La reconfiguración geopolítica de la posguerra híbrida en Ucrania no favorece a Estados Unidos (EE. UU.) que, para preservar su hegemonía, reactiva la Diplomacia de Cañoneras en El Caribe. Su coartada radica en el narcotráfico, un nuevo frente de saqueo y golpismo para frustrar la autodeterminación de Nuestra América.

Tras imponer un virtual Estado de Sitio en Washington, llamar “héroe de guerra” al genocida Benjamín Netanyahu y criticar al Instituto Smithsonian por “exagerar” lo malo de la esclavitud, Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares (mdd) la recompensa por capturar al presidente de Venezuela para, después, ocupar y desvalijar a ese rico país.

No presenciamos una operación antidrogas en El Caribe, sino la jugada geopolítica de múltiples capas para influir en la región: una para presionar al gobierno del presidente Maduro, la otra para apretar el cerco militar sobre Cuba y, la final, para ampliar el marco legal que convierte a las mafias en “terroristas”.

En paralelo, EE. UU. escenifica en El Caribe una demostración de poder que sitúa a Venezuela en el epicentro de su confrontación con Eurasia. Eso ocurre cuando las piezas del tablero geopolítico se dinamizan en todo el planeta y el mapa de tensiones se reconfigura en América Latina.

Ahora resulta indudable que Venezuela represente un gran activo estratégico. A su riqueza energética se suman sus cuantiosos recursos, que muestran casi toda la tabla periódica de elementos; por lo que, para el imperialismo corporativo, asaltarlo significa un paso imperativo por vencer a China en su rivalidad de poder.

Por ello surgió la ficticia lucha antidrogas como coartada que justifique esa ofensiva. En cuanto regresó a la presidencia, Trump la diseñó con precisión quirúrgica e inició su implacable campaña mediática, diplomática, militar y comercial.

Al militarizar El Caribe, el magnate optó por un cambio táctico que redefine la función de su Ejército sobre aspectos criminales. La ofensiva mediática se perfila hacia allá porque alienta la desconfianza y el temor de los venezolanos para romper el fuerte vínculo con su gobierno.

Otro eje del plan consistió en duplicar la recompensa por capturar al presidente Nicolás Maduro, mostrarlo como líder de un grupo delictivo y negar su legitimidad. Es la falsa premisa para desvalijar a la dirigencia de la Revolución Bolivariana de la enorme estatura moral que ha ganado.

Conforme a ese guión, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que hay cargos contra el Ejecutivo venezolano por tráfico de drogas. Eso apunta a escenarios catastróficos: que sicarios asesinen a Maduro para cobrar la recompensa, o que sea fugitivo de la ley estadounidense, según declaró el exsubdirector de Inteligencia del Comando Sur, Jesús Daniel Romero, a la colombiana FM.

Esa criminalización intenta infructuosamente borrar los logros bolivarianos, pese a las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU. Hoy, los venezolanos gozan de salud y educación pública gratuita con excelente calidad, 96 por ciento de soberanía alimentaria, mejor empleo y la construcción de cinco millones de viviendas dignas.

Monroísmo trumpista

Con el cerco geopolítico a Venezuela, Trump resucita el viejo lema de James Monroe y muestra a China, Rusia e Irán que “América es para los americanos”. Por ello observamos el espectáculo de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Simpson en El Caribe –con sus misiles Aegis capaces de rastrear objetivos aéreos y marítimos– aviones espía P-8 Poseidón y drones.

A esa hollywoodesca exhibición de capacidad bélica se suma el buque de desembarco anfibio USS Iwo Jima y se alistan el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio. Con ellos van más de cuatro mil agentes militares –la mayoría marines–, el Grupo Anfibio Ready y la 22^a Unidad Expedicionaria de Marines, listos para desembarcar en costas de América Latina y El Caribe.

Sin embargo, expertos en operaciones contra adversarios difíciles cuestionan la idoneidad de los marines en esa tarea, pues carecen de entrenamiento en lucha antidrogas y necesitarían a la Guardia Costera que no ha sido requerida. Pero the show must go on (la función debe continuar).

