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Violencia contra las mujeres en el sistema de salud mexicano
En México, el acceso a la salud es un derecho constitucional, pero muchas mujeres enfrentan negligencia, violencia médica y revictimización institucional.
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En México, el acceso a la salud es un derecho constitucional, pero muchas mujeres enfrentan negligencia, violencia médica y revictimización institucional. 

Desde la violencia obstétrica hasta la falta de atención en salud mental, no sólo el sistema de salud pública, sino los servicios médicos privados, fallan en garantizar una atención digna y segura. Esta crisis silenciosa no es un conjunto de casos aislados, sino un patrón estructural que deja a millones de mujeres mexicanas en la indefensión. A través de testimonios directos, este reportaje expone las fallas de un sistema que, en lugar de proteger, vulnera aun más a quienes acuden en busca de ayuda. 

Violencia obstétrica convierte en tortura 

En abril de 2024, investigadoras de la Universidad Iberoamericana, lideradas por la Dra. Ana Paola Sáenz Jiménez, realizaron el estudio Caracterización de la violencia obstétrica en hospitales públicos de la Ciudad de México. 

A través de entrevistas a pacientes, acompañantes, enfermeras, médicos y personal social en hospitales seleccionados, midieron los índices de violencia obstétrica. Los resultados son alarmantes: 26 por ciento de las mujeres entrevistadas reportó haber sufrido alguna forma de violencia obstétrica en hospitales de la Ciudad de México, evidenciando un problema grave en la atención materna. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, en los hospitales de la CDMX se realizan procedimientos en los que no hay un consentimiento informado, como el tacto vaginal, con 97 por ciento, seguido de los lavados o enemas, además de la aplicación de medicamentos hasta con 75 por ciento de frecuencia y la episiotomía, que es el corte para evitar desgarramientos, con 50 por ciento. 

Uno de los testimonios más crudos es el de Diana, quien acudió a realizarse una ecografía antes de interrumpir su embarazo. “Me embaracé a los 19 años. Para interrumpirlo, debía hacerme un ultrasonido. Me pidieron llenar mi vejiga con agua para el procedimiento. El médico me apretaba fuerte el abdomen, lo que me dolía y provocaba ansiedad. Me gritaba, me decía que no me moviera mucho, que si tenía ganas me orinara en los pantalones o que si no, me largara, que sólo estaba haciendo más difícil su trabajo y que eso tenía que haberlo pensado antes de dejarme embarazar. Le dije que no me gustaba la sensación cuando él apretaba mi abdomen y me dijo que entonces él se iba a ir y nadie me iba a querer atender por ‘payasa’. Así que mejor me aguanté y dejé que me revisara”. Diana fue víctima de violencia médica en un laboratorio privado, lo que demuestra que el problema no es exclusivo del sector público. 

La minimización del dolor en mujeres 

Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres influyen en la manifestación de enfermedades; pero la medicina ha ignorado históricamente estas diferencias. La periodista Caroline Criado Pérez, en su libro Mujeres invisibles, señala que los síntomas femeninos suelen malinterpretarse debido a un modelo médico basado en el hombre, lo que lleva a diagnósticos tardíos o erróneos. Por mencionar un ejemplo, la Fundación Española del Corazón advierte que los infartos femeninos presentan síntomas como fatiga, náuseas y dolor en la mandíbula, menos evidentes que el dolor torácico en hombres, lo que los hace pasar desapercibidos e ignorados y dificulta que las mujeres reciban tratamiento oportuno y adecuado. La doctora Blanca Coll-Vinent confirma que estos síntomas han sido poco estudiados. 

Por su parte, la médica Carme Valls Llobet, en su libro Mujeres invisibles para la medicina, denuncia que mientras a los hombres se les practican electrocardiogramas cuando presentan dolor torácico, a las mujeres se les recetan ansiolíticos. Además, enfermedades como la osteoporosis, los trastornos alimenticios y las patologías cardiovasculares siguen siendo minimizadas, demostrando la urgencia de una medicina adaptada a la mujer. 

La salud física de las mujeres es desestimada frecuentemente en los hospitales de nuestro país. Por ejemplo, María, de la Ciudad de México, es autista y tiene Síndrome de Ehlers-Danlos. Su testimonio es un ejemplo aterrador de negligencia médica: “Tengo convulsiones no epilépticas, pero estuve dos años medicada con anticonvulsivos que no me hacían efecto. Además, sufro hemorragias constantes que nunca se atendieron correctamente. Un médico me dijo: ‘Acostúmbrate al sabor de la sangre, lo tendrás toda la vida’. Yo tenía 13 años”. 

