En Matamoros nadie hablaba de otra cosa. En las humildes casas de los obreros se asegura que la huelga es legal y que nadie se va a echar para atrás, que los patrones pueden pagar lo que se le pide y más, que los delegados del sindicato ni siquiera los han ido a visitar desde que cologaron las banderas rojinegras en las 45 maquiladoras de esta ciudad fronteriza. Es verdad, aquí todo se mueve en contra de los intereses obreros; dueños de las fábricas, administrativos de las mismas (incluido “el de recursos humanos”), el líder sindical y el sindicato en su conjunto, desde la secretaria hasta los delegados en cada una de las fábricas; los medios de comunicación, las autoridades estatales, municipales y hasta el Gobierno Federal.

“Por qué nos dejábamos, por qué, si mira, Felipa, cómo nos tratan”, dice compungida a su amiga, María del Carmen García. Ella es obrera desde hace 38 años en Candados Universales de Mexico S.A. de C.V.; en todos esos años, no había vivido nunca un levantamiento obrero como el que hoy se realiza en Matamoros.

Felipa Rojas Alejos, la amiga de Maria del Carmen, tiene más de 50 años. Hasta hace dos semanas, antes de que estallara la huelga, laboraba en la fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y equipo de comunicación inalámbrico para la empresa Contec, aunque su recibo dice que trabaja para Edemsa (“creo que por evasión fiscal”, aclara).

Ella ha sido despedida y recontratada en dos ocasiones. Ahora, luego de que instara a sus compañeras a la huelga, no sabe cuál es su estatus legal: ¿está despedida porque la huelga no es legal?, ¿la pueden correr? Si la corren, ¿tiene derecho a la indemnización al cien por ciento? Como a Felipa, éstas y decenas de interrogantes más, quitan el sueño a los cerca de 40 mil trabajadores que desde el viernes 25 de enero se alzaron en huelga en Matamoros. A pesar del miedo y de la desinformación que impera en el movimiento, se mantienen altivos y repelen cualquier intento de intimidación.

“Pues con temor y todo, dijimos, ‘dame la bandera’ y todas nos salimos. La supervisora estaba superenojada, parecía un monstruo. Nos decía que nos iba a mandar a golpear, que nos iba a correr, que iba a traer a la policía porque lo que estábamos haciendo no era legal. No sé de dónde ni cómo, pero agarramos valor y pusimos las banderas”, dice María del Carmen, mientras relata cómo fue que en su centro de trabajo se armaron de valor y enfrentaron a sus directivos, acción que nunca, en 38 años de obrera, había pensado hacer. Pero lo hicieron.

Revive movimiento obrero mexicano

Desde los años ochenta, Tamaulipas no había vivido un movimiento obrero como el que hoy se ve en las calles de Matamoros. Esta entidad es una de las que mayor cantidad de maquilas e industria manufacturera concentra en el país, al menos 242 empresas (algunas no están cuantificadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas) de los sectores automotriz, autopartes, electrónico, químico, petroquímico, tecnologías de la información, aeroespacial y médico. En éstas laboran 234 mil 244 personas, quienes producen el 57.7 por ciento del valor total producido en la entidad, es decir, 234 mil 445 millones de pesos (mdp) aproximadamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este sector produce más de la mitad de la riqueza estatal, pero el obrero manufacturero de Tamaulipas recibe apenas un salario de 200 pesos diarios en promedio; la jornada suma 48 horas, la necesidad es mucha y el salario muy bajo. Sin embargo, los movimientos obreros no son una constante en Matamoros ni en Tamaulipas ni en cualquier otro estado de la República. Matamoros es el reflejo de la situación de toda la clase obrera mexicana: o se aguantan o los despiden.

Eso fue lo que pasó a finales de diciembre de 2018. Los cerca de 40 mil trabajadores de las 45 empresas pertenecientes al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria de la Maquiladora (SJOIIM) –el más grande de la ciudad– escucharon de voz de su líder, Juan Villafuerte Morales, que no recibirían el pago del bono anual por culpa del Presidente de la República; éste había prometido un aumento salarial que las empresas no podían costear; les informó que no recibirían bono pero sí un aumento salarial, aunque no especificó de cuánto.