No obstante, Donald Trump ignora, como Comandante en Jefe del ejército más poderoso de la región, que donde sus fuerzas armadas se pavonean, en febrero de 2014 se proclamó Zona de Paz por la Comunidad de Estados de America Latina y El Caribe (CELAC).

 Reunida en La Habana, Cuba, la organización regional de 33 países –México incluido– refrendó su compromiso con la solución pacífica de conflictos, el respeto al Estado de Derecho y el desarme nuclear.

Pese a ello, el empresario reedita la colonialista Diplomacia de Cañoneras para desestabilizar a Nuestra América. Esa rancia fórmula del Monroísmo se adereza con la coartada de combatir al narcotráfico e invadir a una pacífica nación mediante la insostenible y humillante acusación contra su presidente.

Detrás de esa ofensiva se oculta la incapacidad del imperialismo para combatir a las mafias del narcotráfico, ese enemigo elusivo capaz de ocultarse en las coordenadas y poderosas cámaras de drones que sobrevuelan El Caribe, pero siempre omnipresente en la propaganda injerencista imperial.

Aunque a estas horas parece remota la posibilidad de que las cúpulas imperialistas aprueben la vía militar en Venezuela, es probable que la derecha local escale su violencia para cumplir su frustrada misión de socavar la Revolución Bolivariana y así satisfacer al huésped de la vivienda con el número 1660 de la avenida Pennsylvania, en el hoy cercado Washington D.C.

Drogas y geopolítica

La actual exhibición de fuerza naval y bélica estadounidense en El Caribe no tiene precedentes. Esta falaz operación antidrogas no ha mostrado pruebas que sitúen al gobierno de Venezuela al centro del tráfico de drogas, como tampoco lo han efectuado la Casa Blanca, la Comunidad de Inteligencia, el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Estado o sus desacreditadas agencias contra el crimen.

 Hace décadas, la inteligencia estadounidense develó la geopolítica del narcotráfico e identificó sus vectores; entre ellos, el 90 por ciento de drogas producidas en Suramérica llega a EE. UU. por el Pacífico.

Esto refuta la versión de Donald Trump de que desde El Caribe llega la amenaza de las drogas y así se perfila contra el país sudamericano. En su fobia por Venezuela, intenta ocultar el llamado Vector del Pacífico Oriental, por donde ingresa a EE. UU. el 74 por ciento de la cocaína, según la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas.

En particular desde Colombia y Ecuador donde, paradójicamente, EE. UU. tiene bases militares. En el este del Pacífico fluyen los estupefacientes, confirmaron operativos antidrogas recientes de la Guardia Costera, que el 19 de agosto incautó 589.6 kilogramos de cocaína y el 21 detuvo a dos ecuatorianos, lo que viralizó la broma: “Buscaban a Maduro y encontraron a Noboa”.

En el Pacífico norte, Canadá desempeña un rol fundamental, convertido en tierra fértil para el fentanilo: peligroso opioide sintético cuya importación, producción y exportación aumentó 42 por ciento en cinco años, según la inteligencia criminal canadiense.

Por ello, la misión del Zar Antidrogas, Kevin Brosseau, consiste en interceptarlo antes de que entre a EE. UU. y evitar que Trump penalice a ese país; desde luego, no con acorazados en sus costas del Pacífico.

En cambio, el tránsito de drogas por El Caribe resulta muy menor, reportó hace más de 15 años el Centro Nacional de Inteligencia de Drogas estadounidense (National Drug Intelligence Center, NDIC). Su informe 2008 refirió que, por la ruta Puerto Rico e Islas, pasa el uno por ciento de la cocaína; por el vector Haití-República Dominicana, el ocho por ciento y en el de Jamaica uno por ciento. Es decir, apenas 10 por ciento sobre esa región.

Esto evidencia que en cinco décadas de Guerra Antidrogas se aplicó una estrategia fallida. Hoy, las grandes mafias del narcotráfico “tienen presencia y vínculos en casi todo el mundo”, admitió desde 2023 la Administración de Control de Drogas (DEA).

