La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.

Analistas prevén dinamismo al finalizar la primera mitad del año.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.

La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.

Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.

La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.

El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.

Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.

El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.

Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.

La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.

Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.

La disminución se debió a la declinación natural de los yacimientos.

El desempeño de México se vio afectado por contracciones en inversión, producción y consumo.

Pemex continúa apoyándose en recursos gubernamentales para enfrentar sus compromisos financieros.