Las reformas a la Ley de Amparo, los peritajes costosos y la falta de abogados han convertido la defensa del territorio en un viacrucis para las comunidades indígenas y campesinas en México.
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El Tren Maya abrió al público los tramos 6 y 7, los cuales quedaron pendientes durante la administración del expresidente Andrés López Obrador; tras cumplir un año de operaciones sólo alcanzó el 20 por ciento de su meta de pasajeros y recibió demandas para mejorar el servicio.
La obra del Tren Maya conecta los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y pone a disposición del público todo el recorrido con sus 34 estaciones, que abarcan mil 554 kilómetros; sin embargo, en su primer año de operaciones atendió a 603 mil 182 pasajeros, lo que representa apenas el 20 por ciento de los tres millones inicialmente previstos.
Además, el proyecto ha sido cuestionado por su sobrecosto, que supera los 500 mil millones de pesos, cuando originalmente se habían presupuestado 140 mil millones. A pesar de esto, el Gobierno Federal destinará otros 40 mil millones de pesos al Tren Maya para 2025.
Según usuarios, el Tren Maya enfrenta problemas derivados de la falta de planeación, como la ausencia de conectividad directa entre las estaciones y los aeropuertos, lo que obliga a recurrir a taxis a precios elevados.
Por otro lado, Greenpeace informó que el proyecto ha deforestado cerca de seis mil 659 hectáreas de selva, lo que representa el 61 por ciento de la superficie ocupada por las obras. Además, indicó que el 87 por ciento de la deforestación se ha realizado sin autorización para el cambio de uso de suelo forestal.
Finalmente, la organización señaló que el Tren Maya no sólo pone en peligro la biodiversidad local, sino también el acuífero maya, una de las principales fuentes de agua dulce de la región, que se ha visto afectado por los cambios en la estructura del suelo y la alteración del flujo de agua.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.