La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Foto: Internet
Como coordinador de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Adán Augusto López Hernández, enfrentó un fuerte reclamo por parte de la oposición durante la Comisión Permanente del pasado 6 de agosto en la que los legisladores exigieron su salida del cargo y su presentación ante las autoridades.
"Las versiones que circulan carecen de veracidad y provienen de sectores opositores, además de personas que se ostentan como periodistas y columnistas", declaró el senador.
Por su parte, la legisladora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un punto de acuerdo para exigir que López Hernández solicite licencia con el objetivo de responder a acusaciones relacionadas con corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias y conflicto de intereses.
Las acusaciones también lo señalan por la entrega de contratos que superan los 270 millones de pesos sin procesos de licitación, así como por la designación de Hernán Bermúdez como jefe de seguridad en Tabasco, persona con antecedentes de vínculos con el crimen organizado.
López Hernández defendió su labor en materia de seguridad durante su gestión y aseguró que no recurrirá al fuero. Además, expresó su disposición a comparecer ante las autoridades si así lo requieren.
Calificó los señalamientos como "tiznadera" y minimizó su importancia
El senador morenista López Hernández rechazó la solicitud de licencia; además negó los señalamientos y afirmó que las acusaciones carecen de fundamento. También declaró que "toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado".
Durante el debate, Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador, acusó al legislador morenista de mantener vínculos con el crimen organizado. También solicitó que reciba el mismo trato que otros políticos en circunstancias similares.
En respuesta, el senador Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de Morena, solicitó el desafuero de Alejandro Moreno y su comparecencia ante la justicia por el delito de peculado.
El legislador panista Federico Döring señaló que Rubén Sandoval, director del Centro Nacional de Inteligencia e hijo del general Luis Cresencio Sandoval, exsecretario de la Defensa Nacional, fue quien sostuvo que el gobierno de Tabasco dio origen a un cártel.
Antes del debate, los senadores panistas Ricardo Anaya y Federico Döring activaron las sirenas de megáfonos en el recinto para exigir que la sesión comenzara con el tema relacionado con los supuestos vínculos de López Hernández con el crimen organizado.
El intercambio entre Morena y la oposición alcanzó mayor intensidad. Ambos bloques mantuvieron sus posturas y defendieron sus argumentos.
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La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El senador omitió reportar millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales, incluidas utilidades recibidas de la Corporación Inmobiliaria Villahermosa.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera