El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dirigida por David Colmenares, informó que se detectó un presunto daño o perjuicio, o ambos, al erario público por un monto de 29 millones 98 mil pesos en el programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.
De acuerdo con el reporte de la auditoria, en 2022 se cometió un probable daño a la Hacienda Pública Federal por “concepto de apoyos del programa presupuestario S283 'Jóvenes Escribiendo el Futuro' pagados a favor de dos mil 820 personas que no cumplían con los requisitos para ser sujetos de éstos”.
Dicho programa social que impulsa el Gobierno Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo otorgar apoyos para fomentar la permanencia y conclusión de los estudios de los alumnos inscritos en alguna institución pública de educación superior (IPES); sin embargo, la ASF detectó que la beca se otorgó a personas que estuvieron inscritas en algunas de las universidades Benito Juárez hasta el segundo semestre de 2021 y de los que “es indebido que la Auditoría los considere como becarios en ciclos escolares en que ya no estuvieron inscritos”.
Lo anterior es debido a que para ser beneficiario del programa de “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, los alumnos de licenciatura o técnicos superiores universitarios deben estar inscritos en el periodo escolar vigente de alguna IPES, tal como lo establece el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación vigentes en el 2022; pero, no era el caso de las dos mil 820 personas beneficiadas, quienes se encontraban dadas de baja al inicio o durante el último ciclo escolar del año 2021.
Cabe destacar que a los estudiantes: “no se les solicita, como requisito, ni la edad ni la condición socioeconómica y, por tanto, la totalidad de los alumnos inscritos son elegibles para incorporarse al programa, o bien, que estén inscritos en cualquier otra IPES”, pero resulta inminente cumplir con los requisitos establecidos en las Regla de Operación en las que además se indica que “aquellos que resultaran seleccionados, recibirían 2.4 miles de pesos mensuales por un periodo máximo de 10 meses”.
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.