El "cartel inmobiliario" es una denominación adoptada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para referirse a la investigación en curso sobre exfuncionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez (BJ) vinculados a casos de corrupción urbanística.

Este tema ocupó un lugar destacado en el primer debate electoral por la Ciudad de México; la candidata oficialista, Clara Brugada, empleó esta trama de corrupción para atacar a Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital.

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México envió reformas del Código Penal al Congreso local a fin de tipificar los actos de corrupción inmobiliaria y castigar a los funcionarios vinculados con 10 a 20 años de prisión.

Dichas modificaciones surgieron como respuesta a las irregularidades descubiertas en la construcción de edificios en la alcaldía Benito Juárez. En esta área, autoridades y empresas privadas, identificadas como "el Cartel Inmobiliario", omitían permisos o violaban normativas para la construcción de viviendas a cambio de obtener ganancias económicas, según la FGJCDMX.

¿Cómo opera el Cartel Inmobiliario?

Dicha trama de corrupción dio su primera pista tras la detención de Luis N, quien desde 2009 hasta 2016 ostentó el cargo de director jurídico en la alcaldía, y girarse la orden de aprehensión en contra del exdirector de Obra Pública de la alcaldía, Nicias N.

Según la declaración de ambos servidores públicos, algunas empresas de desarrollo urbano recurrían a funcionarios en busca de ayuda para resolver problemas relacionados con la falta de servicios o irregularidades en medidas de protección civil, a fin de evitar suspensión de las obras o multas.

Como resultado de las pesquisas, Luis N y Nicias N explicaron que concedían los permisos para la edificación de propiedades en la alcaldía, pero también actuaban como intermediarios ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Posteriormente, el 16 de enero de este año, la FGJCDMX informó sobre la existencia de un video en el que un empresario confirmó dicha operación corrupta.

De acuerdo con el declarante, la Coordinación General de Investigación General, la Ventanilla Única, la dirección de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez, y los propios titulares de la alcaldía, solicitaban pagos que comenzaban en los 150 mil pesos y aumentaban según el tamaño y la situación de la obra.

Además, mencionó que durante las campañas electorales se pedían contribuciones monetarias a las empresas constructoras para respaldar a los candidatos, quienes, en caso de resultar electos, aseguraban la protección total de los proyectos y permitían la construcción de plantas adicionales o edificaciones en zonas con uso de suelo diferente.

Impacto del Cartel

Según Fadlala Akabani, quien encabeza la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se han detectado más de 260 pisos adicionales en al menos 130 edificaciones situadas en la alcaldía Benito Juárez.

Asimismo, estimó que las ganancias ilícitas obtenidas por los funcionarios superan los siete mil millones de pesos.

También advirtió que dichas edificaciones repercuten en los servicios y suponen riesgos al ignorar las normativas y regulaciones de construcción.