Violencia en salud mental 

La salud mental en México enfrenta graves desafíos por recortes presupuestales y desabasto de medicamentos. Este año, el Instituto Nacional de Psiquiatría sufrirá una reducción del 12 por ciento en su presupuesto y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, del 13 por ciento, afectando la atención de pacientes con trastornos mentales. 

Marco Antonio Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, advierte que el desabasto de fármacos psiquiátricos es un problema nacional. Por otro lado, pacientes de diferentes lugares de la República denuncian la falta de medicamentos esenciales en hospitales como el Fray Bernardino Álvarez, impactando en el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. 

Pero el sistema de salud mental en México no sólo es ineficaz, sino que en muchas ocasiones se convierte en un espacio de abuso e impunidad cuando los médicos se convierten en agresores. 

María sufrió violencia psiquiátrica. Durante una crisis en la que dejó de hablar, algo que puede suceder en pacientes autistas, su psiquiatra la encerró en un consultorio y le dijo algo aterrador: “me dijo que si no me calmaba, iba a hacer que me internaran y que ahí adentro me iban a violar él y otras personas también”. 

Fabiola, una mujer neurodivergente con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), sufrió violencia institucional en el ámbito psiquiátrico. Buscando ayuda, su madre la llevó con el psiquiatra Gerardo García Maldonado, subdirector del Hospital Psiquiátrico de Tampico, Tamaulipas. “Me sentí mal, pero en lugar de reducir mi medicación, me la aumentaba. Me recetó Prozac en una dosis que me provocaba alucinaciones. Cuando se lo dije, ¡me la subió aún más! Un día me desmayé y terminé en el hospital, cuando desperté, no sabía qué estaba pasando. Ahí fue cuando mi familia decidió sacarme de su consulta”. 

El abuso no sólo fue médico, sino también sexual: “Me dejaba sola con él en el consultorio, me hacía preguntas incómodas sobre mi vida sexual, sobre si tenía parejas, si había tenido relaciones, si lo encontraba atractivo. A las enfermeras pasantes del Hospital Psiquiátrico de Tampico las llamaba las estorbantes. A los niños neurodivergentes los trataba horrible, con la punta del pie. Cuando lo expusieron en un tendedero feminista, se burló de las mujeres neurodivergentes que lo denunciaron. Dijo que sólo quería sacarle dinero a las familias en el hospital privado donde también consulta, ha tenido muchas denuncias en el Ministerio Público, pero no lo agarran porque está muy protegido por la Secretaría de Salud de Tamaulipas. No sé con qué influencias o quién más lo esté encubriendo”. A pesar de las múltiples denuncias y señalamientos públicos en su contra, este médico sigue ejerciendo sin consecuencias. 

El caso de Fabiola no sólo es una historia de violencia psiquiátrica, negligencia médica y abuso de poder, sino un ejemplo de la impunidad que prevalece en el sistema de salud mental en México. El psiquiatra que la maltrató sigue “atendiendo” pacientes, representando un peligro para más mujeres que acuden en busca de ayuda. 

Después de un intento de suicidio, Ana sufrió maltrato del personal de la clínica 70 del IMSS, en el Estado de México. “La médica no dudó en regañarme preguntándome si no estoy bien de mi cabeza, o si no me funciona el lóbulo frontal para saber lo que hago, insinuando que lo que pasé fue una tontería. Quedé sin saber cómo reaccionar ante lo que me dijo, ella sabía que tenía depresión y habían pasado varias cosas… como por qué hablarme de esa manera sabiendo que estoy muy vulnerable, eso me podría haber provocado otra crisis. 

Cuando denunciar aumenta el peligro 

Para muchas mujeres, acudir a las instituciones tras sufrir violencia de género significa enfrentar nuevas formas de abuso y negligencia. Un caso indignante es el de Perla, de Aguascalientes; ella sobrevivió a la violencia extrema de su pareja, quien la internaba en el Hospital Psiquiátrico Dr. León Mujica, un hospital público, como una forma de ejercer su control cada vez que sufría una crisis debido al abuso recibido; la mantenían internada para obligarla a retractarse de la denuncia sobre la violencia de que era objeto. “Me llevó la primera vez porque tuve un problema y me dijeron que era una crisis, pero a mí no me escuchaban cuando explicaba lo que pasaba, lo volteaban a ver, y si yo decía algo diferente, ponían ‘la paciente está teniendo alucinaciones’; la última vez fue hace dos años y me internaban aproximadamente unas cinco o seis veces por año”. 

