En manos de su director Manuel Bartlett Díaz y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha retrocedido hasta el punto de la quiebra, como lo evidenció el apagón de dos horas del pasado 28 de diciembre, que afectó a casi 40 millones de usuarios en 20 ciudades de la República.

La CFE es considerada por AMLO una de las empresas paraestatales más importantes del Gobierno Federal y, pese a que ha invertido cuantiosos recursos públicos para rescatarla, este año sufrió un recorte del 8.6 por ciento en su presupuesto respecto al del año anterior.

Sin embargo, AMLO y Bartlett insisten en que el “rescate” consiste en corregir el “saqueo” efectuado por los gobiernos neoliberales, pero se aferran a prácticas que profundizarán el atraso tecnológico, por ejemplo, los obstáculos al uso de energías limpias en la generación de electricidad, empeñados en el empleo de combustóleo y carbón mineral, con lo que México incumple los Acuerdos de París.

En 2019, la CFE suscribió 12 contratos con la compañía suiza Glencore para la compra de 4.9 millones de toneladas de carbón, con un costo de 519 millones de dólares (mdd). En julio de 2020 adquirió, de manera directa, es decir sin licitación, dos mil millones de pesos (mdp) de carbón producidos por una docena de medianas empresas del norte del país, acuerdo que finalizará a mediados de este año.

La inversión en energía limpia cayó 32.3 por ciento en 2020 como consecuencia de los ataques de AMLO a las empresas privadas –a las que no ha dejado de acusar de corrupción–; el año pasado, México apenas recibió 906 mdd, según datos de la Secretaría de Economía (SE). El caso más relevante fue el de la filial de la empresa española Iberdrola en México, que suspendió una inversión de mil 200 mdd para la construcción de una planta de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz.

En actitud contraria a la del gobierno mexicano actual, otros países de Latinoamérica encabezan la producción de energías limpias. En 2020, Chile ocupó el primer lugar regional en generación de energías limpias, en especial a través de la tecnología solar y eólica. En segundo lugar, se ubicó Brasil; Argentina en tercero; Perú, en el cuarto; y Colombia, en el quinto, posición que ocupara México hasta 2015, cuando comenzó el descenso, imparable desde que AMLO asumiera el poder en diciembre de 2018.

A decir de especialistas en energía, el futuro de la CFE es incierto, pues a pesar de que AMLO ha dicho que este renglón es prioritario en materia presupuestal, los recursos recibidos en 2019, 2020 y 2021 resultan insuficientes con respecto a su ambicioso proyecto de reconvertir a la CFE en la única generadora de energía eléctrica. Los expertos pronostican, incluso, que los apagones se presentarán cada vez con mayor frecuencia, debido a la mala estrategia energética del Gobierno Federal, para el que la “ideología” política se halla por encima de la realidad.

La CFE con menos dinero

El presupuesto de la CFE para este año es 8.6 por ciento menor; en 2021 recibirá 417 mil 145 mdp, es decir, 39 mil 292 mdp menos que en 2020. Es decir, en lugar de aumentar su gasto, disminuirá y no contará con el dinero necesario para ofrecer el mantenimiento adecuado a la infraestructura que se encuentra en riesgo.

Esta situación deficitaria impedirá a la paraestatal modernizar al sector eléctrico, afirmó Víctor Ramírez, especialista en tecnología energética, como se había previsto en la reforma sectorial aprobada en 2013, y que contemplaba la participación de inversiones privadas. Con la ruptura de los monopolios, la práctica de subastas y autorización para que la paraestatal comprara energía más barata a compañías privadas, el costo del megawatt-hora producida por CFE es de mil 600 pesos, mucho más cara que la producida por energías limpias que brindan empresas privadas un promedio de 385 pesos.

Entrevistado por buzos, Víctor Ramírez, también vocero de la Plataforma México, Clima y Energía –organización civil orientada a la aplicación de ideas y estrategias para acelerar la transición energética sustentable en México– destacó que “parte del problema de la CFE y parte de lo irracional de esta decisión –de cerrar las puertas a las energías renovables– es que no hay dinero en el Estado. El gobierno no tiene dinero para sus proyectos y no permite invertir a los privados y va más allá: los quiere frenar a toda costa”.

La falta de recursos financieros provocó que, en julio de 2020, se cancelaran tres licitaciones públicas para la construcción de plantas eléctricas en San Luis Potosí, Guanajuato y Baja California; las dos primeras serían de ciclo combinado y la tercera por la quema de combustóleo o gas natural. La CFE atribuyó la cancelación “al impacto derivado de la crisis y los efectos en la productividad y la economía mundial que ha generado la pandemia de Covid-19”, según reportó la agencia EFE.

Sin embargo, el informe La situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad 2012-2019, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, evidencia las graves complicaciones económicas de esta compañía desde hace una década. “Entre 2012 y 2018, el saldo de la Deuda creció en 103 mil 192.3 mdp, al pasar de 133 mil 94.9 a 231 mil 100.3 mdp, lo que hizo que, en los últimos siete años, el monto de la deuda se incrementara a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 5.1 por ciento real”, precisa el documento.

