El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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El Poder Judicial de la Ciudad de México requiere una inversión considerable para garantizar accesibilidad y disponibilidad al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuyo sistema de Justicia tendrá que estar listo en 2027, señaló su presidente, el magistrado Rafael Guerra.
Al acudir al Congreso de la Ciudad de México, a la instalación del capítulo Ciudad de México de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, subrayó que se debe garantizar romper la brecha tecnológica con una inversión suficiente para la infraestructura, dispositivos y sistemas electrónicos que se necesitarán.
Guerra Álvarez insistió en que la implementación del CNPCyF representa un reto de “gran importancia”, ya que 70 por ciento de todas las controversias que se resuelven en los juzgados son civiles y familiares.
Hasta ese órgano también acudió el magistrado Eliseo Hernández Villaverde, secretario técnico de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (Cocifam), que encabeza la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Por su parte, el magistrado Hernández Villaverde, a nombre la secretaria de Gobernación, como presidenta de la Cocifam, destacó la coordinación entre instancias para la citada implementación, en apego a la autonomía tanto de los poderes judiciales y de los congresos locales, con miras a lograr una instrumentación que permita un diseño y planificación de los sistemas electrónicos que se señalan en el CNPCyF.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera