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El mayor problema del Presupuesto de Egresos para 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la reducción “significativa” de las participaciones y aportaciones para los estados y municipios, advirtió el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
En su artículo de esta semana publicado en El Universal titulado “Un presupuesto sin sustento alguno (II)” señala que el PEF2021 será aprobado por los legisladores de morena y de los partidos satélites a más tardar el 15 de noviembre “será tan solo con modificaciones menores”.
El presupuesto previsto para el próximo año será del orden de 6.3 billones de peso, ligeramente menor en términos reales al autorizado para este año. Este monto –explicó-, de antemano tiene que apartarse el gasto denominado como “no programable”, el cual es por el orden de 1.7 billones de pesos, queda 4.6 billones de pesos, a esta cifra, se tienen que destinar 1.2 billones para el pago de pensiones.
Urzúa refirió que, del total del presupuesto, apenas un billón de pesos no está comprometido, sin embargo, se cuestionó “¿Cuál es el destino final de ese remanente, ese millón de millones? Poco más de 700 mil millones de pesos, alrededor del 2.8% del producto interno bruto (PIB), están asignados para la inversión pública. Esa cantidad no es cuantiosa. Para poder alcanzar de manera sostenida tasas notables de crecimiento económico, un país como el nuestro debe destinar a la inversión pública al menos el 5% de su PIB”.
A decir del ex funcionario de la actual administración, dijo que “sin embargo, ése no es el mayor problema del actual proyecto de Presupuesto de Egresos. El más grave es que en el 2021 las participaciones y aportaciones para los estados y municipios serán significativamente menores que las de este año”.
Las entidades que cuentan con mayor número de casos acumulados por contagio de Covid-19 son CDMX, Estado de México y Tabasco.
En la primera etapa, que inicia el 18 de mayo, regresarán a actividades los Municipios de la Esperanza, como los llama el Gobierno.
El primer mandatario no vive la realidad, no la ve y no quiere darse cuenta de que las cosas ya están llegando al límite y puede desembocar en una crisis social de consecuencias que nadie las desea.
El daño desproporcional que ha tenido la crisis sobre las clases trabajadoras de nuestros países se debe, fundamentalmente, al sistema capitalista mundial.
La sociedad empieza a abrir los ojos; tras la nube de incienso descubre la verdad y a nadie sorprenda que caiga el engaño de que AMLO resolvería los problemas, principalmente los de los más pobres, que hoy viven peor.
Hidalgo no es un estado próspero para su población a pesar de que el gobernador es de los tres más "consentidos" del gobierno de López Obrador.
Demandaron al Presidente de la República salvaguardar a la población ante la pandemia y exigirle, nuevamente, que se implemente un plan nacional de alimentos.
¿Por qué los mexicanos si van tener un trato negativo a sus principales demandas y a la violación de sus derechos?
El salario mínimo en México trae, desde los años 90 a la fecha, una caída del 70 por ciento de su capacidad adquisitiva.
Ahora, ni siquiera el dinero recortado que llega a los municipios se podrá emplear para atender las prioridades más urgentes de los pobladores; los alcaldes quedan prácticamente atados de manos para atender a sus gobernados.
Miguel Barbosa está reprobado como gobernador y sin cumplir aún el primer año de su administración no ha podido echar andar políticas públicas que le aseguren un desarrollo económico y político favorables al estado.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador acumuló 193 mil 612 homicidios dolosos.
Además, el último informe de la SHCP 2023 sostiene que 6 planes federales contemplaban un presupuesto de 4 mil 500 millones 400 mil pesos, pero sólo se entregaron 3 mil 894 millones.
Y en esta sociedad “democrática”, asediada por la irracionalidad y el autoritarismo, los delitos oficiales son “la corrupción” y el “enriquecimiento ilícito”.
Antes de ser titular del ISSSTE, Bertha Alcalde fue una de las candidatas de López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Escrito por Trinidad González .
Reportero. Estudió la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.