La promesa de erradicar la corrupción se convirtió en no muy refinadas formas de perseguir a sus contrarios. Luchar contra la corrupción de los funcionarios de gobierno y contra todas las formas de la corrupción, fue una de las grandes promesas de campaña que consiguieron muchos votos y llevaron al triunfo al partido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Pero esta bandera no solo atrajo votos a su favor, también ha mantenido muy atentos millones de ojos de todo mundo, seguidores y contrarios, interesados en presenciar la realización de su principal promesa: erradicar el problema del que se derivan –según el nuevo gobierno– todos los males que sufre la población mexicana: desigualdad, pobreza, desocupación, etc.

Lo que propios y extraños, observadores del país y del exterior, investigadores nacionales y extranjeros ha descubierto, son varios hechos sorprendentes: desde el inicio de este sexenio, el combate a la corrupción se transformó en el pretexto, en el medio para perseguir a todos los opositores del gobierno; en instrumento de venganza, de intimidación y para silenciar las inconformidades con la política de la 4T. El órgano creado para facilitar sus objetivos fue la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encargó de investigar los casos de funcionarios sospechosos de cometer delitos de corrupción, de acusar, amenazar e intimidar a conveniencia del partido en el poder.

Personajes que en otro tiempo fueron tildados de corruptos por el Presidente, hoy ocupan cargos de primera línea en el gobierno de la 4T o figuran como consejeros y asesores en el partido gobernante; no cabe duda de que no solo “tienen derecho a arrepentirse” sino aun a ser admitidos en las filas del vencedor en puestos privilegiados. Las investigaciones por denuncias de actos de corrupción contra funcionarios del gobierno actual no proceden; el acusado es declarado inocente y puede seguir disfrutando de su fortuna y su poder. Los órganos de inteligencia fiscal nunca investigan a los amigos de la 4T, pero sirven para amenazar, intimidar y someter a todos aquellos considerados opositores al Presidente y su “proyecto”, sobre quienes se ceban con todo su rigor. Se aprovecha el poder para adjudicar directamente millonarias obras de infraestructura sin necesidad de someterlas a concurso o licitación en beneficio de familiares y allegados de los altos funcionarios.

Y el colmo son las medidas para instaurar un régimen de terror cuyas primeras intentonas son acabar con la inviolabilidad del domicilio, con el pretexto “inocente” de facilitar al Inegi la evaluación de los bienes de los ciudadanos; y la creación de un sistema de “Alertadores Externos e Internos contra la Corrupción”, que en realidad consiste en fomentar una red de soplones que nos devuelva a un tiempo que se creía superado, al sistema de justicia de la Santa Inquisición. Todos los observadores nacionales y externos, entonces, han descubierto que nunca se abatió la corrupción, sino que ésta se ha fortalecido.