Cualquier ciudadano debería respirar tranquilo cuando presume que hay un gobierno cercano a él y el Presidente reitera a cada momento que nadie va a estar por encima de la ley y se dice inspirado en los mayores próceres de la Patria. ¿Cómo desconfiar de alguien que dice ser partidario de Juárez, Morelos, Hidalgo, Madero y Cárdenas, cuyas luchas y visiones quedaron plasmadas en la Constitución que rige la vida de los mexicanos?

Sin embargo, en el país prevalece la incertidumbre con respecto a lo que puede ocurrir en este sexenio. Esta percepción es notoria especialmente entre quienes se atreven a afirmar que el principal problema del país es el modelo económico, diagnóstico en el que coinciden analistas, organismos nacionales e internacionales, incluido entre ellos Gerardo Esquivel, investigador y colaborador del Presidente, que ha aseverado que la “desigualdad extrema” en México alcanza niveles insostenibles.

La desigualdad extrema en México es tal, ha dicho Esquivel, que el uno por ciento de la población acapara la mitad de la riqueza nacional; en sus estudios, Julio Boltvinik valida lo anterior y declara que el 80 por ciento de la población se encuentra en la pobreza, es decir, más de 100 millones de personas. La pobreza es la madre de todos los problemas actuales y se expresa en un sinfín de carencias en las comunidades y en los hogares mexicanos.

El año pasado, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos (EE. UU.) revelaron que en México se mantiene intencionalmente pobre a la población. A esto, además de cierto, agrego que las autoridades, independientemente de su color y salvo raras excepciones, prestan oídos sordos a las expresiones más extremas de la pobreza.

Dada la situación descrita, muchos mexicanos han decidido organizarse de forma pacífica amparados en la protección y el derecho que les otorga la Carta Magna, en torno a una organización social que suma ya cerca de tres millones de afiliados. Su éxito radica en gestionar obras y servicios con base en hacer valer sus derechos de petición y libre asociación establecidos en los artículos 8º y 9º de la Carta Magna.

Cada una de estas comunidades ha conseguido mejorar su infraestructura, con obras ejecutadas por los gobiernos en turno, bajo la normatividad, la supervisión y las auditorías correspondientes. Pero esta gran labor de gestión social afecta los intereses de funcionarios que jamás han tenido la intención de beneficiar al pueblo. Por ello han generado una campaña negra desde el mismo inicio de la organización antorchista.

La opinión pública debe saber que la violencia contra este grupo de mexicanos no tiene precedentes. Se les ha acusado de todo sin demostrar una sola de las imputaciones. Cada vez que exigen la solución de una obra, por muy pequeña que ésta sea, se desatan campañas de calumnias; cuando compran un modesto predio para viviendas, a fin de dotar de éstas a algunos de los muchos millones de mexicanos que no cuentan con una, se les llama “invasores de terrenos”.

Por este odio enfermizo, el poeta pregunta: “Señor, señor, ¿por qué odiarán los hombres al que lucha, al que sueña y al que canta?”.

Al día de hoy, las injurias y los ataques infames se han recrudecido. La diferencia de estas agresiones recientes con las del pasado inmediato estriba en el hecho de que las ha promovido el propio Presidente de la República. En cada plaza pública, el primer mandatario de la nación ha acusado a Antorcha de intermediarismo y de quedarse con los apoyos destinados a apoyar a los más vulnerables y ha declarado desde las redes sociales el fin del antorchismo.

En otras palabras, el Presidente ha invitado abiertamente a sus seguidores y a las autoridades a impedir que el Movimiento Antorchista ejerza su derecho a demandar obras y servicios públicos destinados a la gente pobre. Pero el mensaje del Presidente no solo implica esto, sino también la posibilidad de que sus prosélitos de cualquier nivel lo interpreten como una invitación a ejercer violencia física contra los antorchistas.¿No entiende el Presidente que para acabar con el antorchismo primero hay que acabar con la pobreza y que sus ataques violan flagrantemente la Constitución?

Con su negativa a destinar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 a obras y servicios planteados por colonos y campesinos antorchistas, demuestra que su proclama política: “Primero los pobres” es mera demagogia.

El Presidente aún está a tiempo de enmendar esta forma de tratar a las organizaciones sociales; de no hacerlo, la historia, que no olvida, lo calificará como un falso demócrata y lo llamará a cuentas.