El 12 de abril se cumplió un año de un triple asesinato que hasta la fecha permanece impune: dos líderes sociales, Conrado Hernández Domínguez, su esposa Mercedes Martínez Martínez, ambos integrantes del Comité estatal del Movimiento Antorchista y dirigentes en la región centro de Guerrero, y su pequeño hijo, Tlacaélel Vladimir Hernández Martínez, de cinco años de edad. Luego de este bestial crimen, ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) ni el gobierno estatal han avanzado en la búsqueda de los culpables.

El crimen cimbró al país por su bestialidad y enlutó al antorchismo nacional, organización que desde el primer momento exigió justicia. El desdén de las autoridades estatales y de la FGE sigue siendo el sello característico, pues a pesar de que Morena gobierna en los niveles Federal, estatal (con el gobierno de Evelyn Cecia Salgado Pineda) y municipal (con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez) no hay avances para dar con los responsables. 

Hace ya un año, la capital de Guerrero fue el epicentro de protestas del Movimiento Antorchista Nacional en exigencia de justicia por la muerte de la joven pareja, brutalmente asesinada a golpes en la cabeza y de su hijo, que pereció por estrangulamiento. Desde hace un año, la rabia y la indignación han sido evidentes en cada protesta, cadenas humanas, difusión de volantes informativos y una megamarcha en la que participaron antorchistas de todo el país y el pueblo guerrerense, que llegó desde varias zonas del estado y de la capital.

Los hechos

El miércoles 12 de abril de 2023, cuando la familia no llegó a su casa, sus compañeros comenzaron la búsqueda; el jueves 13 de abril llegaron reportes en las redes sociales acerca de un automóvil que supuestamente había caído a un despeñadero en la carretera México-Acapulco, cerca de Chilpancingo, justo en el punto conocido como Agua de Obispo, en el que se encontraban tres cuerpos sin vida.

Los reporteros que bajaron al lugar revelaron que el vehículo no presentaba daños en los costados, en el techo y no tenía ningún vidrio roto; además, que los tres cuerpos estaban en el asiento trasero, evidenciando que el auto no cayó a un barranco de más de 50 metros de profundidad, es decir, descartaron que se tratara de un accidente. Con dudas y dolor a flor de piel, el viernes 14 de abril se dieron a conocer los resultados de las autopsias, revelando de manera irrefutable que se trató de tres ejecuciones contra una familia que llevaba una vida modesta y una conducta intachable, según declaraciones de quienes los conocieron.

Los cuerpos fueron velados en las oficinas del Movimiento Antorchista en Chilpancingo, en el centro de la capital guerrerense, ahí se colocaron los tres ataúdes con sus respectivas fotografías. En el país, la indignación fue de gran magnitud, pues el trabajo que realizaba la pareja estaba relacionado con la mejora de las condiciones de vida de miles de familias, razón por la que su muerte fue sentida por hombres y mujeres de todas las edades, colonos y campesinos que despidieron a sus dirigentes y compañeros de lucha.

Los asistentes no podían creer la crueldad con que les arrancaron la vida y participaron en las movilizaciones masivas en exigencia de una justicia que no se avizora aún, pues todo ha quedado en promesas de la FGE.

Previo al primer aniversario luctuoso de los líderes sociales y su hijo, las dirigencias estatal y nacional del Movimiento Antorchista acudieron a la FGE, en donde las autoridades anunciaron que pronto presentarán algunos avances en la investigación del triple asesinato. El gobierno estatal aseguró que se resolverá el caso; pero hasta la fecha no hay ningún avance oficial, sólo informaron que la investigación sigue su curso desde hace casi un año, cuando las autoridades se comprometieron a impartir justicia pronta y expedita.

La exigencia de hacer efectivo el derecho elemental a conocer la verdad de los hechos, que no se proteja a los criminales, se haga justicia y se aplique el merecido castigo a los autores del asesinato de los líderes sociales sigue siendo la principal demanda del antorchismo nacional.

El mutismo que impera demuestra que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal, y replicada sin cuestionamiento alguno por los gobiernos estatal y municipal, es fallida; los asesinatos continúan y la FGE sólo señala que se investigarán los hechos.

El jueves 25 de mayo, familiares de las víctimas y compañeros de su organización en Guerrero acudieron a Palacio Nacional para protestar en demanda de justicia. Fueron atendidos personalmente por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien se comprometió a investigar el caso. Fue la única ocasión en que los atendió, de esa fecha para acá, ni investigación ni nada.

Una fiscalía inoperante

Mientras las cifras por homicidios siguen creciendo en el país y la entidad, en parte por la política de “seguridad” dictada desde Palacio Nacional de “abrazos, no balazos”, la violencia continúa ganando terreno.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian que tan sólo en el primer mes de 2024, en Guerrero, entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado Pineda, se registraron 110 homicidios dolosos, cifra similar a la registrada en enero del año pasado, cuando hubo 123 homicidios dolosos.

La misma dependencia reportó que, durante el primer semestre de 2023, Guerrero padeció una violencia e inseguridad sin igual, como no había ocurrido en los últimos cuatro años, pues los 800 homicidios dolosos ocurridos en el estado representan un incremento de 20 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando sumaron 666 muertes intencionales; también hubo enfrentamientos, bloqueos e incendio de vehículos.

El SESNSP señaló que del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023 en Guerrero se registraron mil 401 homicidios dolosos, cifra que lo colocó entre las entidades más violentas de México. Guanajuato, Estado de México y Baja California ocupan los primeros tres lugares de homicidios, según la consultora TResearch.

