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Nacional
Diputados van contra venta fraudulenta de automóviles en CDMX
En lo que va del año se han registrado mil 991 robos de vehículos en la capital del país.
En la Ciudad de México, el robo de vehículos ha crecido de manera alarmante. Según datos de la Fiscalía capitalina, en los primeros cuatro meses de este año se registraron mil 991 robos de vehículos, de los cuales 454 ocurrieron con violencia y mil 537 sin violencia. Además, la cifra de vehículos adquiridos de manera fraudulenta a través de la modalidad de “cheque salvo buen cobro” ha aumentado exponencialmente en los últimos años.
Ante esta situación, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Sánchez Miranda, presentó este martes al pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa destinada a salvaguardar la libertad de los ciudadanos que, actuando de buena fe, se ven envueltos en una pesadilla legal sin ser culpables.
La propuesta busca proteger a los ciudadanos mediante una reforma al artículo 244 del Código Penal del Distrito Federal y al artículo 63 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Además, se pretende elevar a rango de Ley el programa “compra segura” y la plataforma del Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI), creados y operados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estas herramientas, aunque ya existen, no son lo suficientemente conocidas ni accesibles para la mayoría de la población.
Asimismo, la iniciativa propone que los compradores que utilicen mecanismos como el contrato de compraventa, la carta responsiva, la consulta en el registro de automotores de procedencia ilícita o “compra segura” queden protegidos de cualquier sanción penal por encubrimiento o receptación.
Finalmente, Sánchez Miranda recordó que la legislación actual penaliza a quienes compran un vehículo robado sin saberlo, imponiendo las mismas sanciones a estas personas que a quienes conscientemente encubren un delito. El artículo 244 del Código Penal establece penas de dos a siete años de prisión para quienes no adopten las “precauciones indispensables” al adquirir un bien.
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