EE. UU. no quiere acabar con el consumo de drogas, lo corrobora la disolución del NDIC, en 2012, cuya tarea fue asignada al Comando Sur. Hoy su jefe, el almirante Alvin Hosley, realiza frenéticas visitas a Argentina y otros aliados para alinearlos con la doctrina de seguridad nacional en cada país.

La dimensión geopolítica del abordaje militar de Trump, con su coartada monroísta antidrogas, constituye una arquitectura imperialista para socavar la soberanía regional. Esa visión no resolverá el grave problema de salud pública por consumo masivo de sustancias ilícitas en EE. UU., sólo empeorará la violencia y quebrantará derechos humanos, describe el Observatorio Lawfare.

Es cierto que está presente la vía del complot terrorista. El ocho de agosto se desmanteló un gran atentado terrorista en la Plaza Bolívar, cuya onda expansiva habría alcanzado 9.1 kilómetros, mientras se incautaban mil 500 cajas con explosivos, armas automáticas y rifles para francotiradores. Ése sería el escenario para justificar la invasión estadounidense, explicó el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

El presidente Nicolás Maduro calificó las amenazas estadounidenses como “extravagantes, estrambóticas y estrafalarias”, dispuso un Plan Especial de Seguridad y activó a 4.5 millones de milicianos, como ejemplo de la tenaz, sabia e inteligente resistencia de los venezolanos contra el saqueo y la sumisión.

En reacción, 10 miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), condenaron ese amago “Disfrazado de operación antidrogas como amenaza a la paz y a la estabilidad de la región que viola el Derecho Internacional.

Coartada contra Eurasia

Para el imperialismo estadounidense, la creciente cooperación entre gobiernos latinoamericanos antihegemónicos y potencias extrarregionales como China, Rusia, Irán, Turquía e incluso Irán, representa un desafío a su hegemonía sobre América Latina.

La enemistad entre EE. UU. y China es más geopolítica que comercial, pues el veloz desarrollo del país asiático superó la expectativa estadounidense que lo veía como eslabón en las cadenas de producción de una economía liderada por los gringos.

Otra amenaza al imaginario imperial de dominar Eurasia fue el reposicionamiento mundial de Rusia, que se acentuó cuando surgió el nuevo orden multipolar con China. La intención permanente de Washington ha consistido en aplastar esa competencia que amenaza su posición de potencia hegemónica, refiere Philip Golub.

Para frenar la influencia de esos actores extrarregionales, EE. UU. recurre a su Comando Sur, que con 31 miembros y jurisdicción en 24.9 millones de kilómetros cuadrados, posee tres líneas de acción: Contrarrestar Amenazas, Fortalecer alianzas con las “democracias” de la región y Fortalecer la Lucha contra el Narcotráfico.

Todas se vinculan al narcotráfico con “la amenaza hacia la democracia”, como hizo el 12 de marzo de 2024 la entonces jefa del Comando, la generala Laura J. Richardson, quien sostuvo que las organizaciones criminales –no el histórico colonialismo ni el capitalismo corporativo– dejan pobreza, inseguridad, muerte e inestabilidad tras de sí.

En octubre, Richardson urgió a desplegar un nuevo Plan Marshall sobre la región y enfrentar la creciente influencia de esas potencias euroasiáticas. Al término de su gestión, en noviembre, insistió en que China y Rusia no respetan a sus pueblos y “son incapaces de respetar a los demás”.

El nuevo jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, mantuvo esa premisa. En su primer mensaje, el 13 de febrero, criticó a los “regímenes autoritarios” de China y Rusia, alertó contra su “metódica incursión” regional y subrayó que Rusia apoya militarmente a regímenes antiamericanos. Holsey reunió el riesgo representado por esas potencias con el de las Organizaciones Criminales Trasnacionales y Organizaciones Extremistas Violentas, impulsoras de drogas, migración ilegal y anarquía en fronteras estadounidenses.

Trump lo escuchó y, en su segunda presidencia, clasificó como “organizaciones terroristas y extranjeras” al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y otros seis grupos delictivos en México. El ocho de agosto, en la medida más agresiva contra las drogas, autorizó el uso de la fuerza militar contra “esas mafias”.