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Al asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador cumplió una de sus promesas de campaña al eliminar la “mal llamada reforma educativa” del sexenio anterior con el entonces presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, una vez concretado este compromiso, no se presentó un plan alternativo para la educación mexicana, aseguran especialistas en educación.
Asimismo, coinciden en que uno de los grandes problemas de la administración actual es la ausencia de un proyecto más allá de la eliminación de los cambios realizados por la reforma educativa, la cual había sido solicitada por grupos de maestros afines al morenista López Obrador.
La interrupción de las clases derivados de la pandemia por Covid-19 y la falta de un plan para su reanudación resultaron en el abandono de estudios por parte de 1.4 millones de estudiantes, entre 2018 y 2023, según reportes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Banco Mundial y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). El regreso a clases se realizó en modalidad a distancia, pero, organizaciones civiles y la propia autoridad educativa estimó que 7.4 millones de alumnos mexicanos carecían de computadoras, teléfonos celulares o tabletas para participar en las clases.
Por otro lado, el ciclo escolar 2023-2024 estuvo marcado por el cambio de modelo educativo, la introducción de nuevos libros de texto, la falta de transparencia en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, una inversión reducida (96 pesos al año por docente) para la formación continua de maestros y afectaciones climáticas por la precaria infraestructura escolar.
Además, el ciclo escolar 2023-2024 concluyó sin conocer los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada por la Comisión Nacional para la Mejoredu, que debería identificar áreas de oportunidad y mejora en el aprendizaje de los estudiantes.
Con respecto a la polémica que desataron los libros de texto gratuitos llevó a que miles de estudiantes comenzaran el ciclo escolar sin los materiales educativos; incluso, en estados como México, Guanajuato, Jalisco, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes hubo retrasos en la entrega de entre 1 y 5 meses.
Durante el último ciclo escolar del sexenio, también hubo un paro de maestros de casi cuatro semanas en mayo, que dejó sin clases a estudiantes en Oaxaca, Chiapas, Baja California y Yucatán.
Por otro lado, la temporada de calor reveló la precaria infraestructura escolar y la falta de servicios básicos en el 25 por ciento de las entidades del país, lo que llevó a adelantar el cierre del ciclo escolar, establecer modalidad a distancia o modificar horarios debido a la falta de agua o energía eléctrica en estados como Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, Sonora, Durango y Guanajuato.
Según datos de Mejoredu, de las 238 mil escuelas de educación básica y media superior, 26 mil 463 no tienen electricidad; 56 mil 109 operan sin agua; 43 mil 558 no tienen lavamanos y cinco mil 950 planteles carecen de sanitarios. En total, el 40 por ciento de las escuelas carecen de los cuatro servicios básicos completos.
Además, estima que, para mejorar la infraestructura y servicios de las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior se requeriría una inversión de 51 mil 932 millones de pesos, equivalente al 0.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Cabe destacar que para el 2024, la administración de López Obrador destinó sólo el 3.2 por ciento del PIB a la educación, cuando el mínimo recomendado por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales es del 4 por ciento.
Los especialistas en educación recomiendan que México debe invertir en el futuro de la nación, y que una reforma fiscal es necesaria para aumentar los ingresos del país y de educación; por lo que instan a la próxima administración presidencial, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, a aumentar el gasto educativo al menos en un 4 por ciento y a desarrollar políticas para la primera infancia; asimismo, fortalecer el desarrollo profesional docente para ofrecer una mejor educación a los jóvenes mexicanos.
Las organizaciones interesadas deberán reunir un mínimo de 256 mil 30 afiliados, lo que corresponde al 0.26 por ciento del padrón electoral de la elección federal anterior.
Las administraciones que se nieguen a atender necesidades de carácter básico excusándose con que no hay dinero o se ciñen a la orden de AMLO, traiciona su protesta de ley efectuada al asumir el cargo y olvidando sus obligaciones legales.
En los próximos años y el sexenio que iniciará en 2024, la situación mejore y se abra la posibilidad de que los intereses del pueblo mexicano lleguen a estar verdaderamente representados.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera