Cuando apareció el Covid-19 en el país, algunos expertos anticiparon que Tijuana, la ciudad fronteriza mexicana con mayor movilidad en el mundo, sería uno de los focos rojos de la contingencia sanitaria; pero lo que no previeron fue que sostendría una fuerte rivalidad con la epidemia homicida que los tijuanenses padecen de 2018 a la fecha.

Un sencillo informe de la Cruz Roja ilustra el doble problema de insalubridad mortal que hoy enfrentan: sus 13 ambulancias reciben al menos 40 llamadas de auxilio relacionadas con el Covid-19 y otras tantas están vinculadas con intentos de asesinato. La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) aclara el fenómeno: hasta el nueve de junio, se habían registrado 897 homicidios en Tijuana.

Frontera común con Estados Unidos (EE. UU.), el país con más infectados y muertos por Covid-19 y el mercado de consumo de drogas más grande del mundo; la presencia de grupos criminales que se disputan los espacios del narcotráfico local y externo; la ciudad con más empresas maquiladoras “esenciales” o “no esenciales”, operadas por miles de trabajadores y el asentamiento en la línea fronteriza de centenares de trabajadores migrantes en situación de calle y en espera de cruzar hacia el país vecino.

A estos elementos se suman el tránsito laboral y binacional cotidiano con varias ciudades de California, pese al cierre parcial de las garitas; el comercio informal y la inocultable “permisividad” que desde hace muchos años celebra la “condición festiva” de Tijuana como una ciudad donde la prohibición de la venta de bebidas embriagantes y las restricciones sanitarias no se acatan por cuenta de más de la mitad de sus habitantes.

Por ello, la drástica falta de oferta de cerveza en la ciudad y festividades como el Día del Niño, el Día de la Madre y el Memorial Day, en el país vecino, provocaron cruces masivos hacia el condado de San Diego y pequeños repuntes de contagio en los registros de la Secretaría de Salud (SS) del gobierno estatal de Baja California.

Especialistas médicos consultados por buzos denunciaron que las autoridades sanitarias se han visto rebasadas por la pandemia, que al sumarse a la de los asesinatos generados por las disputas entre los grupos del crimen organizado, ha propiciado sobresaturación del Servicio Médico Forense (Semefo), la demanda de servicios funerarios y de tumbas en los panteones municipales.

Adelantados a las fases por pandemia

La médica internista Karina Rosas Sánchez, adscrita a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ángeles de Tijuana, ubicado en la Zona Río, compartió a buzos que Baja California, en especial Tijuana, vivía, en la segunda semana de abril, una fase de contagio más adelantada que la determinada por el Gobierno Federal y que, por lo mismo, había alcanzado ya su pico en el número de infectados y muertos.

La doctora atribuyó esta situación principalmente a la cercanía de Tijuana con California, EE. UU., donde la emergencia sanitaria se declaró en fecha muy temprana y el siete de junio reportó 131 mil casos positivos y cuatro mil 653 decesos. El impacto en la nación vecina se vio reflejado en Tijuana, cuyos principales centros médicos se saturaron muy rápidamente.

Ése fue el caso del Hospital General de Tijuana, dependiente del gobierno estatal, ubicado en la Zona Río; Hospital Regional No.1, ubicado en la Tercera Etapa del Río y la Clínica No. 20, situada en la delegación Las Palmas. Estos dos últimos nosocomios pertenecen a el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos médicos y enfermeras carecieron de equipo de protección durante el tratamiento que brindaron a pacientes de Covid-19.

Según datos de la SS del estado, hasta el nueve de junio, Baja California registraba seis mil 274 casos positivos por Covid-19 y mil 303 defunciones, cifras que la sitúan como la entidad fronteriza mexicana con mayor número de pacientes de Covid-19. En esa misma fecha, Tijuana reportó dos mil 375 infectados y 668 muertos.

Estos números causaron sobresalto al subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, quien en su rueda de prensa cotidiana afirmó que Tijuana había excedido las predicciones de hospitalización en terapia intensiva, es decir, cuando los infectados requieren de respiración mecánica y se hallan en riesgo de muerte.

El siete de junio, el condado de San Diego, California, registraba ocho mil 345 casos positivos y 296 defunciones, es decir, los contagios se triplicaron en Tijuana; mientras las muertes eran el doble que en San Diego.

Este fenómeno se debe a la liberalidad o ligereza con la que muchos tijuanenses han asumido la contingencia sanitaria y, asimismo, al anuncio de la “nueva normalidad”, hecho el pasado 1° de junio. Por ello, el titular de la SS estatal, Alonso Pérez Rico, debió reconocer que el número de infectados por el Covid-19 creció aceleradamente y que los ocho muertos diarios por esta enfermedad habían ubicado a Tijuana como el epicentro del virus en México.

Su crecimiento se desarrolló a tal grado, que muchos de los pacientes no hallaron cabida en los hospitales y debieron regresar a sus casas, donde varios han muerto o en las ambulancias de la Cruz Roja, como demuestra el estudio Exceso de mortalidad extrahospitalaria y disminución de la saturación de oxígeno: el papel centinela de los datos de EMS en la crisis Covid-19 en Tijuana, México, realizado por el Centro de Medicina Social de la Universidad de California (UCLA), la Academia Mexicana de la Salud de Tijuana, el Colegio de la Frontera Norte (Colef), la Cruz Roja Mexicana, entre otras, publicado el 19 de mayo

En este documento se precisa que entre el 14 de abril y el 11 de mayo fallecieron 329 personas en su domicilio o a bordo de una ambulancia de Cruz Roja, cifra que significó un incremento del 145 por ciento en defunciones extrahospitalarias respecto a los registros oficiales de la SSE en años anteriores, cuyo promedio de ocho casos “deambulatorios”.

La precarización social, aliada del Covid-19

Un número impreciso de comerciantes establecidos, considerados “no esenciales”, reabrieron sus negocios en Tijuana pese a la advertencia del semáforo rojo establecido por el Gobierno Federal. La señora María Ramírez, propietaria de una estética ubicada en la zona centro de la ciudad, mencionó a buzos que abrió su negocio porque su familia está viendo muy dura la situación por la falta de dinero.

“No nos quedó de otra y aún con el riesgo decidimos (con su marido) volver a abrir el negocio porque con lo de él no nos alcanzaba para todos. Además de mantener a dos hijos pequeños, no tenemos casa propia y había que pagar renta y lo que se viene de servicios. No teníamos más que la entrada de dinero que mi marido se gana como carpintero. Pero eso también estaba escaseando”, lamentó.

La socióloga Sara Islas afirmó que el encierro impuesto por la cuarentena del Covid-19 evidenció en mayo la precariedad de los empleos y la desigualdad social que existe en gran parte de la ciudad de Tijuana y los otros municipios de Baja California:

“Queda claro que hay una marcada desigualdad, muy pocas personas somos las que nos damos el lujo de hacer trabajo a distancia; somos contadas en el país, y la gran mayoría tiene que salir a trabajar; y en las empresas no se cuenta con ninguna condición de seguridad ni salubridad, y estas personas, aunque se protejan del virus, lo hacen de manera precaria, lo cual es un riesgo por el problema del Covid-19 en la ciudad”, explicó.

La investigadora advirtió que los trabajadores en las maquilas, los comerciantes formales e informales se ven obligados a exponer sus vidas en sus áreas de trabajo o en el transporte, porque tienen que sobrevivir. La mayoría de los trabajos esenciales se hallan en los mercados, en las zonas de abasto de alimentos y medicamentos, Es ahí donde se generan las condiciones más inseguras para los trabajadores.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2019 revelan que el 57 por ciento de la población de Tijuana depende de la informalidad, que abarca a millón 964 mil 788 habitantes de la ciudad, un millón 119 mil 929 sobreviven de las múltiples actividades informales, de los cuales 38 por ciento trabaja sin seguridad social ni prestaciones.

El mismo reporte del Inegi informa que el 25 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) que labora formalmente, lo hace en “condiciones críticas”, es decir que sus largas jornadas de trabajo son mayores a las ocho horas y que sus ingresos resultan muy bajos.

Por estas razones, comentó la socióloga, es muy difícil que un amplio sector social de Tijuana pueda acatar cabalmente las recomendaciones de “cerrar sus negocios, quedarse en casa y no vender productos en las calles”, ya que su insuficiencia económica las obliga a buscar la forma de sobrevivir al desempleo y al hambre.

Sara Islas consideró que el goubierno estatal enfrenta el reto de elaborar un programa social que permita a las personas con mayores problemas de desigualdad social superar la crisis sanitaria y económica, mientras se accede a la “nueva normalidad” sin exponer sus vidas en las calles.

“Eso es un error, pensar que solamente las familias se tienen que hacer responsables de esto que está pasando; ahí se requiere finalmente la participación del Estado. Las medidas que han instrumentado son necesarias, pero insuficientes. Lo que se necesita hacer es sentar bases más sólidas para la estabilidad social y de salud. Se va a requerir de esfuerzos para la prevención en el ámbito de la salud. Somos un país enfermo porque hay poco acceso a ella”, aseguró finalmente.

Los muertos denuncian las limitaciones oficiales

Las crecientes defunciones generadas por el Covid-19 y los homicidios han rebasado de tal forma la capacidad del Semefo que su director, Raúl González Vaca, en algún momento amenazó con no recibir más cuerpos, porque el personal especializado que atiende la institución no contaba con los materiales de protección suficientes, problema que finalmente pudo resolverse.

Pero el aumento de muertes provocadas por las dos pandemias ha generado otro problema, que sin duda deberán atender con rapidez los gobiernos municipal y estatal: algunas empresas funerarias –como lo confirmó a buzos uno de sus trabajadores– brindan servicios funerarios clandestinos (es decir, de velatorio y entierros con más de 10 familiares) para no perder sus ganancias habituales.

El Panteón Municipal No. 13, ubicado en la zona de Valle Redondo, colindante con el municipio de Tecate, también dispuso uno de sus terrenos para cavar fosas destinadas a fallecidos por Covid-19. A decir de Salvador García, director de Panteones Municipales de Tijuana, del dos de abril a la fecha han sido sepultados más de 280 muertos por Covid-19. De acuerdo con uno de los sepultureros, en los últimos tres meses se han enterrado entre 20 y 30 cuerpos diarios, cifras equivalentes al incremento del 25 por ciento respecto al año pasado.

Karina Rosas Sánchez, la médica internista del Hospital Ángeles de Tijuana, indicó a esta revista que el gran reto médico planteado por la pandemia en México es resolver la insuficiencia de personal y equipos especializados –sobre todo respiradores artificiales– y el manejo adecuado de los protocolos y la contingencia sanitaria.

Afirmó estar convencida de que ninguna pandemia se frena cerrando las fronteras, sino promoviendo que la población participe, consciente de su responsabilidad personal: “las pandemias se frenan en la sociedad, ésa es una realidad, y para eso hay que educar a la gente, guardar las medidas de higiene y el distanciamiento físico. Esto es lo más importante”, destacó.