Durante los internamientos, denuncia Perla, subían su medicación sin darle explicaciones y la presionaban para que “recordara” lo que querían que dijera. Este tipo de abuso institucional es un ejemplo de cómo el sistema de salud puede ser utilizado como una herramienta para revictimizar en lugar de brindar apoyo real a las víctimas de violencia. Después de múltiples casos como el suyo, la intervención de Derechos Humanos impidió que volvieran a internarla sin su consentimiento cuando el agresor lo intentó de nuevo. Este testimonio exhibe el uso del sistema psiquiátrico para silenciar a las mujeres que intentan escapar de la violencia. 

Beatriz Ortega, activista feminista, señala que la revictimización en el sistema institucional es un ciclo doloroso, las mujeres que han experimentado violencia pueden sentirse solas y desamparadas. La falta de contextualización y acompañamiento en la denuncia y en el proceso de guarda, custodia y atención puede exacerbar la situación. Las instituciones y los profesionales de la salud que están inmersos en estos procesos deben recibir capacitación en perspectiva de género y violencia de género para brindar una atención integral y respetuosa. Sin embargo, a menudo se realizan diagnósticos de manera exprés, sin considerar el estrés postraumático que puede estar presente desde que la paciente sale de un ciclo de violencia. 

La negación es común en mujeres que han experimentado violencia, ya que les es difícil aceptar la realidad, además de la presión de poder perder a sus hijos en el proceso. Pero lo más preocupante es que las instituciones parecen no ser empáticas con esta situación. Es fundamental un cambio en el sistema para crear un espacio seguro y respetuoso para las mujeres que han sido objeto de violencia. Esto incluye la creación de protocolos de atención y denuncia efectivos, así como la capacitación de los profesionales de la salud y la justicia”. 

Un caso de violencia extrema 

Sucedió en Toluca, Estado de México y es una muestra más de cómo las instituciones desprotegen a las víctimas de violencia extrema. Su agresor intentó asesinarla a golpes. Cuando ya no se movía, fue por un costal para meterla, lo dejó a su lado y subió a su cuarto por algo más. Michelle, viendo una oportunidad para sobrevivir, huyó por la ventana y corrió a denunciar al Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca. Sin embargo, a pesar de que el médico que la evaluó pudo ver claramente sus lesiones en la espalda, cuello y rostro, sólo se levantó la denuncia por “lesiones” y no por intento de feminicidio. 

“Me vio un médico que tenía las lesiones visibles en mi espalda, cuello y rostro, de que me estuvo arrastrando por toda una privada, de las marcas en mi cuello por sus manos y de cuando puso mi cabeza debajo de su camioneta para pasármela por encima. A pesar de que hubo testigos de ello, solamente lo denunciaron por lesiones”. 

Pero el maltrato institucional no terminó ahí. Durante terapia de pareja, una psicóloga justificó la violencia de su agresor y la responsabilizó a ella: 

“En terapia de pareja, una psicóloga comentó que el maltratador no podía cambiar porque no veía nada malo en él y que no debía de ponerle importancia a las agresiones porque no estaba en sus cinco sentidos cuando eso pasó (…) que la que necesitaba terapia individual era yo”. 

Este testimonio es un ejemplo de cómo un intento de feminicidio, con pruebas médicas y testigos presenciales, puede ser minimizado, exponiendo a la víctima a un mayor peligro; y exhibe la impunidad y revictimización dentro de los sistemas judicial y de salud mental. 

Niños, víctimas de la negligencia institucional 

Bárbara, de Guanajuato, es una madre que escapó de una relación de violencia extrema; tardó ocho años en recibir ayuda del Instituto de la Mujer. Mientras tanto, sus hijos quedaron en un estado de desprotección absoluta. A pesar de la gravedad de la situación, Bárbara no recibió apoyo inmediato. El acceso a la atención psicológica infantil sigue siendo limitado, costoso y burocrático, dejando a muchos niños expuestos a crisis emocionales severas, sin intervención oportuna. Su experiencia es un reflejo desgarrador de la negligencia institucional y la falta de acceso a salud mental para víctimas de violencia extrema y muestra el grado de abandono que sufren las mujeres y niños sobrevivientes de abuso y maltrato en México. 