El análisis advierte que, en los últimos años, la situación “financiera de esta empresa se ha deteriorado debido a la baja captación de ingresos propios, los cuales disminuyeron, entre 2012 y 2018, a una TMCA de 0.4 por ciento real, situación que ha sido compensada con los ingresos fiscales recibidos mediante subsidios o transferencia, que aumentaron a una TMCA de 32.6 por ciento real”. Es decir, mientras por un lado disminuyeron sus ingresos, por el otro tuvo más aportaciones.

El 28 de diciembre, cuando se suscitó uno de los apagones más grandes en México desde 1981 –ya que afectó a casi 40 millones de mexicanos durante dos horas– el titular de la CFE, Manuel Bartlett, atribuyó su causa a un incendio que dañó las líneas de transmisión entre Nuevo León y Tamaulipas.

“Se inició fuego en el pastaje debajo de la línea de transmisión, un incendio de 30 hectáreas de pasto, el viento tenía una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora, la humedad era de 40 por ciento y había condiciones para el incendio. Provocó una falla entre los conductores de la línea de transmisión y la tierra. Fue un evento fortuito”, fue la explicación técnica que dio Bartlett, en una videoconferencia la tarde de ese día.

Según esta versión, el incendio desactivó una línea de servicio entre los municipios de Linares, Nuevo León y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Posteriormente fue dañada una segunda línea. Las afectaciones se dieron en el Noreste, en el Occidente y el Centro del territorio nacional.

A esta explicación poco creíble se sumó la de Carlos Meléndez, director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien aseguró que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) estaba en la demanda media, además de que había una integración “histórica” en la generación de energías renovables.

“El sistema era débil en ese momento por la alta interacción de las energías renovables y las líneas de transmisión fuera de servicio. Fue cuando se presentó la inestabilidad en el Sistema Interconectado (por donde corre toda la energía eléctrica del país)”, explicó el director de la Cenace.

Por si fuera poco, la CFE presentó un documento apócrifo de Protección Civil de Tamaulipas en el que se mencionaba que la causa del apagón se debió al incendio. Esta oficina estatal inmediatamente rechazó que hubiera difundido tal boletín informativo.

Al verse evidenciado, el director de la CFE desconoció el origen del documento apócrifo y aseguró que se investigaría el caso. “Habrá responsables de ese documento apócrifo, el documento no es la explicación de la falla”, escribió Bartlett en un mensaje de Twitter. Sin embargo, hasta ahora, la dependencia no ha aclarado el origen del documento falso.

AMLO salió en defensa de la CFE y de Bartlett. En su conferencia matutina del seis de enero declaró que “es bueno reconocer que se cometió un error; o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente”. Pero de inmediato arremetió: “los que apostaron por la privatización de la CFE son los que quisieran que fallara el sistema eléctrico, por eso hubo tanta publicidad del caso, y también de los que apuestan a que nos vaya mal como gobierno”.

Al respecto, Víctor Ramírez consideró que es “delicado que el Presidente acepte un error, cuando en realidad lo que se aceptó fue un delito. Yo sí pongo en duda que un incendio haya sido el causante del apagón. En realidad, solo lo están usando de bandera política para limitar las energías renovables, que ha sido parte de la política de este gobierno desde que inició”; además, agregó, el gobierno de AMLO ha bloqueado las renovables porque tienen un costo menor al de la generación de electricidad de la CFE.

En lo que va de su gobierno, el Presidente ha insistido en que México debe alcanzar la “soberanía energética” y que ésta es la razón por la que busca fortalecer tanto a la CFE como a Pemex. A esto se debe el rechazo a la reforma energética de 2013, a la que atribuye la intención de privatizar el sector.

Hace dos años, el Instituto México del Centro Woodrow Wilson (IMCWW) advirtió, en su informe La nueva reforma energética de México, que esta política gubernamental provocará el estancamiento en el sector energético: “Será improbable que la nueva administración licite nuevas rondas de concursos petroleros o eléctricos, y que en su lugar optará por fortalecer a la paraestatal petrolera y el servicio eléctrico nacional”.

Destaca que el Proyecto 18 del sector energético del gobierno se “compromete a mantener estaciones termoeléctricas existentes (algunas de las cuales funcionan a base de la quema de combustible) en operación, a pesar de los costos al alza de las gasolinas, equipo obsolescente y gran cantidad de residuos de carbón”.

Esta política, materializada en la detención y cancelación de permisos por órdenes de AMLO, ha propiciado que unos 200 parques eólicos, plantas de gas natural, páneles solares y otros proyectos de energía limpia estén estancados, y que las inversiones se retiren.

A pesar de que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias representó, en 2019, apenas el 16 por ciento, el gobierno ve en éstas una rivalidad competitiva en lugar de visualizarla como una opción de convergencia deseable a futuro. El Informe anual 2019 a la Cámara de Senadores, en julio de 2020 revela –incluso– que la producción de energía limpia disminuyó.

“En el año 2019, la generación de la CFE (incluyendo los Productores Externos de Energía) a partir de fuentes limpias representó el 16 por ciento de la energía neta generada por CFE; además, los ciclos combinados (138.9 TWh) que utilizan gas natural para generación, que son menos contaminantes que las centrales de vapor convencional, representaron el 57 por ciento de la generación de las seis Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de CFE”.

Ese año fue el segundo con menores aportaciones pluviales de que se tiene registro, lo que representó una reducción en la generación hidroeléctrica de 27 por ciento (8.16 TWh), pasando de un porcentaje de generación con energía limpia del 20 por ciento en 2018, al 16 por ciento en 2019.