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Luego del anuncio de la reducción de presupuesto a las estancias infantiles, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Édgar Ulises Rentería, dio un amparo provisional contra el recorte al programa de estancias infantiles; así se ordena al Gobierno Federal y a la Secretaría de Bienestar, publicar, en un plazo de 24 horas, las reglas de operación del mismo para el ejercicio fiscal 2019.
Y es que la inconformidad social, en semanas anteriores, había logrado protestas de cientos de madres de familia, pues la medida que se había anunciado por parte del gobierno morenista de López Obrador, afectaría a las 9 mil 854 guarderías que atienden alrededor de 327 mil niños en todo el país. Cancelar más de dos mil millones de pesos de apoyos a estancias este 2019 iba afectar no solo a los niños, sino también a los trabajadores y los padres de familia; la decisión del juez es positiva, pero habrá que esperar y ver si el presidente de México está de acuerdo y sobre todo tiene disposición de acatar el amparo.
Lo cierto es que todo indica que ese dinero se quiso destinar a uno o varios programas sociales con tintes electoreros, tal y como están siendo los objetivos del nuevo gobierno; pero sacrificar un programa que beneficia a miles de infantes y a sus familias, no solo es una mala política, sino es estar contra las familias más pobres de México. Si el amparo que ordena al gobierno federal echar atrás su propuesta avanza y logra que no se les retiren apoyo a las estancias, el ejemplo puede extenderse a otras inconformidades como el despido masivo de trabajadores, quienes también se han estado amparando. Sin embargo, a casi 100 días del gobierno de AMLO se ve que éste no está dispuesto a ceder en su pretensión de seguir con su política de tensión, agresión y de imposición y que sólo desea redistribuir los recursos con los que cuenta, pero no hacer que ese recurso crezca y se amplíe para resolver los problemas que diariamente sufren los mexicanos.
Con el amparo conquistado ganan las familias y sus hijos; pero también podría ganar simpatías el gobierno federal si decidiera hacer caso a la ley y no hacer el recorte en esta área. ¿Estará dispuesto el gobierno de López Obrador a aceptar lo que el amparo le ordena? La respuesta se verá en unos días.
El clímax no político...
Parece que en el Congreso de la Ciudad de México los diputados sí quieren trabajar y desquitar su salario, pues ahora pretenden reformar el Código Penal local para aumentar las penas, según, para que aumente el castigo a quien cometa delitos de despojo de inmuebles; además, se dice que se va a revisar la imposición de castigos más severos a la especulación inmobiliaria de grupos que invaden inmuebles como los llamados "paracaidistas".
Hasta este punto todo parece que sus propuestas están bien, incluso nadie estaría contra ellas; pero, seguramente los diputados también se pondrán a trabajar para generar leyes que beneficien a los más de 9 millones de habitantes y tengan acceso a una mejor seguridad, apoyos a vivienda, educación o una mejoría en el sistema de transporte público, etc.; algo que recibirá muchos aplausos.
Pero lo que llama la atención es que el diputado morenista José Luis Rodríguez Díaz, que es maestro en derecho y ha colaborado en temas de la UNICEF, además de que fue Secretario Técnico en la extinta Asamblea Legislativa, al presentar dos iniciativas para reformar la normatividad, mencione y haga alusión, en primer lugar, a Antorcha Campesina, a quien señala de despojar a las personas de su patrimonio para ganar adeptos.
José Luis Rodríguez debería saber que Antorcha, un grupo social muy fuerte, por cualquier lado que se le vea, -y aunque se diga lo contrario en medios informativos o esté en boca de políticos-, es una organización que siempre trabaja y realiza su actividad dentro del marco de la legalidad y nunca ha invadido ningún espacio para ganar adeptos, o al menos, los que la han acusado nunca han presentado ninguna prueba que sustente sus dichos.
Lo declarado por el diputado morenista capitalino Rodríguez Díaz, más bien parece una instrucción de seguir atacando y calumniando al antorchismo nacional, pero ahora en la Ciudad de México donde dirige la líder Gloria Brito Nájera. La instrucción, sin mucho que se le busque, podría venir directamente de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum o quizá sería una orden desde el mismo gobierno de López Obrador; total, ya lo dice el viejo refrán, "de tal palo está la astilla". Pero de lo que sí debe estar seguro el diputado y sus jefes es que los antorchistas capitalinos no se quedarán con los brazos cruzados. Por el momento, querido lector, es todo.
El dolor aún no cede en Acapulco, sobre todo en las colonias y los pueblos donde la muerte, según la cuenta oficial, fueron 50; pero que a decir de las funerarias privadas fueron al menos 350, cifra que contraviene la difundida por el Presidente.
Aplaudimos estas decisiones, resultado del trabajo consecuente de algunos juzgadores.
El control de la información mina directamente derechos por los que los pueblos han luchado y que les han costado sangre.
Sería un mecanismo para inhibir, para perseguir y con la posibilidad de que se haga uso de un “garrote” ahora legalizado. Hasta ahora la gente que era señalada podía acudir a un juez, ampararse y reclamar legalmente.
Ackerman es conocido por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y un defensor de la actual administración.
El Financiero a 820 mexicanos, arrojó que el porcentaje de mexicanos que dice ser "muy feliz" se redujo 11 puntos entre marzo y abril de este año, al pasar de 57 a 46 por ciento.
El programa contempla más de 100 millones de dólares. Se van a incorporar a un programa similar para Centroamérica
Entre 2021 y 2023, el presupuesto asignado a la USICAMM creció de forma acelerada y apenas 22 mil profesores accedieron a la llamada promoción horizontal, menos del 1 por ciento.
Hidalgo es uno de los estados más pobres de México, según datos oficiales el 52.8 por ciento de la población, alrededor de 1 millón y medio de hidalguenses, padece algún tipo de pobreza.
Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad Covid-19, por un monto de 11 mil 460 pesos.
La presente administración sigue fielmente el ejemplo de las anteriores y compite con ellas en la velocidad para reformar la Constitución
El 49 por ciento de los desaparecidos se concentró en seis estados, indicó Causa en Común
A partir del miércoles 10 de junio las sucursales bancarias de la capital abrirán sus puertas al público a las 10 de la mañana y el cierre lo definirá cada institución.
Aguirre Enríquez aclaró que este golpe represivo en contra de las voces críticas, no es una amenaza solamente en contra de Antorcha, “es una amenaza contra la salud política y democrática del país”.
Además de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto también está al servicio del presidente para amedrentar a los candidatos.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).