La FGE de Guerrero registró mil 408 homicidios dolosos, es decir, siete asesinatos más. En lo que va del sexenio de la “Cuarta Transformación”, esta entidad ha registrado ocho mil 604 homicidios.

Sin embargo, “lo más alarmante de la situación es que, en 2023, la Fiscalía no logró esclarecer ni una sola investigación abierta, registrando cero sentencias condenatorias, lo que habla de una impunidad del 100 por ciento en este delito”, consignó el medio Infobae México.

Otro hecho que revela que la situación en Guerrero está fuera de control es que “de mil 171 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, sólo 12 investigaciones fueron judicializadas con detenido”, según el mismo medio, quien solicitó información vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a la vicefiscalía de Investigación del estado.

En lo que va de la administración de Evelyn Salgado, por la FGE de Guerrero han pasado dos fiscales y un encargado de despacho.

En abril de 2023, cuando ocurrió el asesinato de Conrado, Mercedes y el pequeño Vladimir, la Fiscalía estaba a cargo de la teniente coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien asumió el cargo de fiscal en diciembre de 2021, casi dos meses después de que la gobernadora Evelyn Salgado tomara protesta como gobernadora de Guerrero.

El 14 de febrero, Sandra Luz Valdovinos solicitó una licencia para dejar el cargo durante seis meses para “atender asuntos de carácter personal y familiares”; sin embargo, el 22 de febrero comunicó al Congreso local su “desistimiento” de la petición de licencia. El pasado 19 de marzo fue removida del cargo cuando la gobernadora presentó un oficio de destitución tras el asesinato de Yanqui Kothan Gómez, el joven estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. Como encargado de despacho fue nombrado Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, quien estuvo sólo cinco días en el cargo y el dos de abril de 2024, con el voto de 43 diputados, el Congreso del Estado designó a Zipacná Jesús Torres Ojeda como fiscal general del estado para un periodo improrrogable de seis años.

Guerrero: interminable lista de crímenes

Los medios nacionales acusan a la gobernadora Evelyn Salgado de tener nexos con un grupo delincuencial. Su padre, Félix Salgado, quien realmente gobierna Guerrero, está acusado de abusos sexuales, corrupción y nexos con la delincuencia organizada.

El gobierno morenista de Guerrero ha sido duramente criticado porque en momentos de crisis guarda silencio o tarda en responder, como ha ocurrido en repetidas ocasiones, por ejemplo, después del embate del huracán Otis, cuando tardó más de 24 horas en ofrecer un mensaje; o el silencio ante los señalamientos por la sensación de ingobernabilidad; su desaparición de los medios después de la masacre ocurrida en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, en el municipio de Heliodoro Castillo; o recientemente, en el caso del linchamiento de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de la niña Camila Gómez Ortega.

Ante la crisis y la polémica por sus constantes ausencias, Evelyn Salgado prefirió culpar a sus subordinados, pidiendo la renuncia de los secretarios de Gobierno (Ludwig Marcial Reynoso) y de Seguridad Pública (Rolando Solano); además, solicitó la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, la cual fue aprobada por el Congreso local.

Es necesario recordar que Evelyn Salgado, la primera mujer en gobernar la entidad guerrerense, llegó al cargo luego de que el Instituto Nacional Electoral le retirara la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no reportar gastos de campaña; sin embargo, en los hechos, el mando ha permanecido, en manos del padre de la gobernadora.

Ante este panorama, en Guerrero, como en otras entidades del país, el número de crímenes y asesinatos se ha disparado, levantando el clamor de los ciudadanos para que las autoridades actúen rápidamente y con eficacia cada vez que haya un homicidio. En México dicen no debemos tolerar que siga escalando la violencia y la muerte, porque eso es equivalente a la muerte social.

La conducta poco efectiva de las autoridades responsables de perseguir y castigar a los delincuentes aumenta el riesgo de que estos crímenes brutales se sumen como una cifra más a la enorme lista de asesinatos que siguen sin resolverse durante el actual sexenio; lo cual, además de injusto e inadmisible, provocará más protestas.

La crisis de gobernabilidad en Guerrero ha llegado al Senado; la bancada del Partido Acción Nacional propuso la desaparición de poderes y criticó la ausencia de la gobernadora:  “la ingobernabilidad en el estado es ya insostenible, la omisión de las autoridades frente al crimen organizado no tiene marco de referencia”, expresó Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas.

A su vez, la legisladora Kenia López Rabadán criticó el hecho de que la gobernadora no defienda a los guerrerenses y considera necesario tomar medidas: “que se analice la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y que por fin se ponga un límite al crimen organizado que está lastimando a las familias de Guerrero”.

En el caso del asesinato de Conrado, Mercedes y su pequeño hijo, el antorchismo del país seguirá demandando justicia; sus principales dirigentes han advertido que no permitirán que se desvíe o se quiera dar carpetazo al caso. La exigencia de justicia continuará hasta que las autoridades detengan a quienes les quitaron la vida, que se diga cuál fue el móvil del crimen y se consigne a los responsables ante la autoridad competente para que se les fije el castigo que la Ley establece.

Este horrendo crimen, es sólo un ejemplo más de lo difícil que es vivir en Guerrero, donde además de la devastación que causó el huracán Otis, el desempleo y la violencia han paralizado la actividad en algunas regiones: Chilpancingo, Acapulco y Taxco.