El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció recientemente una serie de reformas en las fuerzas armadas que consisten, sobre todo, en darles poder para realizar tareas relacionadas con la seguridad interna, pese a que el artículo 1 de la Constitución Nacional establece que deben limitarse a defender la soberanía del país en caso de agresiones externas. Macri, quien dio a conocer esta medida en un evento público celebrado en el Campo de Mayo (excentro clandestino de detención y tortura), precisó asimismo que las reformas tienen como principal objetivo combatir los desafíos del siglo XXI, que son el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, otros personajes de la política argentina afirman que estos problemas no son muy alarmantes para la seguridad interior de Argentina ni justifican un cambio en la defensa nacional.

Por otro lado, el mes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió al rescate de la economía argentina con un préstamo de 50 mil millones de dólares (mmdd). Los medios de prensa destacaron que el FMI elogió la rapidez con la que Macri recurrió al organismo en el marco de un entorno internacional volátil y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) dijo por su parte que el “apoyo” se había otorgado para “favorecer el crecimiento” de Argentina.

A pesar del ánimo que existe entre las autoridades argentinas con respecto a la prosperidad que pudiera detonarse con ese préstamo y de la estrecha vigilancia (prácticamente coercitiva) que le impondrá el organismo, se hace necesario revisar la historia de los efectos que este tipo de créditos tienen en América Latina. En nuestra región, la mayoría de los países que después de contraer una mayor deuda con el FMI tuvieron que instrumentar medidas económicas de corte neoliberal, obligados por esta misma institución, entre las que figura principalmente la disminución del papel del Estado en la economía, a fin de que las fuerzas del mercado prevalezcan y sean las beneficiadas. En contraste, las poblaciones de esos países debieron padecer la reducción de los programas sociales en materia de educación, salud, vivienda, etc., y la disminución de los derechos laborales, entre otros efectos negativos. En la propia Argentina de 2001, durante la denominada crisis “del tango”, hubo un colapso económico en el que su gobierno fue sometido a medidas de dirección y vigilancia del FMI y el Banco Mundial (BM).

Es probable que el caso actual no sea exactamente el mismo, pero Macri ya anunció que los principales compromisos de su política económica serán el crecimiento y la reducción del déficit fiscal. Pero Argentina se caracteriza por ser un país en el que los ricos evaden o eluden el pago de impuestos, envían sus capitales a paraísos fiscales y es previsible que la disminución del déficit fiscal tenga que hacerse a costa de recortes que golpearán a los sectores sociales más pobres e indefensos de la población. Uno de los ejemplos más claros es la reducción del impuesto a las exportaciones de las grandes empresas sojeras y la eliminación de las de la minería y el petróleo, en tanto que las tasas impositivas que afectan a la población trabajadora se incrementaron, como fue el caso del alza del 25 por ciento al transporte público.

Recordemos que Mauricio Macri es un empresario convertido en político y que en lo que va de su mandato ha venido aplicando una serie de reformas neoliberales. El préstamo que pidió al FMI tendrá consecuencias. El empresariado trasnacional tiene de su parte al gobierno argentino. Con la nueva reforma en las fuerzas armadas cabe preguntar: ¿a quién defenderán éstas? A los ojos de cualquier persona con dos dedos de frente, dicho cambio tiene un fin muy claro: mantener la pax interna mediante la represión de las protestas sociales, obtener financiamiento de los organismos internacionales y propiciar que el imperialismo se adueñe poco a poco de los beneficios que generan las actividades que todavía están en manos del sector público (salud, educación) y, particularmente, las del sector energético.