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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha clasificado a Guerrero como uno de los 13 estados de la República con aumento considerable de homicidios dolosos entre enero y abril de 2023 respecto al mismo periodo de 2022. En ese cuatrimestre, la entidad sureña reportó 535 asesinatos dolosos; 114 más que en el mismo periodo de 2022, cuando hubo 421 con un alza de 27 por ciento, que además la situó como la segunda entidad con mayor incremento de casos, solo después de Guanajuato, que registró 152 homicidios.
Guerrero, estado que gobierna la morenista Evelyn Salgado Pineda, es una de las entidades más afectadas por la inseguridad, la violencia criminal y los homicidios dolosos, razón por la que su población sale diariamente a las calles “con el Jesús en la boca”, y las familias tienen que llevar de la mano a sus hijos a la escuela; además de que los maestros son amenazados, secuestrados y, en muchas ocasiones, asesinados. En esa entidad, todos los sectores sociales se sienten inseguros.
Frente a esta situación de violencia e inseguridad generalizadas, ¿es suficiente lo que hacen el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado? ¿Están trabajando coordinadamente con una misma estrategia para evitar que en Guerrero sigan ocurriendo tantos homicidios comunes y dolosos? ¿Qué deben hacer los guerrerenses para frenar la ola de violencia, impunidad e injusticia?, porque en Guerrero todo indica que no hay justicia y que los criminales se sienten a gusto por la incapacidad de quienes gobiernan el estado.
Al cumplirse 36 días del crimen cometido contra los líderes antorchistas Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su pequeño hijo Vladi, los avances en la investigación resultan nulos; la gobernadora Evelyn Salgado ha incumplido el compromiso de esclarecer los hechos. Ante semejante conducta dilatoria, una comisión formada por mil antorchistas realizó, el pasado 18 de mayo, una manifestación pública frente al Palacio de Gobierno en Chilpancingo.
La violencia e inseguridad en Guerrero y en la República han aumentado en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que hasta ahora se han registrado 154 mil homicidios dolosos; y se estima que al terminar el gobierno morenista habrá 210 mil 906 homicidios, cifra que supera a los expresados durante los gobiernos presidenciales de 2006-2012 y 2012-2018. La política de “abrazos no balazos” no funcionó, y el pueblo de México ahora llora a sus muertos sin que las autoridades federales, estatales y municipales hayan hecho nada para detener la violencia.
Guerrero se encuentra en la octava posición nacional de homicidios dolosos, de la cifra general de 154 mil, siete mil 38 asesinatos ocurrieron en la entidad; pero lo más grave es que tanto su gobierno estatal morenista como su Fiscalía General del Estado (FGE) hacen muy poco para investigar los crímenes cometidos contra gente inocente, como es el caso de los tres antorchistas antes mencionados. La protesta realizada en abril debe verse como el inicio de un gran movimiento popular en demanda de justicia para que se castigue a quienes asesinaron a personas buenas y nobles como Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su hijo; que quienes les quitaron la vida sean detenidos, castigados y que declaren cuál fue el móvil de su crimen.
Hoy, ante tantos problemas sociales, políticos y económicos, los mexicanos debemos estar muy atentos y prestos a tomar decisiones orientadas a cambiar la situación y a evitar a toda costa que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) siga gobernando el país y los estados, porque ha demostrado que únicamente genera más pobreza, corrupción, inseguridad, violencia, homicidios, insalubridad y pésima educación.
Ya es hora de que los 130 millones de mexicanos unamos nuestra voz y nuestro voto para que las cosas empiecen a cambiar; que evitemos más destrucción de nuestra patria y que sigamos otro rumbo. Por lo pronto, llamo a todos a unirnos a la exigencia de que, en Guerrero, las autoridades cumplan con su obligación, aceleren las investigaciones, esclarezcan el crimen cometido contra los antorchistas y se castigue a los autores físicos, intelectuales y a sus “cómplices” por omisión. Por el momento, querido lector, es todo.
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La demanda surgió a raíz del aumento de quejas y problemas entre los capitalinos.
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La dependencia detectó varios defectos en juguetes relacionados con problemas de acabado y ensamblaje.
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Este año, el monitoreo abarca 584 juguetes y 197 productos más comunes en las fiestas decembrinas.
El 90 por ciento de los decesos se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que el 10 por ciento restante correspondió a causas externas como accidentes, homicidios y suicidios.
La dependencia busca constatar que no haya incrementos injustificados en los precios.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).