Los bombardeos violan el derecho internacional humanitario.
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                    Foto: Michael Balam/Cuartoscuro
Alrededor de ocho mil personas se manifestaron por tercera ocasión en la ciudad de Campeche para exigir la destitución de la titular de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcela Muñoz, así como la renuncia de la gobernadora de extracción morenista Layda Sansores.
Al grito de “traidora” y “fuera Layda”, los manifestantes tomaron las calles y marcharon desde el Asta Bandera hasta el Palacio de Gobierno como una muestra de apoyo a los uniformados de la entidad, quienes exigen la destitución de la funcionaria de seguridad.
Para evitar la tercera movilización que sucedió el domingo 24 de marzo, la gobernadora ofreció un diálogo con el cuerpo de seguridad del estado; sin embargo, no se concretó el encuentro y mucho menos, se ha realizado la remoción del cargo de Marcela Muñoz.
Los manifestantes exigen la destitución de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a quien acusan de ser la responsable de poner en riesgo la vida de los uniformados durante un operativo “fallido” luego de registrarse un motín en el penal de San Francisco Kobén, ya que los policías no contaban con equipo de seguridad y no fueron notificados sobre la razón del despliegue.
 
                            Los bombardeos violan el derecho internacional humanitario.
 
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                            Tras el paso del frente frío 11, el país se prepara para un nuevo sistema que traerá bajas temperaturas, lluvias y vientos intensos este fin de semana.
 
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                            En el operativo se aseguraron actas de nacimiento, juguetes, celulares y dinero como evidencia del delito.
 
                            A pesar de que el Huracán bajó a categoría 1, se mantienen alertas en Bahamas, La Española, Cuba y Jamaica.
 
                            El 92% de las denuncias por despojo no reciben atención directa de las autoridades y sólo el 2% culmina con la recuperación del inmueble.
 
                            El proceso iniciará con una fosa piloto que contiene 287 cuerpos; de ellos, 67 cuentan con hipótesis de identidad y 102 permanecen sin identificar.
 
                            Leyva Ávalos actuó bajo las órdenes de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del Estado, señaló Harfuch.
 
                            La venta del emblemático pan de muerto aporta hasta una quinta parte de los ingresos anuales de las panaderías, reafirmando el poder económico y simbólico de esta tradición.
 
                            Los estados y la Policía Preventiva también se desploman en credibilidad; la desconfianza se consolida como el nuevo sentir nacional.
 
                            El proyecto establece que el solicitante debe tener plena capacidad para decidir sobre su vida y su muerte.
 
                            Mientras las autoridades de Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México evaden su responsabilidad, el cuerpo permanece sin resguardo.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.