Los obreros no supieron cómo reaccionar. “La verdad es que no conocemos de leyes, somos ignorantes. Sabemos que el sindicato brinda asesorías, pero son los días de descanso, imagínese, trabajamos 48 horas, seis días a la semana, llega el día de descanso y lo que menos queremos es ir al sindicato; lo que queremos es descansar; además hay que hacer el quehacer y atender las cosas de la casa”, explica Felipa Rojas Alejos. Por eso, cuando un personaje externo se acercó para asegurarles que sus derechos salariales estaban siendo violados, según la Ley del Trabajo, los obreros matamorenses se adhirieron a esta consigna: “pago de 32 mil pesos por concepto de bono y aumento salarial del 20 por ciento”.

Todo empezó el pasado cinco de enero. En Facebook comenzó a circular un video en el que se veía a una mujer de expresión adusta exigiendo al Presidente que hiciera valer su compromiso de campaña y se aumentara al 100 por ciento el salario mínimo en las fábricas maquiladoras de la frontera. El video circuló rápidamente en los teléfonos celulares de los obreros, quienes investigaron el nombre de la mujer. Se trataba de Susana Prieto Terrazas, abogada originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Yo tenía conocimiento del porcentaje del aumento, pensé que éste se acumulaba en un año y eso era lo que representaba el bono, porque a las empresas no les convenía que ese porcentaje se diera al tabulador, no les convenía, sobre todo porque iba aumentar lo que pagan en las horas extraordinarias de trabajo. Pero empezó el rumor muy fuerte de los 32 mil pesos que desconocíamos. Nos hace falta mucha cultura para saber leer, saber entender las palabras. Pero, desde hace dos semanas, gracias a la licenciada Susana Prieto Terrazas, logramos entender muchas cosas”, asegura Laura, obrera en Parker Industrial, en donde cerca de mil trabajadores producen anillos de plástico.

“Cada año recibíamos un bono anual de tres mil 500 a cuatro mil pesos, dependiendo del rango que tuviera el trabajador y de la empresa, pero Juan Villafuerte nos dijo en diciembre del año pasado, que este año no nos iban a dar nada, por eso decidimos hablar con la abogada y le pedimos que viniera, que nos ayudara”, explica José Gándara, obrero en Decofinmex S.A. de C.V.

Ya con los ánimos caldeados, al menos cinco mil obreros de las 45 maquilas pertenecientes al SJOIIM se organizaron y, el sábado 12 de enero, realizaron una manifestación afuera de las oficinas del Sindicato para enfrentar a su líder. Pero éste se mantuvo en su posición, este año no habría bono. Días después, para cuando la abogada de Ciudad Juárez llegó a Matamoros, la inconformidad ya se había extendido entre la mayoría de los 40 mil trabajadores afiliados al SJOIIM.

Con ella a la cabeza, pidieron a Juan Villafuerte y más tarde a la Junta de Conciliación y Arbitraje una copia del contrato colectivo, de donde dedujeron que a los obreros les correspondía un bono equivalente a 32 mil pesos, además del aumento salarial del 100 por ciento. A través de redes sociales, la información se esparció en toda la ciudad fronteriza; los obreros de otras maquiladoras (incluso de otros sindicatos) se unieron al movimiento.

El 22 de enero, cerca de cinco mil obreros se manifestaron en la plaza principal, en el centro de Matamoros. Los encabezaba esta mujer de mediana estatura, rolliza y de expresión adusta. Desde ahí se llamó al paro laboral, varios obreros invitaron a sus compañeros a abandonar las fábricas. Tres días después, el 25 de enero, a las dos de la tarde, la huelga era ya un hecho. Los trabajadores colocaron banderas rojinegras a la entrada de las fábricas y no permitieron la entrada a nadie.

“Es una cláusula la que estamos reclamando, la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo que dice que cada vez que el gobierno incremente de manera oficial el salario mínimo, lo que resulte en pesos se aumentará a cada uno de los tabuladores de los trabajadores. Esta cláusula permite que pidamos 88.77 pesos por 365 días del año, es el bono, el mismo que se ha venido pagando desde hace 15 años, pero que ahora resulta en un bono de 32 mil 401 pesos”, explica Triso González, trabajador de la empresa Lineage Power Matamoros S.A. de C.V.

Lo cierto es que los trabajadores no conocen sus contratos de trabajo. Firman el documento porque tienen la necesidad de hacerlo, pero la mayoría no lee lo que firma. Solo se informa de cuánto le van a pagar, cuántas horas tendrá que laborar y cuál será su horario de trabajo. No más. Así lo asegura el señor Juan –no quiso dar su apellido–, quien en su larga vida como obrero solo ha participado en dos paros laborales, uno a sus 20 años y otro, hoy, cuando casi va a cumplir 60. Los contratos laborales–dice– solamente los conocen el sindicato y las empresas. “Tú solo firmas, la verdad es que no leemos, en general, no sabemos lo que estamos firmando, uno lo que quiere es trabajar, ¿verdad?”.

