El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, denunció una red de corrupción al interior del organismo, que permitió la emisión de 12 mil créditos fraudulentos sobre las mismas mil 400 viviendas en por lo menos once estados del país.
Según el funcionario, la red operaba mediante la colusión de trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, quienes otorgaban hasta cuatro créditos sobre una misma propiedad, cuyo esquema de fraude afectó a miles de trabajadores, quienes fueron estafados al otorgarles créditos para viviendas que nunca fueron construidas, generando un perjuicio económico que asciende a más de mil 200 millones de pesos.
Romero Oropeza detalló que las entidades más afectadas son el Estado de México, Baja California, Nuevo León y Tlaxcala. En el territorio mexiquense, ejemplificó, tres notarios, dos despachos de valuación, tres peritos valuadores, tres controladores y seis trabajadores del Infonavit fueron responsables de vender 496 casas en cuatro mil 130 ocasiones.
Mientras tanto, en Jalisco, un esquema similar involucró a tres notarios, un despacho, un perito, un contralor y dos trabajadores del Infonavit, quienes vendieron 239 viviendas en dos mil 37 ocasiones y en Tlaxcala, 35 casas fueron comercializadas cerca de 800 veces, con la participación de un notario, un despacho, un perito, un controlador y un trabajador de esta dependencia.
Por último, el director del Infonavit explicó que este fraude fue posible debido a la falta de supervisión por parte de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría del instituto. Según Romero Oropeza, el fraude comenzó a descubrirse cuando los trabajadores empezaron a cobrar por viviendas que no se les habían entregado, con deducciones de hasta el 40 por ciento de sus ahorros para la vivienda.
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.