La reforma al sistema de pensiones se ha anunciado como un gran logro entre el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) y la clase patronal. Los analistas la ven como una redefinición de las relaciones políticas del Presidente y los empresarios que inicialmente fueron tensas e inciertas por el temor de éstos a que el gobierno marchara hacia el socialismo. Nada más lejos de la realidad. Ni antes, ni ahora hay elementos para suponer que esta administración tenga una visión siquiera progresista. Las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los empresarios no son ideológicas, sino formales porque, a su manera, cada uno cuida y afianza sus prácticas neoliberales, en cuyo contexto tienen más coincidencias que disensiones. El Presidente sigue aplicando un capitalismo de amigos, pero éstos no son los mismos capitalistas amigos del anterior mandatario, como pudo verse en la lista de los empresarios que invitó a la cena con el “Señor” (Donald Trump) durante su “exitosa” visita a la Casa Blanca. Por ello, y poniendo las cosas en sus justos términos, la política económica mexicana se ajusta a las exigencias del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) para que las relaciones comerciales se realicen en condiciones óptimas. El reciente ajuste al Sistema de Ahorros para el Retiro (SAR) representa una más de las actualizaciones exigidas a México por el vecino del norte, en lugar de una verdadera preocupación del Gobierno Federal para mejorar la suerte de los trabajadores.

Antes de la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) había presiones de los gobiernos de estos dos países debido a la “desleal” competencia de los bajos salarios y las reducidas prestaciones de los trabajadores mexicanos en el mercado regional. Esta razón propició un primer acuerdo entre AMLO y la clase patronal para subir el salario mínimo a 123.22 pesos, y el segundo fue la susodicha reforma a las pensiones gracias al “generoso sacrificio” de la clase empresarial que aceptó elevar sus aportaciones del 5.15 a 13.87 por ciento. Esto se evalúa como un logro inusitado porque en 1997, cuando se inició el SAR, el trabajador aportaba el 1.125 por ciento de su salario y el gobierno el 0.225 por ciento para alcanzar el 6.5 por ciento de aportación, y en el futuro próximo será del 15.22 por ciento, sin duda una diferencia sustantiva. Sin embargo, el incremento de las aportaciones patronales será paulatino dentro de un periodo que puede ser mayor a los ocho años, lapso durante el cual muchas cosas pueden pasar ya que, como decía el ilustre economista John Maynard Keynes, “en el largo plazo todos estaremos muertos”. Entre las cosas que pueden ocurrir está el uso de esa prestación como pretexto para no conceder mejores aumentos a los salarios laborales con la finalidad de que los empresarios continúen ganando. Pero aun aceptando, sin conceder, que tal reforma es positiva para la clase obrera, es necesario destacar que sus beneficiarios son una minoría respecto a los 31 millones de trabajadores que están en la informalidad, los dos millones de desempleados y los casi 12.5 millones que perdieron sus empleos por la pandemia. Por ello, quienes mayores motivos tienen para celebrar ese cambio son los dueños de las Administradoras para el Retiro, entre quienes figuran Alberto Baillères, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, cuyas fortunas crecieron más del 22 por ciento a costa del dinero de los trabajadores. Éstos deben entender que nunca, en ninguna parte del mundo, los patrones ayudan a los trabajadores; que su apetito por las ganancias y su ambición de atesorar bienes es tan grande, que en su corazón no cabe ningún buen sentimiento para el trabajador.

En este momento, los trabajadores mexicanos deben saber que las aportaciones de los empresarios y las del gobierno son generadas también por la misma clase trabajadora; que no deben nada a los empresarios y que, muy por el contrario, esas migajas solo buscan mantenerlos en el estado de postración y explotación donde ahora se encuentran.