La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.
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Por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, Gerardo Sánchez Zumaya, proveedor de Pemex, enfrenta una denuncia tras ser señalado por un supuesto saqueo de más de 15 mil millones de pesos mediante contratos irregulares para suministrar materias primas a la petrolera.
El pasado 5 de noviembre, fue presentada la denuncia ante la Fiscalía de Tabasco, donde se acusa al empresario de involucrar una red de empresas y prestanombres en actividades fraudulentas durante dos años, desde 2022 hasta 2024.
La denuncia proviene de un grupo de empresas que alertaron a Pemex sobre una posible competencia desleal y el robo hormiga de materias primas para su posterior reventa. El representante legal de este grupo aportó miles de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), declaraciones fiscales y actas constitutivas que vinculan a Sánchez Zumaya y sus presuntos prestanombres con empresas fantasma que operan desde colonias populares.
Cabe destacar que el pasado 16 de octubre, Sánchez Zumaya solicitó amparos ante el Juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí, con el fin de evitar una posible aprehensión. De acuerdo con la denuncia, el proveedor es socio en al menos 17 empresas que realizan transacciones entre ellas y están vinculadas a tres compañías en Estados Unidos.
Los documentos también implican a varios jóvenes sin experiencia empresarial que han emitido facturas millonarias sin justificar la adquisición de materias primas o productos que respalden dichos montos, entre ellos está José Rafael Castillo Florencia, quien en 2023 emitió facturas por más de mil 200 millones de pesos, a pesar de recibir facturas mínimas en comparación con el volumen de sus operaciones.
La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
Claudia Sheinbaum informó que la Cancillería presentará acciones legales ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de Estados Unidos.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.
Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.
La disminución se debió a la declinación natural de los yacimientos.
Pemex continúa apoyándose en recursos gubernamentales para enfrentar sus compromisos financieros.
La investigación de la FGR se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la posible participación en el esquema financiero del caso Agronitrogenados.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.