El organismo recaudador busca validar que la importación y la compraventa de insumos generan cargas fiscales separadas.
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La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) sancionó con 67 millones de pesos a nueve empresas de tecnología por manipular procesos de licitaciones públicas entre 2012 y 2022.
En México, el Estado suele convocar a compañías para que compitan por la adjudicación de contratos públicos destinados a la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios o la ejecución de obras.
Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que el Gobierno utilice los recursos de manera transparente y eficiente, asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
En este sentido, el organismo regulador indicó que las entidades sancionadas eliminaron las condiciones de competencia de dicho proceso al definir importes y participantes. Todas simularon ser rivales cuando en realidad formaban parte de Grupo Soluciones, el cual ofrecía servicios de informática y cómputo a 12 dependencias federales.
Expuso que las compañías implicadas son Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V.; Ofi Store, S.A. de C.V.; Factoría de TI, S.A.P.I. de C.V.; Altum Tecnologic, S.A. de C.V.; Distribuidora y Comercializadora Bossanova, S.A. de C.V.; Ofiequipos P.C., S.A. de C.V.; Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V.; DSTI México, S.A. de C.V., e Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. de C.V.
Por otra parte, apuntó que entre las dependencias afectadas se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Perinatología.
También figuran el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Telecomunicaciones de México (ahora Financiera para el Bienestar), el FOVISSSTE, Fonatur y el ISSSTE.
Por último, la CNA indicó que la conducta de estas compañías constituye “prácticas monopólicas absolutas”, por lo que podrían enfrentar sanciones de hasta el 15 por ciento de los ingresos acumulables de los involucrados.
El organismo recaudador busca validar que la importación y la compraventa de insumos generan cargas fiscales separadas.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | @srivera1410