Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
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La diputada local del PRI, Guadalupe Barrón Hernández, presentó al pleno del Congreso local una propuesta que impondría de seis meses a tres años de prisión y multas de hasta 32 mil 571 pesos a quien instale en forma clandestina infraestructura hidráulica (también llamado huachicoleo) del vital líquido.
Este martes, en sesión ordinaria, la legisladora presentó al pleno del Congreso local una Iniciativa para añadir el artículo 347 sextus al Código Penal para la Ciudad de México y derogar diversas disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la capital.
Las sanciones propuestas están dirigidas “a quien altere, deteriore, manipule o instale en forma clandestina la infraestructura hidráulica, así como ejecutar o consentir que se realicen de manera provisional o permanente derivaciones de agua o drenaje”.
Actualmente, dichas conductas son sancionadas con multas de 100 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, cuando se trate de usuarios domésticos, y de 500 a tres mil a aquellos "no domésticos".
La representante popular por las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón recordó que, de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se detectaron 124 tomas clandestinas de agua de 2018 a 2023, en diversos lugares de la capital del país.
Mencionó que la conducta de alteración de la red hidráulica para instalar tomas clandestinas es cada vez más común en la CDMX, por lo que se necesita endurecer los castigos de esta práctica ilegal, ya que la situación de abastecimiento de agua es cada vez más severa. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier conducta que limite este derecho básico es ilegal.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Gestión Integral del Agua.
Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
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El alcalde morenista, Janecarlo Lozano no recibe a los vecinos y argumenta que no es su problema.
Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
Un comensal se acercó a la mesa de Yunes y lo llamó “traidor”.
Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera