A pesar de que en México existe la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, miles de mexicanos en esta condición no encuentran trabajo; y Michoacán no es la excepción. Entre las razones principales destaca que, para la industria y el capital, resultan inútiles, sumado a una política laxa del Gobierno Federal por no obligar a las empresas a ofertar empleos y destinar mayores apoyos para los discapacitados.

La lucha por la igualdad de oportunidades en el estado de Michoacán refleja las esperanzas y los desafíos existentes en el país. Esta batalla diaria se libra en múltiples frentes, como la falta de infraestructura accesible o la discriminación laboral y educativa. A pesar de los obstáculos, la comunidad de discapacitados, sus familias y diversas organizaciones aún presentan propuestas para demostrar que la inclusión responde a un derecho fundamental y que puede beneficiar a toda la sociedad.

En Michoacán, de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 17.4 por ciento de la población vive con alguna discapacidad, es decir, 826 mil 874 personas, evidencian un problema grave.

A pesar de la magnitud de este grupo demográfico, las acciones de los gobiernos estatal y municipales resultan insuficientes, de lo que deriva una falta estrategia y de compromiso con la inclusión verdadera. En esta misma situación se encuentran la industria y el comercio local, porque pocas son las empresas o negocios que contratan a personas con alguna discapacidad.

El anuncio de la Secretaría del Bienestar estatal, a cargo de Andrea Serna Hernández, basado en el beneficio de más de 12 mil personas en Michoacán durante 2025 con la Pensión para el Bienestar, si bien es una medida loable, contrasta con el número de beneficiados, que muestra un porcentaje mínimo.

Cuando se compara esta cifra con la totalidad de discapacitados en la entidad, se evidencia un abismo: apenas 1.45 por ciento de las personas que podrían necesitar este apoyo, lo reciben. Por lo tanto, existe un total de 814 mil 874 individuos que no son beneficiados por este programa.

Este desfase numérico no es un mero detalle estadístico; trasluce una política pública insuficiente y con alcances evidentemente limitados. El gobierno, al centrarse en un sector reducido de la población, está omitiendo a la inmensa mayoría de las personas con discapacidad, que también enfrentan barreras significativas en su vida diaria.

El hecho de que el gobierno presente esta cifra como un logro, cuando realmente se exhibe un avance mínimo, denota una preocupante falta de autocrítica y desconocimiento de la realidad social del estado. La pensión, siendo un apoyo económico crucial, no es la única respuesta a los múltiples problemas de los discapacitados. La inclusión no se limita a la asistencia social; implica un enfoque integral que garantice la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Durante su participación en Reunión Nacional de Bienestar en la Ciudad de México (CDMX), Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, destacó que se ha consolidado un “avance histórico” en la cobertura de la pensión.

En 2024, los Censos Económicos del Inegi incluyeron por primera vez datos sobre personas con discapacidad en unidades económicas. Se detectó que sólo cuatro mil 436 de estas unidades empleaban a personas con discapacidad; la dificultad visual apareció con mayor frecuencia y la dificultad para recordar o concentrarse la menos común.

Incumplen con la ley 

México cuenta con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y Michoacán tiene su propia legislación al respecto. Sin embargo, la implementación y el cumplimiento de tales leyes presentan desafíos, entre ellos la falta de oportunidades laborales y la escasa accesibilidad en espacios públicos.

En Michoacán, 826 mil 874 personas viven con una o varias discapacidades, lo que representa la necesidad importante de políticas públicas y acciones concretas para garantizar estos derechos.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que las empresas deben reservar al menos cinco por ciento de sus plazas laborales para personas discapacitadas. Sin embargo, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2020, únicamente 1.3 por ciento de los trabajadores en el sector público y 0.4 por ciento en el sector privado presentaban alguna discapacidad.

La inclusión laboral y la accesibilidad en espacios públicos no significan solamente un derecho, sino una condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de todas las personas en el estado; y esto dificulta el camino hacia una sociedad más inclusiva en Michoacán, porque resulta largo y complejo, de acuerdo con especialistas y testimonios.