“Cuando llegué al Ministerio Público, tenía muchísimo miedo de la consulta psicológica. Mi expareja me amenazaba constantemente con quitarme a mis hijos y la incertidumbre de lo que podría pasar me paralizaba. Pero lo peor fue que, en lugar de encontrar apoyo me hicieron sentir como si realmente estuviera ʻloca’, como si todo lo que había vivido no tuviera validez. En lugar de escucharme, me hicieron sentir terrible, me culparon y en cada momento me preguntaban si de verdad quería denunciar o si no sería mejor perdonar a mi agresor. Las pruebas psicológicas fueron una burla: me dejaron sola en un cuarto, me hicieron una única prueba y, con base en ella emitieron un dictamen determinando que ʻno había sufrido violencia’. Ni siquiera me hicieron una entrevista completa. Una sola prueba bastó para invalidar todo mi testimonio. Busqué ayuda en la Comisión de Derechos Humanos y la respuesta fue la misma. Sólo me hicieron una entrevista, pero esta vez me dijeron que debía pagar mi propio psicólogo. Cuando acudí al DIF, me informaron que no había apoyo para niños menores de cinco años. Mis hijos, que en ese momento eran muy pequeños y habían sido víctimas directas de la violencia de su padre, simplemente quedaron fuera del sistema de atención. Me dijeron que lo único que podía hacer era buscar un psicólogo privado. Desde entonces, he costeado sola las terapias psicológicas y psiquiátricas de mis hijos, sin ningún tipo de apoyo económico ni institucional porque mi hijo menor tuvo intentos suicidas. Todo esto mientras las instituciones que dicen proteger a las mujeres y la infancia nos han dado la espalda una y otra vez”. 

Mujeres neurodivergentes, las más desprotegidas 

Las mujeres neurodivergentes, especialmente aquellas con autismo y TDAH, enfrentan una doble vulnerabilidad: sus síntomas son ignorados o malinterpretados y cuando buscan ayuda médica, son invalidadas; es un tema del que aún no se habla abiertamente; y hasta hace poco, los estudios se realizaban en niños varones, siendo que las mujeres presentan características particulares que dan pie a diagnósticos erróneos, tratamiento inadecuado y vulnerabilidad ante el abuso. 

Silvia, activista neurodivergente, sufrió diagnósticos erróneos: “empecé con depresión desde que tengo memoria, fue escalando a ideación suicida, por lo que me refirieron a varios psiquiatras y todos decían que tenía rasgos de Trastorno Límite de la Personalidad (tenía 16 años); me mal diagnosticaron con estos rasgos, por ende, me medicaban para lo mismo y eso puso en riesgo mi vida porque los medicamentos no hacían efecto para mí, sólo detonaban mis síntomas porque no tenía ese trastorno; estuve internada en clínicas psiquiátricas privadas donde me siguieron diagnosticando mal y aparte no tuve un buen enfoque”. 

Shari, médica de Veracruz, sostiene que a lo largo de su carrera profesional ha observado cómo el sistema de salud maltrata a las mujeres neurodivergentes, lo que le ha afectado en su vida personal y en su carrera profesional, por lo que decidió migrar del sistema público al privado, básicamente por sobrevivencia. Su testimonio revela cómo el sistema expulsa incluso a quienes tienen la capacidad de hacer cambios desde dentro, terminan huyendo del sector público porque éste desgasta su salud mental en lugar de apoyarlas. Esto genera que haya menos profesionales con perspectiva de género y neurodivergencia en el sistema público, perpetuando el ciclo de la negligencia.  

La violencia médica no es un caso aislado 

Los casos que aquí se presentan sirven para caracterizar a un sistema roto que deshumaniza, revictimiza y pone en riesgo la vida de millones de mujeres en México. La violencia médica y la negligencia institucional son una realidad innegable. Pero visibilizar estas historias es el primer paso para exigir cambios. 

Las mujeres que compartieron sus testimonios para este reportaje rompen el silencio en un sistema que quiere invisibilizarlas. Lo que han vivido no es un caso excepcional, sino síntomas de una crisis que urge atender. La violencia y la negligencia en el sistema de salud mexicano es real y es hora de nombrarlas, denunciarlas y exigir un cambio.  


Escrito por Laura Gómez

@LLorelinx


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