El 16 de octubre de 2018, el entonces gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se comprometió, ante los colectivos y familiares buscadores de personas desaparecidas, que no habría perdón ni olvido, sino castigo para los culpables; además, ofreció la pacificación de la entidad. Asumió esa responsabilidad en el municipio Colinas de Santa Fe y sobre el terreno donde habían exhumado más de 300 cráneos y miles de fragmentos óseos de personas desaparecidas. Hoy, a seis años de ese discurso, los datos oficiales demuestran omisiones de García Jiménez y el número de desapariciones se ha incrementado 59 por ciento.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) evidencia que en Veracruz han desaparecido seis mil 872 personas y que de este número más de dos mil 300 desapariciones se produjeron durante la administración de García Jiménez, militante de Morena.

Estas cifras ubican a Veracruz como el cuarto estado con más desapariciones y el primer lugar nacional en fosas clandestinas, como lo detalla la Plataforma Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que reporta 548 fosas clandestinas con 546 restos humanos.

Sin embargo, estos informes discrepan de los elaborados por asociaciones civiles y medios de comunicación, apoyados en datos de las procuradurías estatales; ellos revelan que entre 2006 y 2023 hubo tres mil 978 fosas clandestinas en el país, cifra superior a las mil 934 registradas por la Fiscalía General de la República (FGR).

En Veracruz, las desapariciones aumentaron dos mil 301.6 por ciento en el periodo de 17 años que va de 2006 a 2023. El compendio A quienes nos faltan: Datos para encontrarles, publicado por Data Cívica, advierte que, en este lapso, las desapariciones aumentaron 23 veces. También señala que hasta el 16 de mayo de 2024, 685 personas tenían menos de 18 años y que el 54.31 por ciento era adolescente.

De acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVM), proyectado por la Universidad Veracruzana (Univer), durante este sexenio, se habían contabilizado 499 feminicidios.

En agosto pasado se cumplió el plazo de seis meses otorgado por el Gobierno Federal a su homólogo estatal de Veracruz mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavi) con el fin de rendir un informe sobre el estado que guarda la solicitud de Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Mujeres (AVGDM).

Ésa fue la tercera solicitud formulada al gobierno de García Jiménez; pero hasta ahora también la ha incumplido; y Veracruz es la única entidad con tres Alertas de Género, la primera por Violencia de Género Contra las Mujeres y la segunda por Agravio Comparado por Discriminación Normativa en Derechos Sexuales y Reproductivos (ACDNDSR) y por Agravio Comparado y Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres (ACDNGDNAN). Desde el 2011, con excepción de 2012 y 2017, se han reportado más de 450 personas desaparecidas cada año.

Búsqueda en manos de familiares

Los familiares de los desaparecidos son quienes elaboran las fichas con datos básicos, pegan los carteles y las publican en las redes sociales; son ellos quienes impulsan leyes locales y nacionales en la materia, mientras que el gobierno estatal minimiza el problema, no asume su responsabilidad y criminaliza a las víctimas.

Los integrantes del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en la Zona Córdoba-Orizaba (FDOC) declararon a buzos que en la región de las altas montañas hay alerta porque ha aumentado el número de niñas y jóvenes desaparecidos; y que hasta ahora no han recibido respuesta a sus solicitudes de apoyo para elaborar las fichas de búsqueda y asesoría jurídica; lo que no significa que las desapariciones hayan cesado.

Consideran lamentable que, a pesar del recrudecimiento de estos graves problemas sociales, el gobierno de García Jiménez siga negando las estadísticas reales y se resista a emitir la tercera alerta de género por desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. 

“En la recta final, este gobierno, que no ha hecho absolutamente nada y sigue en la negación, al grado de ignorar las alertas de género y que de nada han servido, pues la Fiscalía General del Estado tampoco se ha pronunciado. Creo que está más preocupada en ver si se queda los años que restan de acuerdo a los mandatos o sabe que peligra su estadía, como pasa con cada cambio de administración”, denunció una de las buscadoras del FDOC.

Entre las principales exigencias de éste y otros colectivos destaca la dotación de un mayor presupuesto para las comisiones que apoyan a los familiares, como es el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV); agilizar los procesos en la FGE; retomar investigaciones suspendidas; establecer mesas de trabajo y otorgar trato igualitario y digno a los colectivos y las familias que actúan independientes.

El pasado 30 de agosto, durante la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Familiares Enlaces Xalapa, coordinado por la activista Victoria Delgadillo, exigió poner un alto a la indolencia de las autoridades estatales y difundió cifras alarmantes que consideran que existe ya una crisis humanitaria y forense en la entidad.

“La desaparición forzada es considerada como un crimen contra la humanidad, que no prescribe y que nos otorga a las familias todo el derecho a la reparación, a la justicia, a la dignidad humana y a la verdad. Sobre esos derechos nos amparamos y los haremos valer siempre (…).Todo mundo se pregunta ¿Y cuántos son y cuántas son? Lo cierto es que hay una danza de cifras; cada quien tiene su recuento y muchos casos ni siquiera han sido denunciados por miedo a represalias, por desconfianza en las instituciones, por una montaña de dolor que paraliza y apenas deja respirar”, señaló María Antonieta Muñoz Roa, integrante del colectivo La esperanza del Reencuentro.