Varios dueños de empresas y pequeños negocios en Michoacán afirmaron, entrevistados por buzos, que el motivo principal por el que la gente no contrata a personas discapacitadas es una combinación de miedo, desinformación y prejuicios.

Los empleadores temen que la productividad sea baja, que los costos de adaptación resulten altos y que la seguridad del empleado y del negocio se vea comprometida. Además, domina la preocupación por la responsabilidad legal, si algo sale mal. Tales temores, sumados a la falta de experiencia de muchos candidatos con discapacidad, crean un ciclo que dificulta su integración en el mercado laboral. En esencia, según los empleadores, no se debe a falta de voluntad general, sino a la carencia de herramientas, conocimiento y confianza para gestionar una fuerza laboral más diversa.

En realidad, los dueños de las empresas y comercios no ven útil el trabajo de las personas con discapacidad, como lo demuestran diversos testimonios.

Rosa López, comerciante en Tarímbaro, Michoacán, y madre de una persona con discapacidad, narró a buzos cómo ha sido para su hijo la búsqueda de empleo. “Casi imposible”, narró. “Tiene 22 años y síndrome de Down. Lo han aceptado en algunos negocios pequeños; pero solamente le ofrecen trabajo sin contrato y salarios simbólicos; eso no es inclusión, es explotación.

Aunque recibe un apoyo del gobierno, éste resulta insuficiente; manifestó que, “es una beca pequeña, pero no un programa real para la integración a un empleo. Mi hijo quiere trabajar, sentirse útil, pero el sistema y las empresas no le dan la oportunidad, o se la dan, pero con desigualdad”.

A pesar de los programas y las políticas existentes para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, muchos expertos y activistas argumentan que tales medidas no son suficientes o no se implementan de forma efectiva.

Para entender mejor el panorama legal y los desafíos que enfrenta este sector, Alejandro Torres Gonzaga, especialista en derecho laboral explicó a buzos una perspectiva legal y los desafíos laborales de las personas con discapacidad en el estado de Michoacán.

“El principal instrumento jurídico en nuestro estado es la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo”, explicó el licenciado Torres Gonzaga. “Esta ley, que se alinea con la legislación federal; es el pilar que garantiza los derechos laborales de este sector”, añadió.

Según el experto, la ley se fundamenta en tres principios esenciales: 1) la no discriminación: Que prohíbe cualquier forma de exclusión por motivos de discapacidad en el ámbito laboral. Esto incluye la selección, contratación, capacitación y salario; 2) la igualdad de oportunidades: El objetivo consiste en que las personas discapacitadas accedan a un empleo digno y productivo en las mismas condiciones que cualquier otra persona; 3) la accesibilidad: Las empresas y dependencias públicas están obligadas a realizar los “ajustes razonables” necesarios para que los entornos laborales sean seguros y accesibles. Pero, en los hechos, agrega, la realidad es otra.

La legislación michoacana no solamente prohíbe la discriminación, también establece obligaciones concretas para quienes los contraten. “Los empleadores deben ser proactivos”, destaca el licenciado Torres, “están obligados a ajustar los espacios de trabajo, promoviendo la adaptación de instalaciones físicas y equipos, y a garantizar que las condiciones laborales sean seguras y saludables”.

Los testimonios de diferentes empresarios y dueños de negocios revelan las dudas, prejuicios y preocupaciones prácticas que, en muchos casos, impiden la contratación para este sector poblacional. Dinora, dueña de un restaurante en el centro de Morelia, expresó que podría contratar a personas con discapacidad; pero que, de hacerlo, habría barreras que impiden un buen servicio al cliente o que, incluso, el trabajador podría resultar lesionado.

