La Comisión Federal de Electricidad (CFE) compró carbón por dos mil millones de pesos a través de 60 adjudicaciones directas a productores de la región carbonífera en Sabinas, Coahuila, de acuerdo con el estudio “Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila”, realizado por México Evalúa. El acuerdo de varias empresas con CFE y con las que tiene que cubrir grandes cantidades de carbón, habría ocasionado que mineros trabajen sin las medidas necesarias de seguridad.

La adquisición sería por órden del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, ésta habría presentado varias anomalías que violan los principios anticorrupción de empresas públicas definidos por Transparencia Internacional; el Consejo de la OCDE sobre integridad pública; las Directrices en Materia de Lucha Contra la Corrupción e Integridad en las Empresas Públicas; además del propio marco legal de la CFE.

Según el documento, López Obrador le habría pedido al director de la CFE, Manuel Bartlett, realizar la compra, aun cuando la CFE no tiene la obligación legal de acatar dicha orden.

“La constancia de esta orden existe sólo en las declaraciones públicas del presidente de la República, así como del director y otras autoridades de CFE”, dice el estudio, por lo que resulta extraño incluso que ningún órgano de CFE cuestionara la viabilidad de la compra.

CFE viola su propio programa

Aun cuando la CFE tiene su programa anticorrupción publicado en 2019, a dos años de haberlo puesto en función no existen informes del Consejo de Administración que informen sobre avances del mismo.

“Esto preocupa, puesto que la idea de tener un programa anticorrupción, aunque suene a obviedad, es utilizarlo para llegar a un objetivo, no publicar una serie de principios inoperantes para cumplir con una mejor práctica en el papel. Sin un instrumento en el que se reflejen resultados, es imposible adecuar la estrategia de mejora”, concluye el documento.

Compra de carbón beneficiaría a senador Armando Guadiana

Otra de las inconsistencias tiene que ver con que probablemente la CFE no dio seguimiento a la compra de carbón, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles expusieron en reiteradas ocasiones irregularidades por parte de la CFE, además de haberle hecho señalamientos de corrupción en 2020.

“Un caso es el de la conexión del senador Armando Guadiana Tijerina y sus familiares con empresas que venden a CFE y que se verían beneficiadas con adjudicaciones directas en esta compra de carbón. Un reportaje de El País describe la relación del senador con al menos cuatro empresas (en tres aparece como apoderado, y en una lo hacen sus parientes cercanos) que abastecerán de carbón a CFE”.

Pero ese no es un caso aislado, esto pasa con 43 de las 54 empresas que obtendrían contratos con CFE y que están acusadas “de operaciones irregulares, muertes por negligencia en la extracción o por condiciones de incumplimiento con normas básicas laborales, ambientales o de seguridad (Rodríguez, 2020)”.

Mineros sufren los efectos de la corrupción

Las consecuencias se ven en accidentes fatales dentro de las minas. El ejemplo más reciente es el ocurrido el pasado 3 de agosto, donde la ruptura de una galería detonó la transferencia de agua a la mina de carbón “El Pinabete”, ubicada en Villa de Aguijita, municipio de Sabinas, Coahuila, lo que ocasionó que ésta se inundara y dejara a 10 mineros bajo tierra, quienes hasta hoy no han podido ser rescatados.

Estos casos demuestran que el Consejo de Administración no activó ningún mecanismo ni discutió cómo prevenir, atender o gestionar los señalamientos de corrupción alrededor de esta compra de carbón.

Así, la presente administración pretende apostarle a la política energética y a fortalecer a las empresas productivas del Estado, por ello, es importante darle especial atención a los posibles riesgos potenciales de corrupción, así como al diseño e implementación de los controles anticorrupción adecuados con la transparencia y rendición de cuentas.

Algo que dificulta la rendición de cuentas, según el estudio, es que no se ha realizado ningún informe público del programa anticorrupción, “no existe transparencia del proceso”, lo que evidencia que la compra no cumple con el principio anticorrupción.

Por último, el documento llama al Consejo de Administración a “tomar con seriedad la gravedad de los riesgos potenciales de corrupción a los que se enfrenta una empresa como CFE.

“Lo llamamos a dar el debido seguimiento y cumplimiento del programa anticorrupción, autoexigiéndose los más altos estándares en materia de anticorrupción e integridad pública”.