Ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos, señalan las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de 3 de 3 contra la violencia de género.
Al aprobarse este jueves por unanimidad las reformas como requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular, el diputado panista Diego Orlando Garrido López explicó que con ello ninguna persona podrá ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidato a cargos de elección popular cuando tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida o integridad corporal, contra la libertad, seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual.
También por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades; o si está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Asimismo, establece los mecanismos necesarios que permitirán a los partidos políticos garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
La diputada del PRD, Gabriela Quiroga, recalcó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la Ciudad y construir un entorno en que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
Martha Ávila, de Morena, comentó que este dictamen busca evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género.
En su turno, la legisladora Mónica Fernández César, del PRI, señaló que los partidos políticos deben trabajar para eliminar estos delitos, el miedo a denunciar y las represalias.
Con la iniciativa 3 de 3 se homologa la Constitución local con la Carta Magna federal, refirió el diputado Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal), y establece que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias, cumplan la norma.
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