“Sí beneficiaría contratar a alguien con discapacidad en términos de imagen. Sería algo positivo para la marca del restaurante. Pero la operación es muy demandante. ¿Qué pasa si un empleado con discapacidad auditiva no escucha la orden de un cliente?”. Según ella, la comunicación resulta fundamental. “¿O si alguien con una discapacidad visual no puede moverse con seguridad por la cocina? El riesgo de accidentes es alto. A mí me gustaría ser más inclusiva, pero el riesgo y la responsabilidad legal que asumo me detienen. No me siento con las herramientas para gestionar esos desafíos y proteger tanto al empleado como al negocio”.

Además de estas obligaciones, existen incentivos para las empresas que deciden optar por la inclusión. “La ley contempla la posibilidad de otorgar estímulos y beneficios fiscales a las empresas que integren a personas con discapacidad en su plantilla laboral”, revela el especialista en derecho laboral. “Es un mecanismo para reconocer el compromiso social de las compañías”.

María Gómez, de 34 años, mujer con discapacidad visual, narró a buzos su experiencia buscando empleo en la capital michoacana. “Es complicado, la mayoría de las empresas me rechazan desde la entrevista. Cuando consigo empleo, casi siempre me ofrecen menos sueldo en comparación con mis compañeros sin discapacidad; aunque sean las mismas funciones, las razones no las dicen directamente; pero suelen decir cosas como que tardo más o que me apoyan como si darme trabajo fuera un favor y por mi parte no es falta de voluntad, sino de las empresas”, lamentó.

Para aquellos trabajadores que sientan que sus derechos son vulnerados, el licenciado Torres Gonzaga explica que hay varias instancias a donde pueden acudir: “la persona puede acercarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tratarse de un acto de discriminación”. El abogado también recomienda buscar asesoría legal para iniciar un proceso ante el Tribunal Laboral.

La inclusión laboral en Michoacán es un derecho que, aunque respaldado por la ley, requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad, las empresas y el gobierno. La voz de expertos como el licenciado Alejandro Torres resulta fundamental para exhibir este tema y avanzar hacia un futuro más justo e inclusivo para todos.

El frente más crítico de la lucha por la igualdad laboral

La lucha por un empleo digno y justo es uno de los frentes más críticos y complejos. Según el Inegi, las personas discapacitadas en Michoacán ganan en promedio 25.6 por ciento menos que las personas sin discapacidad. Esta brecha salarial es un claro indicador de la profunda desigualdad económica y la discriminación que enfrentan. A pesar de los esfuerzos legislativos, como la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Michoacán de Ocampo, la aplicación de estas políticas resulta deficiente.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reportó que las mujeres sin discapacidad ganaban cuatro mil 600 pesos mensuales en promedio, frente a los tres mil 59 pesos de las mujeres con discapacidad; es decir, mil 541 pesos menos, un claro ejemplo de discriminación interseccional.

Carlos Méndez, integrante de un sindicato de trabajadores estatales de Morelia reveló a buzos la cantidad de quejas provenientes de empleados en el mismo sindicato sobre la desigualdad salarial de las personas discapacitadas:

“En el sindicato existen varias quejas, sobre todo en instituciones públicas donde, aunque se presume inclusión, las personas con discapacidad están en plazas temporales y con sueldos más bajos que quienes realizan las mismas funciones”.

En conjunto, las personas con discapacidad trabajan menos (40 por ciento de ellas), y quienes laboran ganan 33.5 por ciento menos que la población general económicamente activa. Únicamente el 24.9 por ciento de las personas con discapacidad cuenta con un contrato laboral formal, en comparación con 39.7 por ciento en quienes no tienen discapacidad.

La lucha por la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad en Michoacán representa una batalla por la justicia social y los derechos humanos. Es una exhortación al gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La verdadera inclusión no consiste solamente en una meta, es necesario construir una sociedad más justa, equitativa y próspera para todos.

La comunidad de personas discapacitadas en Michoacán recuerda que su lucha pretende romper una barrera consolidada por las escasas iniciativas de la autoridad; que, si ejerce acciones, puede abrir puertas para todos; la transformación laboral comienza con la voluntad de distinguir a las personas por su potencial, no por sus limitaciones.