La invasión de México por Estados Unidos (EE. UU.) entre 1846-1848 fue uno de los eventos que marcaron nuestra historia. Vivimos en un siglo de democracias hechas al vapor y con revoluciones de colores o a fuerza de misiles; un siglo en que los pueblos indefensos no resisten por mucho tiempo los embates del imperialismo. De ahí que no sea fantasioso pensar que las actuales singularidades de la política nacional mexicana y nuestra situación de debilidad y dependencia frente a los vecinos del norte hagan cercana una nueva intervención.

En aquellos días prevalecía un escenario en el que todos los políticos mexicanos estaban peleados y se hacían la guerra. Los conservadores y los liberales negociaban esporádicamente, pero nunca lograban entenderse respecto a la forma de gobernar el vasto territorio nacional. A ello se sumaban dos problemas: el primero, que la economía se estancaba y el país carecía de la infraestructura indispensable para desarrollar los procesos de producción y circulación de mercancías para evitar los préstamos provenientes de los imperios actuales más poderosos: el francés y el inglés. En segundo lugar, en 1846 las fuerzas armadas del país no disponían sino de las mismas armas de la guerra de independencia (1810) y no estaban habilitadas para enfrentarse a otro ejército. Los militares, además, se encontraban divididos y cada cuerpo obedecía a su jefe o caudillo, quien a su vez estaba ligado a alguno de los grupos políticos: el liberal y el conservador.

En 1845, el presidente José Joaquín de Herrera, quien sabía que los estadounidenses pretendían apoderarse del norte de México por las gestiones diplomáticas que en el país realizaban sus ministros, se vio orillado a aceptar la anexión de Texas a EE. UU. con el propósito de frenar su voraz hambre territorial. La consecuencia de esto fue un motín santannista que secuestró temporalmente a Herrera y a una parte de su gabinete. A continuación, los estadounidenses presionaron para obtener el norte, y aprovecharon el hecho de que en 1846, el ejército mexicano había capturado a un pelotón norteamericano que avanzaba sin autorización en el territorio de Texas, declararon la guerra a México. Herrera solo pudo juntar alrededor de seis mil hombres para la defensa pero su comandante, Mariano Paredes, decidió derrocar al Presidente en lugar de hacer la guerra.

Los eventos posteriores, marcados por la fragmentación política nacional y la incapacidad de nuestros militares, permitieron que las unidades estadounidenses, que contaban con armamento avanzado y notable experiencia bélica gracias a la segunda guerra de exterminio contra indios seminolas en la península de Florida (1835-1842), entraron a la CDMX y con ello no solo confirmaron su posesión sobre Texas sino que, además, se apoderaron de Alta California y Nuevo México. De esta anexión surgieron los actuales estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

A pesar de esas pérdidas, nuestro territorio permanece vasto y rico en recursos naturales. Pero el Estado nacional, regido absolutamente por Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es golpeado a diestra y siniestra con la siembra irresponsable del divisionismo en nuestra clase política y el enojo de los capitalistas –generado por la cancelación del NAICM– y con la inconformidad de las clases populares por la reducción de apoyos sociales a las familias más pobres y la eliminación de obras públicas municipales y el Seguro Popular.

En resumen: seguimos siendo vecinos e importantísimos socios comerciales de la mayor potencia económica y militar, que tiene un gran interés sobre nuestra economía y de la que, además, dependemos casi totalmente. Todo esto y el alto grado de inestabilidad y fragmentación que padecemos nos debería hacer entender de que cualquier imprudencia puede decidir a los estadounidenses a “estabilizar” nuestro país con una guerra.