Se ubica en Zumpango, Estado de México (Edomex), está cercado con tablas, es un inmueble construido hace 11 meses y ningún usuario ha cruzado sus puertas. Se trata de una de las dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar que en enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió instalar para que los 31 millones de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal pudieran retirar sus apoyos monetarios.

Desde el principio, este proyecto ha ido de tropiezo en tropiezo; primero disminuyó el número original de sucursales; después se retrasó el inicio de su construcción y, entre otros problemas, el proceso de licitación para adquirir los cajeros automáticos que ofrecerán el servicio principal del Banco del Bienestar.

Pero más allá de estas vicisitudes y de la posible contradicción entre la declaración presidencial de extinción del “periodo neoliberal”, en 2019, y la promoción de la bancarización –iniciativa eminentemente neoliberal–; desde el punto de vista financiero, el problema de fondo que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) enfrenta es esencialmente operativo.

La mayoría de los mexicanos para quienes fue creado el Banco del Bienestar difícilmente podrán utilizar todos sus servicios bancarios, porque los magros depósitos monetarios mensuales o bimestrales no les alcanzarán para ahorrar, invertir, contratar créditos o utilizar otros productos.

En los lineamientos del decreto presidencial determinados por la conversión del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo –documento publicado en 2019 en el Diario Oficial de la Federación– se dice que la nueva institución ofrecerá programas de ahorro e inversión, productos de crédito, préstamo de servicios financieros, cuentas de ahorro y de crédito.

Pero el objetivo principal del Banco del Bienestar consiste en distribuir los recursos de los programas sociales del Gobierno Federal. Es decir que, a través de sus cajeros automáticos, entregue los más de 35 mil millones de pesos (mdp) de una decena de programas, entre ellos las becas de educación básica y educación media superior; Jóvenes Construyendo el Futuro; la Escuela es Nuestra; las pensiones para las personas con discapacidad y adultos mayores; Sembrando Vida y los programas de reconstrucción de vivienda y mejoramiento urbano.

El retraso de un año en la edificación de las sucursales –el Presidente se había comprometido a entregar casi la mitad a finales de 2020– lo indujo a encargarle al Ejército las pendientes, trabajo que se sumó a otras tareas, como las obras del aeropuerto de Santa Lucia y el Tren Maya.

Por ello, miles de “beneficiados” no pueden hacer uso del Banco del Bienestar porque la mayoría de sus sucursales están cerradas y tienen que retirar los apoyos monetarios en el Banco Azteca, luego de un acuerdo firmado entre el Gobierno Federal y el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien incrementó su fortuna en cuatro mil millones de dólares (mdd) en 2019, según la “Lista de Multimillonarios” de la revista Forbes, pues pasó de siete mil 100 mdd en 2018 a 11 mil 100 mdd un año después.

Mexicanos sin acceso a la banca

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detectó que solo cuatro de cada 10 mexicanos tienen acceso a los servicios financieros y que los habitantes de los estados del norte son los que tienen mayor acceso, pues ocho de cada 10 tienen algún servicio bancario como cuenta de banco, tarjeta de crédito o débito, crédito de vivienda o personal.

Los habitantes del sur, en contraste, son los que tienen menos posibilidades de abrir una cuenta bancaria; según la ENIF 2018, solo cuatro de cada diez personas disponen de una, y la mayoría la tienen para recibir los apoyos gubernamentales.

En 2012, el Inegi realizó la primera encuesta sobre la bancarización en México. En casi una década, el porcentaje de acceso a los servicios bancarios no ha variado mucho. Por ejemplo, de 2015 a 2018 se sumaron dos millones de personas con edades de 18 a 70 años, que abrieron una cuenta o realizaron algún servicio bancario.

En 2015, el 44 por ciento de los mexicanos tenían una cuenta de banco y en 2018, llegaron al 47 por ciento. En el caso de los créditos, el porcentaje de los usuarios era menor, pues en 2015 representaban 29 por ciento y, en 2018, 31 por ciento.

Estas cifras no difieren mucho de las computadas por la empresa Minsait Payments, cuyo estudio del año pasado reporta que siete de cada 10 mexicanos no tienen acceso a los servicios que ofrecen las instituciones bancarias, pues apenas el 36.9 por ciento dispone de un servicio bancario. Según el análisis Tendencias de Medios de Pago, de las personas que en el país tienen acceso al sistema financiero, el 55.3 por ciento usa dos o más bancos para realizar transacciones.

