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Ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos, señalan las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de 3 de 3 contra la violencia de género.
Al aprobarse este jueves por unanimidad las reformas como requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular, el diputado panista Diego Orlando Garrido López explicó que con ello ninguna persona podrá ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidato a cargos de elección popular cuando tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida o integridad corporal, contra la libertad, seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual.
También por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades; o si está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Asimismo, establece los mecanismos necesarios que permitirán a los partidos políticos garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
La diputada del PRD, Gabriela Quiroga, recalcó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la Ciudad y construir un entorno en que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
Martha Ávila, de Morena, comentó que este dictamen busca evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género.
En su turno, la legisladora Mónica Fernández César, del PRI, señaló que los partidos políticos deben trabajar para eliminar estos delitos, el miedo a denunciar y las represalias.
Con la iniciativa 3 de 3 se homologa la Constitución local con la Carta Magna federal, refirió el diputado Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal), y establece que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias, cumplan la norma.
Los agresores eligen a sus víctimas, las siguen, y una vez que el químico inyectado causa desmayo o pérdida de conciencia, las despojan de dinero y objetos personales.
Sólo nueve de los manifestantes están adscritos a la demarcación. “El resto son trabajadores de la alcaldía Coyoacán”, identificó el alcalde.
Exigen la destitución de funcionarios a quienes responsabilizan de la crisis en los CENDI.
“No corresponde a la realidad que el agua de las cisternas y tinacos las estemos llevando a los lagos del Bosque de Chapultepec”: GCDMX
La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, denunció que personal de la oficina del jefe de gobierno Martí Batres le llamó para pedirle que autorice el uso de la explanada de esa demarcación para llevar a cabo una “asamblea informativa” con la militancia morenista.
El Metrobús reportó desvíos en una de sus rutas por la presencia de manifestantes, lo que también provocó importantes retrasos en la movilidad.
La diputada del PRI, Silvia Sánchez, afirmó que no dará su brazo a torcer, no votará a favor de que Ernestina Godoy siga al frente de la FGJCDMX.
En el primer minuto del día 1 de abril arrancan las campañas para alcaldes y diputaciones locales.
Les han ofrecido secretarías, cargos y dinero: denunció el candidato de MC
El IECM aprobó el Presupuesto de Egresos de este organismo para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual asciende a 2 mil 974 millones 830 mil 578 pesos.
Entre las entidades con mayor número de homicidios en enero y febrero están Guanajuato, con 481 casos; Estado de México, con 418; y Baja California, con 415.
El próximo 19 de noviembre la Comisión anunciará los nombres de los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos, a fin de que el 20 de noviembre arranque la precampaña.
La entrevista del CJC a la Fiscal Ernestina Godoy ha sido un “día de campo”, las preguntas no corresponden a la realidad de la Cuidad de México en materia de delitos de alto impacto.
Exigen regularización de taxis por aplicación y actualización de tarifas, entre otras demandas.
Deberán establecer acuerdos sobre acceso al agua, servicios públicos, transporte y movilidad, vivienda, entre otras.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera