Exigen un diálogo con las autoridades capitalinas y condiciones equitativas de venta.
CDMX
Proponen cárcel de hasta tres años a “huachicoleros” de agua
El Congreso CDMX turnó a Comisiones una propuesta que impondría de seis meses a tres años de prisión y multas de hasta 32 mil 571 pesos a quien realice "huachicoleo" del vital líquido.
La diputada local del PRI, Guadalupe Barrón Hernández, presentó al pleno del Congreso local una propuesta que impondría de seis meses a tres años de prisión y multas de hasta 32 mil 571 pesos a quien instale en forma clandestina infraestructura hidráulica (también llamado huachicoleo) del vital líquido.
Este martes, en sesión ordinaria, la legisladora presentó al pleno del Congreso local una Iniciativa para añadir el artículo 347 sextus al Código Penal para la Ciudad de México y derogar diversas disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la capital.
Las sanciones propuestas están dirigidas “a quien altere, deteriore, manipule o instale en forma clandestina la infraestructura hidráulica, así como ejecutar o consentir que se realicen de manera provisional o permanente derivaciones de agua o drenaje”.
Actualmente, dichas conductas son sancionadas con multas de 100 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, cuando se trate de usuarios domésticos, y de 500 a tres mil a aquellos "no domésticos".
La representante popular por las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón recordó que, de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se detectaron 124 tomas clandestinas de agua de 2018 a 2023, en diversos lugares de la capital del país.
Mencionó que la conducta de alteración de la red hidráulica para instalar tomas clandestinas es cada vez más común en la CDMX, por lo que se necesita endurecer los castigos de esta práctica ilegal, ya que la situación de abastecimiento de agua es cada vez más severa. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier conducta que limite este derecho básico es ilegal.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Gestión Integral del Agua.
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