincuencia organizada sea un sujeto de derecho que debe pagar impuestos”, expresó.

A su vez, el senador Miguel Ángel Mancera informó que el PRD apoya el planteamiento de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, se deben precisar los tipos penales abiertos, no dejar las conductas a la interpretación de que cualquier contribuyente pueda caer en delincuencia organizada, además incluirlo, como seguridad nacional. "No estamos de acuerdo".

Movimiento Ciudadano, en voz del senador Samuel García Sepúlveda avaló el dictamen, aunque agregó que se tiene que corregir el tipo penal de la defraudación fiscal, porque se puede ejercer la prisión preventiva oficiosa en contra de una persona que omitió una declaración fiscal.

Por su parte, la senadora Minerva Hernández Ramos expresó que Acción Nacional votaría en contra del dictamen porque establece reformas inconstitucionales que pondrán a los contribuyentes cumplidos “contra la espada y la pared”. Asume, dijo, que todos son delincuentes organizados y que la evasión fiscal es “el deporte nacional”.

La Asamblea aceptó la modificación al artículo primero transitorio, propuesto por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, a efecto de establecer que esta reforma entre en vigor el 1 de enero de 2020 y sea aplicable al ejercicio fiscal que comienza el próximo año.