No les quedó más que confiar en la palabra de la experta entre todos ellos, Susana Prieto Terrazas, y no se arrepienten. Ella les habló del bono y de cómo debían calcularlo, ellos le creyeron; les dijo que era desmesurado pedir el 100 por ciento de aumento salarial porque los patrones nunca lo aceptarían, así que los obreros redujeron la demanda a solo 20 por ciento de aumento. Desde entonces, en Matamoros todos llaman a esta jornada obrera como la lucha por el 32-20.

Contubernio entre sindicato y gobierno

Once años después de la tragedia en las minas de Pasta de Conchos, Coahuila, no se había vuelto a ver en México un movimiento obrero tan grande como el que hoy se vive en Tamaulipas; pero los medios nacionales apenas lo trataron en sus páginas; los locales hicieron como si nada pasara. Fueron las redes sociales y algunos medios electrónicos quienes le hicieron eco a la información. Trabajadores del mundo mostraron su apoyo a este levantamiento obrero, mandaron mensajes solidarios y de apoyo, entre ellos los obreros de Italia, quienes enviaron una fotografía en la que se observa a un grupo de trabajadores frente a una imagen de Carlos Marx, el ideólogo de los trabajadores del mundo. Ellos sostienen una cartulina en la que se lee el mensaje: “Solidaridad con los trabajadores de las maquiladoras”.

El mismo día que estalló la huelga, el viernes 25, en la ciudad de México, cerca de 50 personas se manifestaron frente a Palacio Nacional para reclamar la atención del Presidente de México frente a esta problemática. Pero la respuesta del Gobierno de la República no llegó. Dos días después de estallada la huelga, se le atribuyó al senador Ricardo Monreal Ávila una llamada telefónica que los obreros catalogaron de traición a la clase trabajadora; la madrugada del 27 de enero, la guardia de obreros que resguardaba las instalaciones de la Empresa Autoliv –una de las 45 en paro–, fueron sorprendidos por un convoy de patrullas de la Policía Estatal, con los elementos de seguridad iba el líder del SJOIIM, Juan Villafuerte Morales, y el abogado de éste, quienes informaron a los trabajadores que se tenían que quitar de la entrada y retirar las banderas de huelga por instrucción del senador Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la huelga no era legal.

Pero los obreros no se retiraron. Llamaron a su representante, Susana Prieto; cuando ésta llegó, ya venía hablando por teléfono, supuestamente con el senador Monreal. En el video que Susana Prieto transmitió a través de Facebook, la voz del otro lado de la línea exige que se termine el paro; ella le informa que ha puesto el altavoz y que está presente la prensa y denuncia a Juan Villafuerte, líder sindical y a su abogado de la CTM de haber intentado romper la huelga todo el día.

El video de la llamada se ha viralizado en redes sociales, algunos medios locales y  nacionales lo hicieron público en sus páginas. La respuesta del senador llegó 24 horas después, el domingo 28. Mediante un video que circuló en sus redes sociales, Ricardo Monreal negó su participación en la anterior llamada: “No hemos intervenido de manera alguna en esta situación laboral que está en este momento ocurriendo en Tamaulipas”.

Lo cierto es que ésta no fue la primera treta del Sindicato y de las diferentes instancias de gobierno para tratar de romper la huelga. Varios delegados del SJOIIM, incluido su líder, y los administradores de las empresas, han intentado persuadir de deversas formas a los obreros para que desistan. La intentona que más revuelo causó tuvo lugar el 28 de enero en Candados Universales De México S.A. de CV. En esta pequeña empresa laboran solo 80 personas, en su mayoría mujeres.

Dos días antes, la gerente de la empresa había estado marcando y mandando mensajes a las obreras para que se presentaran a trabajar el lunes a primera hora. A las que se encontraban afuera de las instalaciones haciendo guardia, las amenazó con llevar a la policía para desalojarlas, pues les aseguró que estaban incurriendo en una ilegalidad.

