El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030, proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) como documento rector de la política deportiva mexicana, reconoce deficiencias, identifica problemas y propone rutas de acción para mejorar la práctica deportiva. Plantea fortalecer la coordinación institucional, impulsar el alto rendimiento, ampliar la activación física y generar oportunidades para la población; sin embargo, detrás de sus objetivos destaca una contradicción fundamental: se pretende transformar el deporte nacional sin asegurar las condiciones materiales necesarias para lograrlo.El documento identifica la ineficiencia del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) como principal obstáculo para lograr resultados; sin embargo, reducir el problema del deporte mexicano a una cuestión de organización administrativa significa quedarse en la superficie. Es cierto que la coordinación entre instituciones debe mejorar, que las responsabilidades necesitan definirse claramente y que los recursos públicos deben ejercerse con transparencia; pero ése no es el eje del problema.

Un sistema puede perfeccionar sus mecanismos de coordinación, establecer indicadores y diseñar estrategias; pero sus posibilidades de transformación permanecerán limitadas si no tiene los medios para ejecutarlas; la planeación es indispensable, pero no construye instalaciones ni garantiza entrenadores capacitados ni permite sostener procesos deportivos por sí sola.

El programa establece que las acciones están sujetas a los recursos aprobados anualmente; de este modo, las metas quedan condicionadas por decisiones presupuestales posteriores. La Conade sufrió recortes presupuestales en los últimos años; en 2026 se reportó una disminución del presupuesto total de la institución respecto al año anterior por más de 73.8 millones de pesos. Por tanto, el problema es económico y político, no existe un programa de financiamiento del Estado, todo queda en buenas intenciones.

Desde una perspectiva política, esta contradicción refleja la manera en que el deporte es concebido en la sociedad capitalista. Las actividades generadoras de ganancias suelen atraer inversiones, patrocinios y atención mediática; aquellas cuyos beneficios son principalmente colectivos, son relevadas a segundo plano.

El deporte profesional puede convertirse en un negocio rentable mediante los derechos de transmisión, la publicidad, los patrocinios y la comercialización de espectáculos. El deporte popular, en cambio, genera beneficios principalmente sociales que no siempre se traducen en ganancias privadas inmediatas: contribuye a la salud, fortalece la convivencia comunitaria, refuerza el desarrollo de las infancias y amplía las oportunidades de participación social.

¿Quién obtiene ganancias directas cuando una colonia marginada posee una cancha, un entrenador y actividades deportivas gratuitas? Estos beneficios sociales no representan, por sí mismos, una oportunidad de negocio atractiva para el capital privado; por ello, dejar el desarrollo deportivo exclusivamente en manos de la lógica del mercado profundiza las desigualdades: quienes tienen recursos pueden pagar clubes, instalaciones y formación especializada; mientras quienes carecen de ello dependen considerablemente de las oportunidades ofrecidas por las instituciones públicas.

Esta diferencia también obliga a cuestionar la visión actual del deporte centrada en las medallas y los resultados internacionales. Aspirar a mejores posiciones competitivas es legítimo, pero no puede ser el único criterio para evaluar una política deportiva; antes de exigir campeones, es necesario crear condiciones para que niños, jóvenes y adultos practiquen deporte en sus escuelas, barrios y comunidades.

El desafío consiste en entender el deporte como un derecho y responsabilidad pública, no como un privilegio ni como un espectáculo exclusivo. Esto requiere infraestructura accesible, programas comunitarios permanentes, formación de entrenadores, atención a las desigualdades territoriales y mecanismos claros para evaluar los resultados de las políticas implementadas.

Por ello, el debate sobre el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030 debe ir más allá de la eficiencia del Sinade; también debe examinar si las prioridades gubernamentales corresponden con las necesidades sociales reconocidas en el propio documento y si existen compromisos concretos para convertir sus objetivos en oportunidades reales.

El deporte mexicano no requiere únicamente mejores diagnósticos, necesita una política pública que coloque el bienestar colectivo por encima de la rentabilidad económica. Mientras la práctica deportiva dependa de la capacidad para invertir de las personas, o de la disponibilidad irregular de apoyos públicos, plantear una cultura deportiva nacional permanecerá como una aspiración incompleta.

El valor legítimo de una política deportiva no radica en la cantidad de metas difundidas, sino en las posibilidades accesibles para su población. Un Estado que aspira a transformar su nivel deportivo deberá garantizar que su pueblo tenga la oportunidad de practicarlo.