Todo lo anterior parece haber sido soslayado por el gobierno de la 4T; su proyecto de ubicar sucursales del Banco del Bienestar en pequeñas ciudades del país –sobre todo en las que hay más de 20 mil habitantes– olvida las condiciones de pobreza en que viven los pobladores de cientos de municipios en el país y cuyos ingresos salariales resultan muy bajos.

Es obvio que las sucursales del Banco del Bienestar están pensadas para que muchas familias receptoras de remesas provenientes de Estados Unidos (EE. UU.) sean controladas por el Gobierno, como el propio Presidente ha reconocido al describir esos ingresos como un motor de desarrollo de las comunidades, y aun como una expresión de los supuestos éxitos del gobierno de la 4T.

Sin embargo, el 22.3 por ciento de los municipios del país no cuenta con puntos de acceso bancario, y la mayoría de los posibles usuarios está ubicada en la región sur-sureste de entidades como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Es decir, en las entidades más pobres de México hay menor inclusión financiera, según el Inegi.

El reporte Logros y retos de la inclusión financiera en México, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) revela que, si bien el acceso de la mayoría de mexicanos a los servicios bancarios puede favorecer las condiciones de las familias, este elemento potencial depende de que los ingresos salariales o empresariales de las personas mejoren, pues de otra manera, no es posible esperar ese impacto. En otras palabras: sin dinero, las personas pobres no tienen necesidad de ir a un banco.

Sucursales fuera de servicio

Ha transcurrido un año y AMLO incumplió su promesa de construir mil 350 sucursales en 2020 y el mismo número en 2021. La mañana del pasado seis de enero, en su conferencia matutina, anunció que construiría dos mil 700 sucursales en dos años. El año pasado, apenas construyó 230, pero la mayoría de éstas se encuentran fuera de servicio.

Ejemplo de lo anterior es la sucursal ubicada en un predio de la Secretaría de Desarrollo Rural en la carretera Zumpango-Tecámac. Jamás ha abierto y los lugareños ignoran cuándo entrará en operaciones; mientras los beneficiarios de programas sociales retiran sus apoyos en un Banco Azteca, institución que se ha beneficiado con el retraso del Banco del Bienestar. Uno de los vecinos de Zumpango comentó que sería bueno que ya operara esta sucursal, porque así muchos de los beneficiarios de los programas sociales no tendrían que desplazarse para retirar sus apoyos.

En septiembre del año pasado, la Presidencia anunció la conclusión de 230 nuevas sucursales y declaró que formaban parte de un “ambicioso proyecto del Gobierno de México para garantizar que, a través de la construcción de nuevas sucursales del Banco del Bienestar, los recursos de los programas sociales lleguen directamente a los beneficiarios y se incluya financieramente a más mexicanos”.

La directora del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Maury, informó que el estado de Puebla encabezaba la lista con 24 nuevas sucursales y, pese a los limitados resultados del proyecto, insistió en que en breve plazo se construirán las dos mil 700 sucursales “con el fin de distribuir los fondos destinados a los beneficiarios de programas sociales que habitan en comunidades apartadas, donde no existen bancos, cajeros automáticos ni otro medio de recibir los recursos para que no tengan que recorrer grandes distancias”.

El Gobierno presupuestó 10 mil mdp para la construcción de las sucursales en 2021. A principios de enero de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberó cinco mil mdp con los que pretende avanzar en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar.

Sin embargo, debido a que el grueso de los fondos controlados por el Banco del Bienestar proviene de recursos públicos, esto representa un riesgo a futuro como institución bancaria. Una auditoría externa a cargo de MGI Bargalló Cardoso y Asociados, S.C., que evaluó los estados financieros del Banco del Bienestar en 2018 y 2019, concluye que “hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Institución deje de continuar como negocio en marcha”.

Además, “concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración de las bases contables aplicables a un negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Institución para continuar como negocio en marcha”, explica.

Pero el Gobierno Federal no considera al Banco del Bienestar como un negocio, sino como una institución para “distribuir los fondos destinados a los beneficiarios de programas sociales que habitan en comunidades apartadas, donde no existen bancos, cajeros automáticos ni otro medio para recibir los recursos, y que no tengan que recorrer grandes distancias”, afirma el documento.