La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Juan Martín Morales Barrera, dirigente nacional del movimiento disidente Fuerza Oro Negro y aspirante a la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), informó que el gremio desconoce a Ricardo Aldana Prieto como secretario general nacional, “por protagonizar una elección claramente amañada e ilegal”.
Ricardo Aldana fue reelecto este año para continuar al frente del Comité Ejecutivo General del STPRM durante el periodo del 1 de enero de 2025 hasta diciembre de 2030.
Mediante un comunicado, Morales Barrera afirmó que sigue trabajando por la transformación sindical, a pesar de la “complicidad evidente” entre la actual dirigencia y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, quien, “a pesar de las irregularidades documentadas, decidió otorgar la toma de nota a Ricardo Aldana, validando una elección antidemocrática”.
En este contexto, solicitó “la reposición del proceso de elección del Comité Ejecutivo General y del Secretario General Nacional del STPRM, debido a la opacidad, parcialidad y actos de corrupción ocurridos durante el proceso”.
Además, hizo un llamado a la observación, participación activa y acercamiento de los diferentes grupos parlamentarios del Senado de la República y la Cámara de Diputados, para visibilizar el tema y trabajar de forma conjunta con los sindicatos y la base trabajadora, con el fin de “erradicar las viejas prácticas de corrupción” dentro del gremio petrolero.
Morales Barrera también expresó la exigencia de los trabajadores del sector para que tanto la STPS como Petróleos Mexicanos (Pemex) “sean responsables y participen activamente en el proceso de transformación del país con el STPRM, y no contribuyan a la causa” del grupo que actualmente ocupa la dirigencia del Sindicato.
Finalmente, sostuvo que la disidencia petrolera “mantiene su lucha en el ámbito legal tanto nacional como internacional” y mantiene acercamientos con diversos actores del Poder Legislativo, con el objetivo de que se escuche la voz de todo el gremio.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410