El Gobierno federal dejó de recaudar 1.58 billones de pesos en 2025 debido a deducciones, exenciones, condonaciones y estímulos fiscales otorgados a empresas y hogares de mayores ingresos, un monto equivalente al 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estimó Oxfam México.

En el estudio ¿Incentivos… Para quién? Renuncias recaudatorias que subsidian a los más ricos, la organización señaló que estos beneficios fiscales se han consolidado como un instrumento de alto impacto económico, pero con bajos niveles de transparencia y mecanismos de supervisión insuficientes.

A través de un comunicado, Oxfam México señaló que algunos estímulos fiscales destinados a proyectos considerados prioritarios por el Gobierno, como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el nearshoring y el Plan México, aparecen en documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con las claves "N.A." (No Aplicable) o "N.D." (No Disponible), lo que, afirmó, dificulta conocer su costo real para las finanzas públicas.

El coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal de Oxfam México, Diego Merla, sostuvo que la falta de transparencia en una parte importante de estas renuncias recaudatorias responde a una decisión política.

"Que gran parte de las renuncias recaudatorias operen en la opacidad y bajo el riesgo de regresividad es una decisión política, no una limitación técnica. El Estado puede y sabe cómo fiscalizar a detalle; ya lo hace con las personas trabajadoras y con instrumentos de menor peso económico", afirmó.

Beneficios concentrados en los sectores de mayores ingresos

El estudio señala que casi 75 de cada 100 pesos correspondientes a deducciones personales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fueron aprovechados por el 10 por ciento de los hogares con mayores ingresos.

En el ámbito empresarial, la concentración también es significativa: ocho de cada diez pesos destinados a deducciones por compra de vehículos beneficiaron al 10 por ciento de las empresas más grandes del país.

De acuerdo con Oxfam, México se encuentra entre los países de América Latina que más recursos deja de recaudar mediante beneficios fiscales en proporción al tamaño de su economía, por encima de naciones como Chile y Argentina.

La organización agregó que las renuncias recaudatorias se han mantenido por encima del billón de pesos anuales desde 2002, con variaciones derivadas de los ciclos económicos y de las reformas fiscales, lo que refleja el peso que estos incentivos tienen en las finanzas públicas.

Propuestas para transparentar los beneficios fiscales

Ante este panorama, Oxfam propuso orientar las renuncias recaudatorias hacia objetivos de bienestar colectivo, condicionarlas al cumplimiento de compromisos sociales y evaluar su impacto a lo largo de toda la cadena de valor.

Asimismo, recomendó fortalecer la transparencia mediante la publicación de información detallada, incorporar un análisis con perspectiva de desigualdad, establecer mecanismos de control democrático y revisión periódica, integrar plenamente estos beneficios al ciclo presupuestario e incluir cláusulas de caducidad para evaluar su permanencia.

La directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Haas, señaló que el debate no debe centrarse en si el Estado debe renunciar o no a determinados ingresos, sino en las condiciones bajo las cuales lo hace, quiénes son los beneficiarios y qué mecanismos existen para garantizar la rendición de cuentas.