Este 5 de mayo, las 12 víctimas que aún siguen en litigio por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, informaron que obtuvieron un amparo que garantiza la reparación total y efectiva del daño. A cuatro años del colapso, que dejó 26 personas muertas y más de 100 lesionadas, ninguno de los 10 acusados se encuentra en prisión, dos de ellos ya fallecieron.

Durante una protesta frente a la Constructora Grupo Carso, ubicada en la colonia Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo, el representante legal de 12 de las víctimas, Teófilo Benítez, explicó que el amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación también beneficia al resto de afectados por el siniestro.

“El acuerdo reparatorio ya no tiene validez para las 106 personas lesionadas, incluidas aquellas que fallecieron. Esto se debe a que los tribunales de la Ciudad de México no advirtieron que los certificados médicos estaban alterados. ¿Cómo es posible que a una persona con cinco costillas fracturadas sólo se le haya reconocido una? El juez de Distrito fue quien detectó el error y señaló que todos los certificados presentan irregularidades graves”, detalló.

Por esta razón, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México deberá calcular los daños que Grupo Carso tendrá que cubrir por su responsabilidad en la Línea Dorada del Metro.

Las víctimas denunciaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pactó con la constructora para limitar el acceso a una reparación económica adecuada. También acusaron a la autoridad ministerial de actuar en complicidad con el gobierno capitalino y la empresa, al firmar un acuerdo que redujo el monto de la compensación y la atención médica.

Teófilo Benítez también afirmó que la Fiscalía se negó a actuar como representante social y, en cambio, defendió los intereses de la empresa, bajo el argumento de lograr una justicia restaurativa.

Indicó que Grupo Carso trató de evitar el pago al promover un amparo, el cual fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la empresa no cumplió con los requisitos legales del recurso. Por su parte, la autoridad judicial advirtió a la constructora que debe cubrir la reparación del daño de acuerdo con su capacidad económica.

Asimismo, denunció que los certificados médicos no coinciden con la cantidad real de huesos fracturados en las personas sobrevivientes; agregó que las actas de defunción también presentan irregularidades, como la hora de fallecimiento, registrada en todos los casos a las 20:30 horas.

Estas inconsistencias confirman, dijo, que los documentos médicos carecen de rigor. Benítez también mencionó que Grupo Carso depositó 200 millones de pesos al Tribunal para la atención de las víctimas, monto que aún no ha sido distribuido.

Además, presentó el caso de David Quiroz, quien trabajaba como albañil hasta que el desplome le fracturó las costillas. Tras el accidente, perdió la movilidad y no puede volver a trabajar. A pesar de ello, el primer acuerdo reparatorio sólo le asignó 600 mil pesos.

Adriana Galván Pinal, otra de las víctimas, contó que sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el accidente. Esto la obligó a dejar su empleo como trabajadora doméstica. Actualmente, requiere un bastón para desplazarse, debido a la pérdida irreversible del equilibrio.

Señaló que hasta ahora sólo ha recibido dos pagos: uno de 10 mil pesos y otro de 30 mil, otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, Benítez Granados advirtió que existen plazos establecidos para que Grupo Carso revise las indemnizaciones. Si los magistrados no obligan a la empresa a cumplir, las víctimas procederán legalmente contra ellos.