Otras organizaciones sociales reportan que, hasta mayo de este año, se habían registrado seis mil 864 personas desaparecidas, cinco mil 453 hombres y mil 389 mujeres, que se suman a las siete mil 231 de 2022 y a las siete mil 407 de 2023.

Desde 2016, el OUVM de la Univer alertó que el número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas se incrementaba; en julio de 2024 reveló que habían desaparecido cuatro mil 192 mujeres y que, de éstas, dos mil 239 eran menores de edad.

Si bien el informe resaltó algunos avances, gracias a la búsqueda de las familias y a la creación de varias instituciones oficiales –entre ellas la Comisión Estatal de Búsqueda, el Mecanismo Estatal de Coordinación, el Consejo Estatal Ciudadano, el Centro de Identificación Humana de Nogales y una comisión especial del Congreso del Estado, la cual duró sólo tres años– también debió reconocer que el gobierno estatal se debilitó, cerró el diálogo con las familias y disuadió la atención prioritaria a sus demandas mientras las desapariciones se incrementaban.

“Gobiernos van, gobiernos vienen, pero ellas y ellos no aparecen porque no ha existido la determinación de brindar toda la capacidad del Estado para la búsqueda, la investigación, la restitución, la verdad, la justicia y la dignidad, tanto a las víctimas como a las familias. No permitiremos que se condicionen apoyos y derechos y que manipulen nuestro dolor, nuestra esperanza y nuestra causa para beneficio de partidos, grupos políticos ni personajes públicos. Quienes se van, deben rendir cuentas de cara a la ciudadanía y a las familias. Quienes llegarán a ocupar sus espacios de poder, tienen la responsabilidad y la obligación de destrabar lo que dejan pendiente, corregir yerros, respaldar a las familias y entregar resultados”, condicionó María Antonieta Muñoz.

Política para dispersar colectivos 

El compendio A quienes nos faltan: Datos para encontrarles reporta que la FGE de Veracruz ocupa el primer lugar nacional en la desatención de su registro de desapariciones, ya que su puntaje corresponde a 0.45 de un máximo de 1.00. Además, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) se ubica entre las cinco comisiones locales con los registros de personas desaparecidas más incompletos del país.

Estos registros, apoyados con moderna tecnología de comunicación, son indispensables para realizar las tareas de búsqueda y evaluar los esfuerzos estatales, ya que su información sirve como base para identificar los patrones de conducta y desarrollar las políticas y las estrategias de localización. Las desapariciones en Veracruz se incrementaron en 2010; y en 2014 sumaron 568, el mayor número de casos.

Viridiana Moreno, de 31 años de edad, salió a buscar empleo a plena luz del día el 18 de mayo de 2022 en la ciudad de Cardel. Un centenar de lugareños la buscaban cuando, a sólo 48 horas de la desaparición, el mandatario García Jiménez declaró ante los medios locales: “Ya la atendí, no está desaparecida, está resguardada (…) es un asunto que no se puede decir en público”, indicó sin dar más detalles.

Contactada por un usuario de Facebook,Viridiana acudió a una supuesta entrevista de trabajo a un hotel en el centro de Cardel; pero tras salir de casa, nadie la volvió a ver. Cuatro días después, la FGE citó a su familia para informar que su cuerpo había sido encontrado sin vida, que sus extremidades se hallaban en bolsas de plástico al interior de una cisterna; y que los demás restos fueron esparcidos en línea recta sobre una calle de Chachalacas, en la zona costera.

“Sólo algunas familias están registradas ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. No hay un trato igualitario; algunas no reciben nada y otras reciben demasiado, aunque esto también ha sido una estrategia del gobierno del estado para dividir a los colectivos y fragmentar la lucha”, señala en un análisis la Red Lupa, de Veracruz.

En el informe oficial del espacio digital del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (MDHD) –que da seguimiento y vigilancia a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares– de los más de 60 colectivos buscadores existentes en el país, al menos 15 son veracruzanos.

Y según datos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y los registros de colectivos en Veracruz, en los últimos ocho años, al menos diez madres y padres han perdido la vida sin poder encontrar a sus hijos; y a esta lista se agregan hermanos, hijos y esposas.

Dentro de un mes, Carlos Saldaña habría cumplido 13 años como padre buscador debido a que, desde el 30 de noviembre de 2011, se dedicó a buscar a sus hijos Karla Nallely y Jesús Alberto que, la noche del día anterior, habían salido a divertirse, pero nunca regresaron; y como las autoridades nada hicieron para localizarlos, los buscó por cuenta propia y se volvió un activista.

En 2015 formó el Colectivo Familiares Enlaces Xalapa con otros padres y madres; y desde entonces hasta hace unos días, cuando murió en pie de lucha, recorrió hospitales, panteones, cárceles, terrenos agrestes y múltiples espacios con la esperanza de localizar a sus hijos, una tarea que las autoridades deberían realizar, pero que antes bien obstaculizan para negar la crisis de desapariciones forzadas que acosan a Veracruz y gran parte de México.