El pasado 22 de septiembre, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de diversas reformas legales para entregar a la Secretaría de Marina el control de la administración total de los puertos, de la marina mercante, de los contratos, obras, permisos, tarifas, la educación naval, entre otras funciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) tenía a cargo estas tareas desde 1970. Con 15 votos a favor y 9 en contra fue aprobado este proyecto, que pasó al Pleno de San Lázaro, donde en el último día de septiembre fue aprobado y se dirige al Senado de la República.

Desde entonces, el panista Felipe Macías alertó que dar a la Marina nuevas tareas “distraerá su función central de la seguridad” y advirtió que “solo el 3 por ciento de los países en el mundo se hace esta función con las Fuerzas Armadas”. Este caso, también llevó a la salida de Javier Jiménez Spriu de la SCT, argumentado su rechazo a la “decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT”. El ex funcionario de la Cuarta Transformación advirtió también la “grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como lo político” antes de saber que no era del grupo que predica “lealtad ciega” que pide el presidente, López Obrador, de sus funcionarios.

Un Secretario se fue, llegó otro y la medida debía consumarse. En medio de la confrontación para evitar la extinción de los fideicomisos, la mayoría de Morena, con sus aliados el PT, PES y Verde logró la votación para hacerlo posible. Se aprobó así transferir a la Secretaría de Marina (Semar) todo el control que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de las actividades que se realizan en los 102 puertos del país. Con respecto a esta aprobación, al interior de San Lázaro, la oposición expresó que, con ella, se faculta y oficializa una mayor expansión y fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, colocando a la Marina en un monopolio, como ya ocurrió en los contratos ya recibidos por el Aeropuerto de Santa Lucia.

De esta forma, al peligroso clima de uso arbitrario de la Guardia Nacional, se consuma la militarización de los puertos, pues una vez que llegue al Senado de la República, la iniciativa será aprobada por el otro contingente de Morena que cumple los designios del ocupante de Palacio nacional, aunque sea violatoria del artículo 129 de la Constitución. ¿Cómo explicar que un gobierno que se presenta como el más cercano a los pobres, sea el que encabece un acelerado, improvisado y peligroso proceso de militarización que cada vez se extiende más y más a ámbitos civiles? Colocar a las fuerzas armadas en labores que no les corresponden en tiempo de paz, solo dejan clara una visión que pervierte la naturaleza de esa corporación, con resultados todavía no imaginables.