María del Carmen García se encontraba ese día haciendo guardia. “Nos dijo que éramos unas ignorantes, que no sabíamos nada, que tendríamos que regresar a trabajar porque lo que estábamos haciendo no era legal. Dijo que si no lo hacíamos nos mandaría a golpear y se rió en nuestra cara. Hasta la delegada (del sindicato) nos hizo una jugada. Nos hizo que tapáramos las entradas de la fábrica, que pusiéramos mantas. Al rato llegaron hartas patrullas de Fuerza Tamaulipas porque según nos estábamos robando las cosas. La delegada venía con ellos”.

Pero el lunes 28, desde las cinco de la mañana, las 80 mujeres, reforzadas por 200 obreros de otras maquilas, se amarraron, brazo con brazo, para proteger la entrada. “Aquí no pasa nadie, estamos en huelga”, repetía un hombre de mediana edad, obrero de Dura, una de las empresas vecinas. Al poco rato llegaron las patrullas, los policías aseguraron que no venían a amedrentar, que solo estaban cuidando el orden. Una hora después se presentaron el gerente y otros cuatro administrativos de la empresa, pero solo uno de ellos hablaba español. Los demás se comunicaban en inglés. Venían perfumados, con los zapatos boleados y gruesos abrigos. No se acercaban a los obreros, charlaban entre ellos mientras esperaban.

Una hora después regresaron las patrullas; la mujer se acercó para intercambiar palabras con los policías, que  tomaron fotos y se retiraron. Pasaron algunos minutos antes de que una persona con carpetas y hojas sueltas se presentara como Ramiro Castillo Guerrero, supuesto abogado del SJOIIM, asegurando a los obreros que su huelga tenía el respaldo del Sindicato y que no se fueran a mover, que todo era legal, pero no muestra documentación ni nada.

Otra hora después, a la entrada de Candados Universales, se presentaron dos analistas de la Secretaría del Trabajo estatal. Uno de ellos dijo llamarse Braulio Sánchez Lozano y exhortó a los obreros a regresar a sus labores. “La junta local se ha declarado incompetente para llevar el caso de Candados Universales por ser del sector automotriz. Al declararse incompetente, el caso se remite a una instancia federal y será ésta la que diga, la que acuerde y dé el permiso para estallamiento de huelga. Por lo pronto, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas se declara incompetente y por lo tanto los trabajadores deben reanudar sus actividades dentro de la empresa”.

Esto mismo sucedió en 10 plantas productoras más: Olso International, Dura de México (plantas II, III y IV), Autoliv México East, Decofinmex, Productos Electromecánicos Bac, Candados Universales de México (plantas I y II) y Aotiv Contract Services Tamaulipas, quienes fueron confirmados por la Secretaría del Trabajo de la no procedencia de su huelga y de que el caso había sido turnado a una instancia federal de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero los obreros no lo creyeron aferrándose al hecho de que, hasta el cierre de esta edición, 30 de las 45 plantas maquiladoras que estallaron en huelga el 25 de enero, habían aceptado ya el aumento del 20 por ciento de salario y el pago de los 32 mil pesos por concepto de bono.

Ante las dudas, el temor y las diversas intentonas de romper la huelga, una obrera de Parker Industrial aseguró: “Yo me siento orgullosa. porque fuimos valientes, resistimos más de dos semanas, pasamos hambre, lluvia, frío (…) nos llamaron ignorantes, revoltosos, cuando realmente luchamos por nuestros derechos. Muy pocos fuimos los valientes, no importa, si con esto vamos a beneficiar a todos los obreros que no nos apoyaron por ignorancia o por miedo, no importa. Esos miedos los tuvimos nosotros también, pero pensamos, si ya nos subimos a este barco, no nos vamos a bajar”.

El gobierno guarda silencio

Entrevistado vía telefónica por un conocido diario nacional, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang, aseguró que 15 maquiladoras saldrán del país tras las huelgas en Matamoros. “Desafortunadamente, con esta crisis laboral, se van del país 15 empresas del sector automotriz, ya lo han venido anunciando y han pedido la autorización de hacerlo público. Esto representa cerca de 30 mil empleos. Lo que más nos preocupa es el estado de indefensión legal para que el gobierno intervenga”, afirmó.

Hasta el momento, ninguno de los tres niveles de gobierno se ha pronunciado ante el hecho, a pesar de ello, los obreros continúan su lucha. Tienen miedo, sí, pero el triunfo en 30 plantas que ya aceptaron la demanda del 32-20 les da seguridad de que van a ganar tarde o temprano.