El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegó al poder en un México donde no existía ninguna opción de futuro esperanzador. Hasta 2018, los gobiernos no hicieron prácticamente nada positivo para detener el acelerado empobrecimiento de los mexicanos, ofrecerles empleo y mantenerlos a salvo de la hidra del crimen organizado. En esas circunstancias se presentó como alternativa política el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. El morenismo se anunció como el poseedor de la solución, como “la esperanza de México”: se trataba de emprender la lucha contra la corrupción que existía en el Estado mexicano y que con su extinción, se terminarían todos los males del país. En su situación desesperada y en su hartazgo contra los políticos ineptos del pasado, la gente creyó en esas promesas sin cuestionarlas. Nunca se explicó claramente cómo el combate contra la corrupción acabaría con el malestar más palpable, la pobreza; solo se confió en un hombre que se presentaba a sí mismo como el salvador que los mexicanos esperaban y Morena triunfó en 2018.

Pues bien. A dos años de esas elecciones, ya se ve que la lucha contra la corrupción resultó ser una mentira. Basta con ver los escándalos que sin cesar salen a la luz del propio seno del morenismo: Manuel Barlett, Sandoval-Ackerman, Zoé Robledo, Pío López, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), etc. Asimismo, la pobreza y el crimen organizado se han acelerado (más de 60 mil víctimas mortales en dos años) y la pandemia del Covid-19 nos ha arrebatado ya más de 80 mil vidas. ¿Qué ha hecho el gobierno de AMLO para paliar esos males? Nada. Como respuesta está adoptando una forma unipersonal, dictatorial, de gobernar.

Todos los poderes están sometidos a la voluntad del Presidente. ¿Muestras? El Poder Judicial aprueba medidas anticonstitucionales, como arreglar el juicio a expresidentes mediante una “encuesta popular”; el Legislativo, mayoritariamente morenista, aceptó tres megaproyectos del Ejecutivo (Santa Lucía, Tren Maya y Dos Bocas) sin que existieran estudios previos suficientes sobre su viabilidad; aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) elaborado a modo, que dejó sin recursos a los municipios y distribuyó el dinero federal entre los megaproyectos y programas asistencialistas del ejecutivo, con la evidente intención de comprar votos para Morena en los próximos comicios de 2021. También los diputados acaban de dar al Presidente, a modo de ofrenda personal para su capricho, el dinero de 109 fideicomisos dedicados, entre otras cosas, a fomentar ciencias y artes. Igualmente, la voluntad de AMLO se ha impuesto sobre el único garante relativo que teníamos para elecciones limpias, el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha negado la formación de partidos políticos que podrían oponerse, de alguna manera, a la “Cuarta Transformación” (4T) y aprobó la antedicha consulta contra los expresidentes.

Por otro lado, se utiliza la tribuna mañanera en Palacio Nacional para estigmatizar e insultar a sus críticos intelectuales, a la prensa opositora, a las feministas, a las organizaciones sociales, etc. Se ataca a aquellos que exigen soluciones; nunca se establece un diálogo razonado con ellos. La violencia del insulto sistemático se reproduce en las redes sociales a través de los fanáticos de Morena, sus “chairos”. Pero no se queda ahí, pues ahora para nulificar a sus enemigos, el Presidente y los morenistas están haciendo terrorismo financiero y reprimen directamente, con las fuerzas armadas, al pueblo inconforme; se utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para estigmatizar como corruptos y cortar el financiamiento de los opositores, sin presentar ninguna prueba ante la autoridad competente. Ahí están los bloqueos de cuentas a los líderes de las protestas en Chihuahua y al Movimiento Antorchista. Asimismo, cuerpos coercitivos, como la Guardia Nacional, están apostados en las calles con la clara intención de reprimir e inhibir la movilización social. De hecho, la brutalidad de esta medida ha llegado al asesinato de los que protestan o al secuestro: el gobierno morenista de Veracruz orquestó el secuestro de cuatro activistas de Antorcha en aquella entidad.

El autoritarismo del Presidente amenaza la integridad de nuestra nación. Ya están censuradas la libertad de expresión, la libertad de disentir y la garantía constitucional de manifestación pacífica que tiene el pueblo organizado está bajo acoso permanente. Se anuncia una tormenta; y en el incierto horizonte, la desesperación comienza a dibujar dos salidas indeseables: el sometimiento o la insurrección del pueblo. Pero nuestra historia ha demostrado una y otra vez que el pueblo mexicano no está dispuesto a inclinarse frente a un dictador.